La exalcaldesa de Lima estará año y medio en prisión mientras se le investiga por corrupción
Susana Villarán está acusada por el Equipo Especial Lava Jato de haber recibido 10 millones de dólares de Odebrecht
Los políticos más importantes de Perú, entre ellos todos los expresidentes desde 2001 y dos candidatas a la presidencia, han sido cercados por las pruebas que ha obtenido el Ministerio Público contra ellos al investigar las ramificaciones del caso Odebrecht. Alejandro Toledo se fugó del país, Alan García buscó asilo y meses más tarde se suicidó, Ollanta Humala tiene comparecencia restringida, Pedro Pablo Kuczynski cumple detención domiciliaria, Keiko Fujimori está bajo arresto preventivo desde octubre en una prisión para mujeres. A esa misma cárcel ha llegado este miércoles Susana Villarán, la exalcaldesa de Lima, a quien el Equipo Especial de fiscales Lava Jato le imputa cargos de corrupción y lavado de dinero por recibir unos 10 millones de dólares de las constructoras Odebrecht y OAS para financiar dos campañas publicitarias.
De las 40 pesquisas que lleva el Equipo Especial Lava Jato, la de Villarán posee abundantes pruebas. Por ello, el juez Jorge Luis Tamariz dispuso el martes un año y medio de prisión preventiva para la exfuncionaria, proyectando que el tiempo entre acusación y juicio oral no excederá ese plazo.
Tamariz sostuvo que el arresto preventivo es la única forma de evitar que Villarán obstruya las investigaciones pendientes por los delitos de asociación ilícita para delinquir, cohecho y lavado de dinero. “Se ha advertido en la imputada Susana Villarán peligro de obstaculización y ocultamiento de prueba, y se ha encontrado un comportamiento continuo de faltamiento a la verdad”, señaló el magistrado.
De acuerdo con documentación y testimonios de varios colaboradores, entreellos los exdirectores ejecutivos en Perú de Odebrecht y OAS, Villarán y el entonces gerente municipal, José Miguel Castro, solicitaron a las constructoras financiamiento para una campaña destinada a evitar la destitución de la alcaldesa en 2013 y para la campaña por su reelección en 2014.
Ambas empresas eran concesionarias de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Odebrecht tenía la obra Vías Nuevas de Lima y OAS, la Línea Amarilla. Las compañías habían renegociado a su favor, con la administración Villarán, los montos de los peajes en dichas vías. El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, ha informado este miércoles que convocaría a una sesión con los regidores para plantear la nulidad de dichos peajes.
Durante más de un año, en los interrogatorios ante los fiscales Lava Jato y en declaraciones a la prensa, Villarán y el exgerente municipal negaron haber recibido fondos de las constructoras brasileñas. El sábado, sin embargo, Villarán declaró a una radio de Lima que siempre supo que los cuatro millones de dólares con los que pagó la campaña en contra de su destitución procedían de esas compañías.
“Tomamos la decisión José Miguel Castro y yo de procurar y aceptar los fondos de campaña”, dijo Villarán al justificar que lo hizo paraevitar que una mafia, que se oponía a la reforma del transporte, se apoderara de la Municipalidad de Lima. La exalcaldesa añadió que fue “un grave error” permitir a empresas con proyectos privados en la ciudad financiaran la campaña.
En la audiencia del martes, la fiscal Ángela Zuloaga, que sustentó la petición de arresto de Villarán y del exgerente municipal, sostuvo que la exalcaldesa solo reconoció haber recibido cuatro de los diez millones de dólares que habrían llegado a Perú vía los intermediarios brasileños que transportaban los dólares. Zuloaga agregó que los exfuncionarios de la Municipalidad podrían haberse quedado con parte del dinero. Esa parte de la investigación está pendiente.
Villarán asumió como alcaldesa en enero de 2011 con el partido Fuerza Social. Ha sido una de las dos únicas regidoras de izquierdas de Lima Metropolitana. La expolítica reconoció su culpabilidad el sábado, cuando supo que su exgerente municipal decidió presentarse ante los fiscales Lava Jato como colaborador. El lunes el acuerdo de confesión a cambio de una rebaja de pena fue abortado dado que Castro no aportó prueba alguna que el Ministerio Público no tuviera ya. El juez Tamariz ha dispuesto este miércoles la prisión preventiva por año y medio para Castro.
El entorno de García
En las investigaciones al entorno del expresidente García -quien se suicidó el 17 de abrilcuando un fiscal intentaba ejecutar una orden de prisión preliminar en su contra, uno de sus testaferros confesó que entregó 1.3 millones de dólares al exmandatario. La constructora brasileña depositó el dinero a Miguel Atala en una cuenta en la Banca D’Andorra, comorevelóEL PAÍS en 2017.
José Nava, hijo del exsecretario general de la presidencia del segundo gobierno de García, dejó su condición de prófugo en los Estados Unidos y declaró a los fiscales Lava Jato que recibió depósitos de Odebrecht y llevó el dinero en mochilas y maletines a su padre, Luis Nava, quien está en arresto preventivo en Lima desde la primera semana de mayo.
García y un círculo de exfuncionarios de su administración son investigados por presuntos sobornos de Odebrecht por las concesiones de la carretera Interoceánica Sur y la Línea 1 del Metro de Lima.
