Karina Sainz Borgo: Una montaña de muerte y pobreza
Tras la extracción de Nicolás Maduro, la Administración Trump ha preferido trabajar con la estructura estatal que continúa con Delcy Rodríguez, pieza fundamental del sistema político y represivo que dijo querer combatir.
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El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, y la exlegisladora opositora Dinorah Figuera durante la reunión. (AFP)
Desde la semana pasada, un grupo de personas conversa sobre una montaña de muertos: los 5.200 del terremoto que admite el régimen y los más de 30.000 que siguen sepultados bajo los escombros. Desde la semana pasada y hasta el 12 de agosto, conversan y negocian sentados sobre otra pila de cadáveres: la de los más de seis mil asesinados por el régimen a lo largo de 26 años. Han levantado una mesa sobre las ruinas de un país convertido en cementerio.
Mientras los amasijos de hierro y cemento permanecen intactos, se está llevando a cabo, en Caracas y en condiciones anómalas, un proceso de diálogo entre el régimen representado por Delcy Rodríguez y determinados actores políticos identificados con las fuerzas democráticas. No es una negociación con la oposición mayoritaria representada por María Corina Machado y el presidente Edmundo González (elegido en 2024), sino con un sector procedente de la Asamblea Nacional de 2015.
Los asuntos que ahí se debaten importan al momento de plantear algo parecido a una transición democrática: una reforma electoral, garantías judiciales y políticas, la eliminación de vetos contra partidos y dirigentes, así como la liberación de presos políticos. Esos temas, sin los representantes que han defendido su importancia, corren el peligro de convertirse en una simulación. El chavismo, por su parte, ha introducido una exigencia propia: el levantamiento de las sanciones internacionales. La ley del embudo, en su máxima expresión.
Según el último balance de Foro Penal, en Venezuela existen todavía más 400 presos políticos. Es decir, las partes llegan a la mesa sin que haya habido previamente una liberación general ni mucho menos un proceso judicial. Precisamente por ese motivo, tanto María Corina Machado como Edmundo González, quienes han sido apartados del proceso, han colocado la liberación de los presos políticos entre los criterios básicos para determinar si la negociación es auténtica. Si a eso se suma el papel de Estados Unidos, la situación política resulta aún más descorazonadora.
Tras la extracción de Nicolás Maduro, la Administración Trump ha preferido trabajar con la estructura estatal que continúa con Delcy Rodríguez, pieza fundamental del sistema político y represivo que dijo querer combatir. Mientras confisca el petróleo que antes dilapidaba el régimen, EE.UU. desempeña simultáneamente tres papeles: presiona al chavismo, proporciona cobertura a los opositores elegidos por ellos y conserva la capacidad de ofrecer o retirar incentivos a la parte gobernante. Eso explica por qué el levantamiento de sanciones es una de las primeras demandas del chavismo en estas mesas.
Venezuela llega a este supuesto proceso de diálogo con una inflación superior al 300 por ciento y una canasta básica cercana a los 772 dólares frente a un salario mínimo oficial inferior a un dólar. Dentro del país, de 7,9 millones de personas necesitan asistencia humanitaria y otros nueve millones permanecen en el extranjero. A eso se suma un terremoto con más de 5.200 muertos, miles de personas sin hogar y unos 6.700 millones de dólares en daños. Así, sobre una montaña de muerte y pobreza, me pregunto qué negocian estas personas y en nombre de quién.
