La venganza de Evo Morales destruye la democracia en Bolivia
La brutal detención de la expresidenta Jeanine Áñez y los exministros Álvaro Coimbra y Rodrigo Guzmán, sin notificación ni proceso previo, viola los derechos humanos fundamentales y las garantías establecidas en los tratados internacionales y en nuestra propia Constitución. Los bolivianos hemos visto, con la mayor crudeza, el estado de indefensión en el cual vivimos y la carencia absoluta de una Justicia que actúe con independencia frente al poder político para proteger el derecho al proceso debido y a la presunción de inocencia.
No tengo la menor duda: la expresidente Áñez y sus dos exministros, detenidos ilegalmente y privados de libertad por cuatro meses, son víctimas del abuso del poder, sin límites ni escrúpulos, para satisfacer la venganza motivada por el odio de Evo Morales y su entorno radical. Abuso y venganza que destruyen nuestra democracia y aniquilan cualquier esperanza de consolidación democrática; abuso y venganza que desmienten las promesas y discursos del presidente y el vicepresidente actuales; abuso y venganza que nos muestran que quienes nos gobiernan lo hacen desde fuera y por encima de la institucionalidad democrática boliviana.
La grave crisis política y social sufrida por la sociedad boliviana en los días posteriores a las elecciones presidenciales del 20 octubre de 2019 fue causada por el fraude electoral
La tesis bajo la cual se basa la imputación y la resolución de la detención preventiva carece de todo sentido y fundamento legal, y sólo se sostiene por el afán resentido de cambiar la vergonzosa historia del fraude electoral por un falso relato que convierte a verdugos en héroes y a defensores de la libertad en golpistas.
La grave crisis política y social sufrida por la sociedad boliviana en los días posteriores a las elecciones presidenciales del 20 octubre de 2019 fue causada por el fraude electoral, comprobado por las misiones de observación electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea.
Fueron los responsables de este fraude electoral quienes originaron las protestas ciudadanas que paralizaron el país durante 21 días. Fueron los responsables del Gobierno de ese momento, presidido por Evo Morales, quienes llamaron a sus seguidores a confrontar a quienes pacíficamente habían bloqueado las calles de las ciudades en protesta contra el fraude, y son estas antiguas autoridades, que incitaron el enfrentamiento de civiles contra civiles, quienes deben ser procesadas por los muertos y heridos registrados en los choques.
La expresidenta Áñez llegó al Gobierno después de que el entonces presidente, Evo Morales, y su vicepresidente, Álvaro García Linera, hubieran renunciado. La renuncia de la presidente de la Cámara de Senadores, Adriana Salvatierra, ya se había anunciado, al igual que la del presidente de la Cámara de Diputados y del primer vicepresidente de la Cámara de Senadores. Todas ellas se debieron a una decisión política de la cúpula del MAS (Movimiento al Socialismo), que buscaba provocar un vacío de poder para que a los pocos días retornase Morales.
Esas sucesivas renuncias generaron una situación que nadie habría podido prever y que casi nos lleva a una confrontación civil generalizada. En Bolivia no hubo un golpe de Estado, sino una sucesión constitucional, desarrollada en base a un pronunciamiento del Tribunal Constitucional y con la mediación de la comunidad internacional y la Iglesia católica, que evitaron una guerra civil y posibilitaron la reconstitución del Órgano Electoral y la celebración de las elecciones que dieron origen al actual Gobierno. Y fue toda esa legitimidad, interna y externa, la que hizo que el masismo participara y presidiera las cámaras del Parlamento hasta el inicio del nuevo Gobierno.
Nadie en su sano juicio puede creer que un «Gobierno de golpistas» acabe convocando unas elecciones limpias de las que se retira advirtiendo a la opinión pública y a los competidores de la posible victoria de sus más antagónicos adversarios
Lo que hoy sucede es un acto de terrorismo de Estado al servicio del control totalitario y antidemocrático del poder por parte de un partido que demuestra, una vez más, que no cree en la democracia y que la destruye para gobernar mediante el temor, frente a la indefensión generalizada.
Nadie en su sano juicio puede creer que un «Gobierno de golpistas» acabe convocando unas elecciones limpias de las que se retira advirtiendo a la opinión pública y a los competidores de la posible victoria de sus más antagónicos adversarios. No, no hay un caso en la historia política de la humanidad que haya terminado así. Los golpistas crean dictaduras o, en todo caso, falsas democracias, totalitarismos en los que predominan el fraude electoral, el terror y el amedrentamiento, que, desgraciadamente, están de vuelta en Bolivia.
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Nota de la Redacción: El autor fue presidente del Senado (2008-2010) y ministro de Economía en el Gobierno de Jeanine Áñez.
