Jorge Vilches: Ceuta para aplazar las elecciones
«Una desgracia convertida en oportunidad, una sociedad tensionada presentada como incapaz de votar, una oposición deslegitimada por decreto y un vacío legal»
Ilustración generada mediante IA
La premisa es que Pedro Sánchez aprovecha cualquier desgracia para sacar beneficio. En la entrevista en la Cadena SER dejó varias ideas que, entretejidas, apuntan a un plan que bien podría ser el aplazamiento de las elecciones.
El primer mensaje fue la negación de la anormalidad en Ceuta y de la responsabilidad de Marruecos, con el añadido de convertir la ciudad autónoma en un gigantesco CETI. Esto aumenta la tensión social hasta límites inéditos, siempre en torno a la cuestión favorita de Sánchez para medirse con el universo «ultra»: la inmigración. Así, cuanta más violencia haya en las calles ceutíes, mejor para el plan sanchista. Del mismo modo, si la polarización se extrema a causa de declaraciones gubernamentales que acusan de deslealtad institucional a la oposición constitucional y de periodistas orgánicos que llaman «racistas» y «xenófobos» a los críticos con el Gobierno, la tensión social puede llegar al punto de que se pueda justificar que no existe el ambiente «normal» para unas elecciones.
El segundo mensaje es que Felipe VI no tiene autoridad moral ni política para decidir lo que más conviene a España. Sánchez se equivocó conscientemente al referirse a la duración del reinado. Sabe que no son 20 años. Y se comparó con el Rey. Este discurso antimonárquico da sentido a los exabruptos de Óscar Puente contra Felipe VI y a su confesión de tener un «alma republicana» que tanto hace aplaudir a la extrema izquierda y a los nacionalistas en los que se apoya su Gobierno. Es de sobra conocido que Sánchez repudia al Rey por una cuestión personal, especialmente desde Paiporta, y que se lo ha hecho pagar dejándole solo en visitas oficiales y con otros insultos protocolarios. De esta manera abre dos posibilidades: ir a las elecciones con una propuesta republicana o negar la validez de la facultad sancionadora del Rey, que bien podría negarse a sancionar el aplazamiento de las elecciones. Esto puede servir para amenazar a Felipe VI y que acepte un decreto que retrase la convocatoria.
El tercer mensaje es negar la autoridad de la oposición. Lo dijo con claridad: es conveniente que haya alternancia, pero ahora la alternativa a su persona no le gusta, no es democrática, no es progresista, no conviene a España. Es aquí donde mezcla retóricamente el riesgo de que gobierne la «ultraderecha» con el peligro personal de abandonar la Moncloa. Por eso dijo en la entrevista en la SER que era muy necesario que él siguiera en el poder para evitar la dictadura de la «internacional reaccionaria» o «ultra». Esta es una de las claves populistas de las maniobras de este tipo: demonizar a la oposición para justificar una ilegalidad.
Voy con la base legal, que verdaderamente asusta. Recordemos que Sánchez no se acoge a la ley, sino a los vacíos legales y al Tribunal Constitucional. La normativa española no permite expresamente retrasar las elecciones, pero tampoco lo prohíbe. Existe un vacío en las leyes electorales. Ni la Ley Orgánica del Régimen Electoral General ni las de las comunidades autónomas contemplan la posibilidad de suspender o aplazar unas elecciones. Además, hay un silencio en la Ley Orgánica de los estados de alarma, excepción y sitio, que carece de previsión o protocolo en materia electoral. Del mismo modo, la Constitución impide que el Congreso sea disuelto mientras esté declarado un estado de alarma, de excepción o de sitio, salvo que la disolución sea por finalización de la legislatura, que está muy cerca. De todos modos, si se suspendieran los derechos fundamentales, que son imprescindibles para unas elecciones libres y con garantías democráticas, no sería conveniente ir a las urnas si se padece un Gobierno autoritario y corrupto como el de Sánchez.
«El Gobierno podría dictar un decreto de aplazamiento electoral alegando que concurre una causa de fuerza mayor»
Lo peor es que tenemos jurisprudencia sobre el aplazamiento electoral, como muestran los casos de Galicia y el País Vasco en 2020. En aquel momento estaba vigente el estado de alarma. Los presidentes autonómicos dictaron decretos presidenciales para dejar sin efecto la convocatoria electoral. Estos decretos carecían de habilitación normativa expresa, y se justificaron bajo el principio de que «quien puede convocar, puede desconvocar» —contrarius actus—, una fórmula ampliamente cuestionada por los juristas. A pesar de esto, las Juntas Electorales autonómicas avalaron la medida argumentando que se realizaba una «adecuada ponderación» entre el derecho a la salud pública y el derecho al sufragio.
Estos precedentes crearon una anomalía democrática: parlamentos válidamente disueltos, sin plenos operativos, pero sin un proceso electoral activo. A partir de aquí, algunos constitucionalistas sostuvieron que un aplazamiento semejante solo sería posible en el futuro mediante una reforma constitucional, y otros no. Ahí es donde entra el Tribunal Constitucional de Conde-Pumpido, al que se podría acudir, pero, eso sí, sin esperanza.
En suma, y no lo descarten porque con Sánchez todo lo malo es posible: el Gobierno podría dictar un decreto de aplazamiento electoral alegando que concurre una causa de fuerza mayor que hace imposible que las elecciones se celebren con garantías. Esas circunstancias desfavorables pueden ser la tensión social, la polarización violenta o la injerencia de Rusia e Israel en nuestra democracia. Sánchez podría invocar la seguridad como gran excusa. La Constitución no prevé qué ocurriría si la legislatura termina durante una situación excepcional, lo que es un vacío legal, discutido y discutible, que puede aprovechar Sánchez.
No hace falta estar convencido de que este plan existe para advertir del peligro que encierra la lógica sanchista desde hace ocho años: una desgracia convertida en oportunidad, una sociedad tensionada presentada como incapaz de votar, una oposición deslegitimada por decreto y un vacío legal usado para prolongar el poder. En democracia siempre hay que desconfiar de quien deslegitima a las instituciones —como al Rey y a las Cortes—, de quien desprecia a la oposición constitucional —como el PP y Vox— y de quien niega la realidad para colocar un relato retorcido. Por eso, aunque esto no pasara de ser una elucubración, conviene no descartar el plan como una fantasía inverosímil: con Sánchez hemos aprendido que entre lo improbable y lo posible solo media su ambición.