Gehard Cartay Ramírez: El desprecio del régimen por Barinas y su gente

Aparte del fraude y la burla a la voluntad de la gran mayoría de los barineses el pasado 21N, el chavomadurismo demuestra también su desprecio por ellos al postular ahora, con motivo de la repetición de las elecciones, un candidato a gobernador que no conoce la entidad y mucho menos sus problemas.

De esta manera, el régimen reitera su falta de consideración por la gente de Barinas y por sus propios dirigentes a nivel regional. Porque imponer como candidato a una anodina figura de la corte de Maduro tan sólo porque forma parte de la cúpula podrida del régimen no puede interpretarse sino como menosprecio por el pueblo barinés e, insisto, por los mismísimos cuadros dirigenciales del chavomadurismo de la entidad.

Barinas merece respeto, tanto en la expresión de la voluntad popular de sus ciudadanos como en la presentación de sus aspirantes a gobernador, quienes deben tener necesariamente vinculación con la región. Resulta grotesco, a estas alturas, que se busque alguien desconocido en la entidad –y quien también la desconoce por completo– para pretender convertirlo en el líder de la región, que no otra cosa debe ser un gobernador comprometido con la misma.

Por cierto que esta es una práctica usual de la cúpula chavomadurista. En oriente, particularmente en Monagas y Delta Amacuro, han venido moviendo sus candidatos de un sitio a otro, sin consideración por su propia dirigencia en esos estados. En otras partes, como Caracas, Bolívar, Aragua, Lara o Guárico, por ejemplo, impusieron en el pasado figuras que no tenían la más mínima vinculación con esas entidades federales.

Ahora lo hacen con Barinas, pues el sujeto impuesto por la cúpula como candidato carece de todo tipo de vínculos políticos o de lucha social con los barineses y, por supuesto, no tiene tampoco la más mínima idea de los problemas acuciantes de la región, y menos –si fuera el caso– sobre la forma de resolverlos. Menos aún tiene idea en torno a lo que debería ser un plan para reconstruir a Barinas, luego de estos 23 años sistemáticos de ruina y quiebra de la región, si es que pudiera disponer de recursos para tan ingente propósito.

Tan cierta es esta realidad que en los pocos días que tiene en campaña, pisando por primera vez algunos barrios y pueblos, sus ofertas son las de resolver lo que no hizo la dinastía Chávez desde la gobernación en sus largos 23 años de desgobierno. Ahora promete –tal es su oferta demagógica– que el régimen va a solucionar todo lo malo que agobia a los barineses: ruina económica, pobreza crítica, crisis agropecuaria, inseguridad en todos los órdenes, pobreza, pésimos servicios públicos, salud en coma, etc., etcétera, como si se tratara de un candidato opositor sin responsabilidad alguna en la tragedia que hoy sufrimos los barineses. Y lo hace con el mayor cinismo y caradurismo.

Esa actitud del régimen en el caso del estado Barinas reitera igualmente su animadversión por la regionalización y la descentralización y, desde luego, expresa también su desprecio por la gente de todas las regiones de Venezuela, algo que vienen practicando desde los inicios de esta nefasta experiencia de poder.

Ese proceso del régimen chavomadurista en contra la descentralización y la regionalización de Venezuela, columnas básicas del federalismo –que fuera iniciado con buen pie en 1989–, ha terminado por desconocerlas en su totalidad. Porque hay que recordar, una vez más, que cuando el teniente coronel Chávez Frías llegó al poder en 1999 en Venezuela se estaba desarrollando un proceso descentralizador y de regionalización exitoso y beneficioso para los venezolanos.

Se cumplía también así una olvidada disposición transitoria de la Constitución de 1961 que había establecido ya el principio de la elección popular de los mandatarios regionales, pero condicionándolo a la aprobación de una ley específica sobre la materia. Tuvieron que transcurrir 28 largos años para que, finalmente, el Congreso de la República la aprobara, entregándole así al pueblo el derecho a elegir sus gobernadores, cuya designación durante todo ese tiempo le fue confiada “transitoriamente” al Presidente de la República.

Junto con la Ley sobre Elección y Remoción de los Gobernadores, el Congreso igualmente sancionó la reforma de la Ley Orgánica de Régimen Municipal y la Ley Orgánica del Sufragio, aprobadas en junio y septiembre de 1989, respectivamente, con el propósito de adecuarlas a las nuevas realidades. También el 28 de diciembre de ese mismo año se aprobó la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público, mediante la cual se clasificaban las atribuciones que competen al poder central, las gobernaciones de estado y los municipios.

Esa ley significaba, por lo tanto, una reivindicación del federalismo y la regionalización y era obvio, desde luego, que el escenario político cambiaría drásticamente, a partir de este hecho. Se abría el camino hacia la política de descentralización, desconcentración y regionalización del sistema institucional y administrativo.

Pero también se iniciaba la legitimación de los verdaderos liderazgos regionales y locales –pues igualmente se había acordado la elección de los alcaldes–, a fin de acercar, como nunca antes en nuestra historia, a los gobernantes con sus comunidades. Esto permitiría a los nuevos mandatarios electos conocer a fondo la realidad de los problemas y gestionar sus soluciones, a partir de un manejo directo de los planes, programas y recursos de los estados y municipios, sin pasar por las horcas caudinas de la burocracia central.

Con los gobernadores electos a partir de 1989 el añejo centralismo caraqueño perdía una buena cuota de poder. Particularmente, el Presidente de la República dejaba de ser el gran árbitro de la vida de las regiones, al tiempo que comenzaba a ser visto con mayor lejanía, en virtud de que algunas competencias del Ejecutivo Nacional serían transferidas a las Gobernaciones.

La elección popular de los gobernadores tuvo otra arista importante: la permanencia del jefe del gobierno regional dependía de la opinión de sus electores, en virtud de que la ley contemplaba la posibilidad de su reelección inmediata. Esta situación comprometía al elegido a realizar sus mejores esfuerzos en función de una gestión de beneficio colectivo.

Por desgracia, todos estos avances fueron desconocidos con la llegada del chavismo al poder, como consecuencia de su carácter autoritario, hegemónico y centralista, tal cual corresponde a todo proyecto autoritario y cuasi totalitario.

Si alguien lo duda aún, allí está como otra muestra más lo que sucede en Barinas con motivo de la repetición de elecciones de gobernador hoy 9 de enero. Aparte de la burla y el desconocimiento a la voluntad popular expresada el pasado 21 de noviembre, ahora el régimen suma otra más al escoger como su candidato a un perfecto desconocido y desconocedor de los problemas de aquella entidad federal.

Espero que, en enérgico rechazo a estos abusos, mis paisanos barineses vuelvan a derrotar al régimen este nueve de enero.