Elizabeth Sánchez Vegas: La República empieza cuando nadie conoce a nadie
Hay una frase venezolana que durante años hemos pronunciado con la naturalidad de quien pregunta la hora: déjame ver a quién conozco. Sirve para conseguir una cita médica, acelerar un documento, averiguar qué ocurrió con un expediente, resolver un problema en una universidad, encontrar una medicina o lograr que aquello que debería funcionar por procedimiento termine funcionando por intervención. A veces ese contacto salva una vida y otras apenas ahorra una mañana, pero detrás de ambas situaciones se esconde la misma anomalía: cuando para ejercer un derecho necesitamos conocer a alguien, el derecho ya ha comenzado a degradarse en favor.
Quizá una República pueda medirse justamente allí, en el lugar menos solemne imaginable: una ventanilla. No en los discursos presidenciales ni en las ceremonias constitucionales, sino frente a una persona desconocida que presenta los requisitos correctos y recibe exactamente la misma respuesta que recibiría quien está acostumbrado a que las puertas se abran antes de tocar. La sofisticación de un Estado consiste, precisamente, en impedir que un apellido o una llamada alteren el procedimiento y en lograr esa hazaña aparentemente modesta, aunque profundamente civilizatoria, de tratar con idéntica indiferencia al influyente y al anónimo.
Nosotros hicimos durante demasiado tiempo de la “palanca” una institución paralela. Tener contactos parecía una forma de inteligencia; saber “moverse”, una virtud; conocer a la persona correcta, casi una modalidad de patrimonio. Sería simplista atribuirlo siempre a la corrupción, porque muchas veces surgió como defensa frente a burocracias torpes, administraciones indolentes e instituciones que obligaban al ciudadano a improvisar soluciones privadas para atravesar obstáculos públicos. Pero los atajos poseen una extraña capacidad para rediseñar el camino: cuando se vuelven permanentes dejan de ser la excepción y terminan convirtiéndose en sistema. Entonces aparece una desigualdad menos visible que la económica, pero igualmente corrosiva: la que separa a quienes poseen acceso de quienes solo poseen paciencia.
El chavismo no inventó esa inclinación; la encontró disponible y la hipertrofió. Al viejo personalismo añadió lealtad política, obediencia, militancia, cercanía al poder y una red de dependencias que concedió a la intermediación un peso que jamás debería tener frente a un derecho. Lo que antes podía ser una grieta adquirió musculatura estatal. La proximidad comenzó a valer más que la norma y el ciudadano, demasiadas veces, dejó de relacionarse con instituciones para hacerlo con personas que parecían custodiar las llaves de aquello que pertenecía a todos.
El daño más profundo de semejante sistema no está en la cola saltada ni en el trámite acelerado. Está en la destrucción de la confianza en la imparcialidad. Si sospechamos que un concurso ya tiene ganador, dejamos de creer en el concurso; si pensamos que una sentencia puede inclinarse mediante una llamada, dejamos de creer en el juez. Y cuando la regla pierde autoridad moral, ocurre algo especialmente grave: cumplir empieza a parecer ingenuo y burlar el procedimiento adquiere prestigio práctico. Una sociedad entra en problemas serios cuando la legalidad comienza a parecer el camino de los tontos.
En nuestra vida privada queremos exactamente lo contrario. Queremos ser reconocidos, recordados, queridos; queremos que nuestros amigos sepan cuándo cumplimos años, que el médico recuerde nuestra historia y que alguien note nuestra ausencia. Pero frente al Estado deberíamos aspirar a una saludable pérdida de identidad. Allí no debería importar nuestra biografía social, sino nuestra condición jurídica. Hay algo profundamente liberador en entrar a una institución donde nadie sabe quiénes somos y descubrir que eso no disminuye en un milímetro lo que nos corresponde. El ciudadano verdaderamente libre no necesita ser importante para que sus derechos lo sean.
Tal vez allí exista una paradoja que Venezuela tendrá que aprender: una sociedad puede ser cálida y una República debe ser, en cierto sentido, fría. Podemos conservar el abrazo, la amistad, el compadrazgo en su dimensión afectiva, la familia numerosa, el vecino que aparece cuando hace falta y esa propensión tan venezolana a incorporar al desconocido a la conversación como si hubiera llegado tarde a una reunión de amigos. Pero la institución debe permanecer impermeable a ese calor. El amigo puede acompañarnos hasta la puerta; no debería poder abrirla por nosotros. Puede prestarnos dinero, tiempo, casa o consuelo. Lo que no debería poder prestarnos es el Estado. La amistad tiene derecho a preferir; la ley, no.
Y aquí comienza la parte incómoda, porque ya no basta con mirar hacia arriba. Todos reconocemos con admirable lucidez el privilegio ajeno; el propio suele venir vestido con palabras más simpáticas: ayuda, consideración, amistad, sentido práctico. El privilegio posee una notable habilidad para cambiar de nombre cuando nos beneficia. Por eso una cultura republicana no se construye únicamente castigando al gran corrupto, sino también cuando una sociedad pierde el gusto por esa pequeña ventaja que parece inocente precisamente porque esta vez juega a nuestro favor. Una República también puede reconocerse por la cantidad de ansiedad que deja de producir.
Y no quisiera que para construirla tuviéramos que volvernos menos venezolanos. Al contrario. Que sigamos siendo un país de amigos, sobremesas largas, familias inmensas, vecinos que aparecen con comida, personas que en diez minutos ya se llaman “mi amor” y desconocidos que terminan contándose la vida. Toda esa exuberancia afectiva es una riqueza; lo que debe desaparecer es su función como llave de acceso a lo público.
Y quizá esa sea una hermosa manera de imaginar la República que viene: un país donde tengamos miles de razones para querer conocer a alguien, pero ninguna para necesitar conocerlo.
𝐂𝐨𝐧𝐨𝐜𝐞𝐫 𝐚 𝐚𝐥𝐠𝐮𝐢𝐞𝐧 𝐯𝐨𝐥𝐯𝐞𝐫á 𝐚 𝐬𝐞𝐫 𝐮𝐧𝐚 𝐬𝐮𝐞𝐫𝐭𝐞 𝐞𝐧 𝐥𝐚 𝐯𝐢𝐝𝐚, 𝐧𝐨 𝐮𝐧𝐚 𝐯𝐞𝐧𝐭𝐚𝐣𝐚 𝐚𝐧𝐭𝐞 𝐥𝐚 𝐥𝐞𝐲.
