La reforma judicial de Alberto Fernández podría esconder un salvoconducto para los corruptos

Cuando sus palabras iban decayendo en intensidad, el flamante presidente levantó la voz como en ningún otro momento del discurso, envuelto en aplausos y cánticos que bajaban desde las gradas militantes: «hemos visto el deterioro judicial en los últimos años. Hemos visto persecuciones indebidas y detenciones arbitrarias inducidas por los gobernantes y silenciadas por cierta complacencia mediática. Por eso hoy vengo a manifestar frente a esta Asamblea y frente a todo el Pueblo Argentino, un contundente Nunca Más«. La asunción de Alberto Fernández no dejó lugar a dudas sobre el lugar prioritario en la agenda presidencial para el combate frontal contra la fracción del poder judicial que investiga la corrupción.

Esa declamación, sostenida en verdades irrefutables -una pestilente connivencia histórica entre algunos jueces y fiscales con funcionarios de los sucesivos gobiernos y espías de toda laya- lleva bajo el poncho otra advertencia insoslayable: las causas y juicios contra Cristina Kirchner, su familia y sus ex funcionarios deben ser detenidas o reorientadas hacia el olvido.

«Nunca Más a una justicia contaminada por servicios de inteligencia, ‘operadores judiciales’, procedimientos oscuros y linchamientos mediáticos. Nunca más a una justicia que decide y persigue según los vientos políticos del poder de turno. Nunca más a una justicia que es utilizada para saldar discusiones políticas, ni a una política que judicializa los disensos para eliminar al adversario de turno», se enojó Alberto, con toda razón y justicia. Pero habría de desbrozar esa enumeración para medir dónde termina el diagnóstico indiscutible y cuándo comienza la justificación de los intereses políticos del nuevo oficialismo.

Veamos: aunque ese maridaje espurio fue inaugurado en los 90 durante el menemismo, el accionar de los servicios de inteligencia en tribunales y los «operadores judiciales» florecieron como nunca antes durante los gobiernos K. La prueba más incómoda para el presidente fue su silencio -como mínimo- cuando Néstor Kirchner convalidó al poderoso agente Jaime Stiuso y echó a su ministro de justicia, enfrentado con el espía por su resistencia a una reforma judicial y de la entonces SIDE. ¿El nombre de aquel funcionario, cuya persecución lo obligó a dejar el país con toda su familia? Gustavo Béliz, ahora funcionario estrella de Alberto Fernández. Borgeano.

También hay que encender luces rojas sobre la insistente apelación a los «linchamientos mediáticos»: ¿Qué entiende por eso el presidente? ¿Que las investigaciones periodísticas sobre corrupción deben cesar? ¿Que el seguimiento diario de los expedientes para informar a la sociedad sobre sus avances -o detenciones, o retrocesos- tiene que abandonar la prensa?

Por supuesto, el trasiego de varios operadores judiciales durante el kirchnerismo -que incluyeron desde decanos en el rubro como el auditor Javier Fernández hasta encumbrados líderes de La Cámpora- fue recibido con suma alegría por un puñado de jueces, camaristas y fiscales que mientras inflaban su patrimonio hicieron malabares con los expedientes, pero sobre todo aplicaron la solución infalible para cualquier corrupto: el cajoneo de las causas. En esa discrecionalidad se explica gran parte del drama de la justicia federal argentina, y la pésima imagen de sus funcionarios.

«Queremos que no haya impunidad, ni para un funcionario corrupto, ni para quien lo corrompe, ni para cualquiera que viola las leyes. Ningún ciudadano por más poderoso que sea está exento de la igualdad ante la ley. Y ningún ciudadano, por más poderoso que sea, puede establecer que otro es culpable si no existe debido proceso y condena judicial firme», deslizó el presidente en el Congreso. Veremos cómo se traduce ese balbuceo en el caso de los cuadernos de las coimas, por ejemplo.

Una digresión: mientras el ahora santificado Néstor Kirchner montaba esa maquinaria fenomenal de sobornos que funcionaba día y noche como un sistema perfecto -desde la compra de bolsos para cargar billetes, los choferes como Oscar Centeno que semanalmente recogían las coimas, los secretarios de Kirchner que las recibían en su departamento de Recoleta, la Casa Rosada o la quinta de Olivos; los cambistas que compraban divisas o lavaban el dinero y hasta los aviones que llevaban el «físico» a Santa Cruz para guardarlo en la casa de la mamá de Néstor- su mano derecha Alberto Fernández no tenía la misma preocupación que este martes por «la impunidad», los «operadores judiciales» ni los «linchamientos mediáticos«.

Bajo el humo de la pradera incendiada, hubo sin embargo un anuncio que pudo pasar inadvertido para muchos, pero que implica una admisión casi expresa de los desvíos millonarios de fondos públicos que la justicia está investigando: en el comienzo de su exposición, Alberto había manifestado que «nuestro compromiso es garantizar la absoluta transparencia en la administración de los recursos destinados a la obra pública. Los ciudadanos podrán acceder a toda la información sobre el proyecto de la obra, los costos de la misma, el proceso de licitación y selección de la empresa ejecutora, monitorear los avances y denunciar irregularidades«. ¿Cómo, no había sido limpia la distribución de contratos hacia Lázaro Báez, Cristóbal López y la mafia enquistada en la Cámara de la Construcción durante la era K?

Alberto Fernández trazó las primeras líneas de gobierno sobre una hoja en blanco, en la que tampoco escribe él solo. Habrá que esperar cómo sigue ese plano, hacia dónde se orientan las reformas y quiénes serán sus ejecutores. «Para superar este muro que lo único que ha garantizado en la Argentina es la impunidad estructural, en los próximos días vamos a enviar al Parlamento un conjunto de leyes que consagren una integral reforma del sistema federal de justicia», anunció  finalmente.

«Nunca más al Estado secreto. Nunca más a la oscuridad que quiebra la confianza. Nunca más a los sótanos de la democracia. Nunca más es nunca más». Amén, señor presidente.