El director para América de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, envió una carta al papa Francisco ante el anuncio sobre la participación de la Santa Sede en un eventual diálogo entre el gobierno venezolano y la oposición.Vivanco insta al Papa a asegurarse que existan las condiciones adecuadas para que ese diálogo resulte fructífero, “de lo contrario, solamente ofrecerá una nueva distracción a las autoridades venezolanas para demorar las medidas urgentes que son necesarias para proteger los derechos humanos y restablecer un mínimo orden democrático en Venezuela”.
Luego de explicar la difícil situación económica y social de los venezolanos, además de la brutal represión del Gobierno a sus opositores, Vivanco advierte que “un diálogo entre el gobierno y la oposición en Venezuela no es una conversación entre iguales, sino todo lo contrario”.
Explica que de un lado se encuentra un régimen autoritario que concentra un enorme poder y que lo ha usado deliberadamente para reprimir y cometer abusos contra opositores. Del otro lado, hay una oposición que defiende las funciones y facultades de una Asamblea Nacional democráticamente electa que es víctima de ataques del oficialismo, y cuya esperanza de que haya un referéndum revocatorio constitucional para expresar la voluntad popular ha sido truncada por el gobierno.
Carta
Washington, D.C., 27 de octubre de 2016
Su Santidad Papa Francisco
Palacio Apostólico
El Vaticano
De mi mayor consideración,
Ante el anuncio sobre la participación de la Santa Sede en un eventual diálogo entre el gobierno venezolano y la oposición, tengo el honor de dirigirme a Su Santidad, en representación de Human Rights Watch, para instarlo respetuosamente a asegurarse que existan las condiciones adecuadas para que ese diálogo resulte fructífero.[1] Un diálogo auténtico y de buena fe deberá estar basado en una evaluación objetiva de la crisis política, social y económica que enfrenta el país, y reconocer que el gobierno tiene la responsabilidad de haber creado esta situación y, por ello, de resolverla. De lo contrario, solamente ofrecerá una nueva distracción a las autoridades venezolanas para demorar las medidas urgentes que son necesarias para proteger los derechos humanos y restablecer un mínimo orden democrático en Venezuela.
Para que el diálogo tenga algún porvenir, debe partir reconociendo las prácticas autoritarias del gobierno venezolano. Desde la brutal represión de las protestas contra el gobierno de 2014, las autoridades han recurrido a los tribunales de justicia, que están plenamente subordinados al ejecutivo, para otorgar una fachada de legalidad a la represión y detenciones arbitrarias de líderes de oposición y ciudadanos de a pie que critican la crisis[2]. Muchos han sufrido graves abusos mientras se encontraban bajo custodia de las autoridades, incluyendo algunos casos de tortura. Lo usual es que estos procesos penales estén viciados por violaciones del debido proceso. Además de aquellos que permanecen detenidos desde 2014, otras personas —incluidos activistas políticos y periodistas— han sido detenidas en las últimas semanas y sometidas a procesos judiciales igualmente viciados[3].
El Foro Penal Venezolano, una red de abogados que brinda asistencia legal a personas detenidas por motivos políticos en Venezuela, calcula que cerca de 100 personas están actualmente detenidas por este tipo de procesos en el país[4]. El Foro y otras organizaciones venezolanas reportaron decenas de detenciones y uso excesivo de la fuerza durante las manifestaciones de la oposición del 26 de octubre de 2016[5]. A su vez, el régimen de Maduro ha despojado de sus funciones básicas a la Asamblea Nacional, que desde enero de 2016 está compuesta por una mayoría opositora. Prácticamente todas las leyes adoptadas por la Asamblea desde entonces han sido invalidadas por el Tribunal Supremo de Justicia, que se ha convertido en un apéndice del ejecutivo desde el 2004, cuando el ex Presidente Hugo Chávez lo intervino[6].
Mientras tanto, el Consejo Nacional Electoral, integrado por miembros afines al gobierno que lo convierten en un órgano totalmente parcial, ha actuado con negligencia supina al ignorar plazos específicos fijados en su propio reglamento, demorando así indebidamente el proceso del referéndum revocatorio sobre la presidencia de Nicolás Maduro[7].
El 20 de octubre, anunció que suspendería por tiempo indefinido la recolección de firmas que iba a tener lugar esta semana para que avanzara el referéndum[8]. El Consejo ha intentado, como habitualmente lo hace el ejecutivo, escudarse en que está cumpliendo decisiones judiciales, pero estas decisiones fueron adoptadas por tribunales que carecen de independencia[9].
Por otra parte, Venezuela enfrenta una profunda crisis humanitaria que está afectando gravemente el bienestar de los venezolanos y viola sus derechos a la salud y la alimentación[10].
Debido a la grave escasez de medicamentos e insumos médicos básicos, para muchos venezolanos es sumamente difícil obtener atención de salud esencial. La escasez severa de alimentos y otros artículos está impactando en los niveles nutricionales de los venezolanos, especialmente aquellos de los sectores de más bajos ingresos. Sin embargo, el gobierno niega enfáticamente que exista una crisis humanitaria, no ha articulado ni implementado políticas mínimas adecuadas para abordarla, y ha perseguido a quienes denuncian la situación humanitaria. Además, el gobierno rechazó una ley de la Asamblea Nacional para solicitar asistencia internacional humanitaria, y solamente realizó esfuerzos limitados para obtener la ayuda internacional que podría mitigar el sufrimiento de los venezolanos en el corto plazo. En este contexto, un diálogo entre el gobierno y la oposición en Venezuela no es una conversación entre iguales, sino todo lo contrario. De un lado se encuentra un régimen autoritario que concentra un enorme poder y que lo ha usado deliberadamente para reprimir y cometer abusos contra opositores. Del otro lado, hay una oposición que defiende las funciones y facultades de una Asamblea Nacional democráticamente electa que es víctima de ataques del oficialismo, y cuya esperanza de que haya un referéndum revocatorio constitucional para expresar la voluntad popular ha sido truncada por el gobierno.
A la luz de esta asimetría, el punto de partida de cualquier diálogo genuino debería ser un reconocimiento explícito por todos los que se sienten a la mesa de negociación de la responsabilidad del gobierno de Venezuela. En particular, el gobierno de Maduro debería asumir los siguientes compromisos de ejecución inmediata:
– Dejar de detener a opositores políticos y críticos, y de cometer abusos contra detenidos;
– Disponer la liberación de todos los venezolanos detenidos por motivos políticos que estén siendo juzgados sin fundamentos válidos;
– Garantizar que la Asamblea Nacional ejerza sus facultades legislativas;
– Respetar el proceso del referéndum revocatorio sin nuevas interferencias políticas ni demoras indebidas; y
– Reconocer que Venezuela está atravesando una profunda crisis humanitaria, y solicitar ayuda humanitaria internacional para superarla.
El director para América de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, envió una carta al papa Francisco ante el anuncio sobre la participación de la Santa Sede en un eventual diálogo entre el gobierno venezolano y la oposición.