Los juicios masivos en Cuba profundizan la represión
Esta semana más de 60 personas fueron llevadas a juicio por su participación en las protestas nacionales del año pasado. Algunas enfrentan penas de hasta 30 años de prisión.
Los manifestantes detenidos en Cuba podrían recibir sentencias de hasta 30 años de cárcel al enfrentar los juicios masivos más numerosos y punitivos realizados en la isla desde los primeros años de la revolución.
Los fiscales enjuiciaron esta semana a más de 60 ciudadanos y los acusaron de crímenes que incluyen sedición y participación en manifestaciones contra la crisis económica del país durante el verano, comentaron activistas de derechos humanos y familiares de los detenidos.
Entre los procesados de esta semana hay al menos cinco menores de edad, algunos tan jóvenes como de 16 años. Se encuentran entre los más de 620 detenidos que han enfrentado juicio o ya tienen fecha para ser enjuiciados por unirse al mayor estallido de descontento popular contra el gobierno comunista desde que se instaló en el poder en 1959.
La severidad de los cargos forma parte de un esfuerzo concertado del gobierno para disuadir nuevas expresiones públicas de descontento, según dijeron los activistas. La represión también acabó con las esperanzas de una liberalización gradual durante el mandato del presidente Miguel Díaz-Canel quien, en 2018, remplazó al hermano de Fidel Castro, Raúl, convirtiéndose en el primer líder que gobierna Cuba sin pertenecer a la familia Castro desde 1959.
“Lo que rige es el imperio del miedo”, dijo Daniel Triana, un actor y activista cubano que fue detenido brevemente después de las protestas. “La represión aquí no mata directamente, pero condena a elegir entre cárcel y exilio”.
Durante seis décadas, Cuba ha vivido bajo un severo embargo comercial estadounidense. Durante mucho tiempo, el gobierno cubano culpó del desmoronamiento de la economía a Washington, desviando la atención de los efectos de la mala gestión de La Habana y las estrictas limitaciones a las empresas privadas.
El 11 de julio estalló una protesta inesperada en la isla, donde miles de personas —muchas de las cuales provenían de los barrios más pobres del país— marcharon en ciudades y pueblos para denunciar la debacle inflacionaria, los cortes de energía y el empeoramiento de la escasez de alimentos y medicamentos.
Las escenas de descontento masivo, que fueron muy compartidas en las redes sociales, destrozaron la idea promovida por el liderazgo cubano de que el apoyo popular al Partido Comunista se mantiene, a pesar de las dificultades económicas.
Después de la sorpresa inicial, el gobierno respondió con la mayor represión implementada en décadas y envió unidades militares para sofocar las manifestaciones. Más de 1300 personas fueron detenidas, según la organización de derechos humanos Cubalex y Justicia 11J, un grupo de trabajo sobre las detenciones por motivos políticos que agrupa a organizaciones de la sociedad civil cubana.
El gobierno cubano no respondió a las solicitudes de comentarios enviadas a través de la oficina de medios extranjeros.
La escala de la reacción del gobierno conmocionó a las figuras opositoras y a los analistas de Cuba.
Los líderes cubanos siempre reaccionan con rapidez ante cualquier descontento público, encarcelando a los manifestantes y acosando a los disidentes. Pero, en el pasado, las medidas represivas solían enfocarse en grupos relativamente pequeños de activistas políticos.
Ahora, por primera vez en décadas, los juicios masivos que comenzaron en diciembre están dirigidos a personas que, en gran medida, no participaban en política antes de salir de sus hogares para unirse a las multitudes que exigían cambios, dijeron historiadores y activistas.
“Esto es algo completamente nuevo”, dijo Martha Beatriz Roque, una destacada disidente cubana que fue condenada por sedición en 2003, junto con otros 74 activistas, y recibió una sentencia de 20 años de prisión. Finalmente, sus sentencias fueron conmutadas y la mayoría pudo exiliarse.
“No queda una gota de compasión, y eso es lo que marca la diferencia” con el pasado, dijo en una conversación telefónica desde su casa en La Habana.
Yosvany García, un soldador de 33 años, nunca había participado en protestas ni tenía problemas con la ley, dijo su esposa Mailin Rodríguez. El 11 de julio fue a su casa para almorzar, como es su costumbre, desde su taller en la capital provincial de Holguín.
Pero, cuando regresaba al trabajo, se encontró con una multitud que exigía un cambio político, dijo Rodríguez. Impulsado por una oleada de indignación debido al insoportable costo de la vida, García se unió a la marcha, dijo.
El hombre fue golpeado por la policía que disolvió la manifestación ese día, pero en la noche regresó a casa con su esposa. Cuatro días después, fue acorralado por los oficiales cerca de su casa y lo trasladaron a la cárcel.
El miércoles, García fue acusado de sedición junto con otros 20 manifestantes, incluidos cinco adolescentes de 17 y 16 años, la edad mínima de responsabilidad penal en Cuba. Todos se enfrentan a penas de al menos cinco años de prisión; García podría ser sentenciado a 30 años.
Rowland Castillo tenía 17 años en julio, cuando fue detenido por unirse a la manifestación en un barrio obrero de La Habana. Campeón provincial de lucha libre, uno de los deportes más populares de Cuba, Castillo asistió a una academia deportiva estatal y nunca había participado en actividades políticas, según explica su madre, Yudinela Castro.
Ella dice que se enteró de que el joven había participado en la protesta recién cuando la policía vino a arrestarlo varios días después. Los fiscales están pidiendo una sentencia de 23 años en su contra por sedición.
Castro dijo que después de la detención de su hijo fue despedida del mercado estatal de alimentos donde trabajaba. Ahora vive de las donaciones de vecinos y simpatizantes, en una clínica de primeros auxilios comunitaria abandonada con su nieto de 2 años, el hijo de Castillo, mientras trata de recuperarse del cáncer.
“A través de él me di cuenta de las maldades que pasan en este país”, dijo, refiriéndose a su hijo encarcelado. “Él no hizo nada, solo salió a la calle a pedir libertad”.
En 2018, la llegada de Díaz-Canel, de 61 años, a la presidencia generó esperanzas de un cambio gradual en algunos sectores.
El mandatario no forma parte de la vieja guardia que ascendió al poder con los Castro. En el cargo, trató de simplificar el complicado sistema monetario cubano y aplicó reformas para expandir el sector privado en un intento por mejorar la crisis económica causada por la pandemia, las sanciones impuestas por el gobierno de Trump y la disminución de la ayuda del gobierno venezolano, un aliado socialista de la isla.
Pero Díaz-Canel, nacido después de la revolución, no pudo evocar las luchas antiimperialistas de los hermanos Castro para ocultar la crisis del nivel de vida de los cubanos. Y, cuando estallaron las protestas, reaccionó con fuerza.
“Ellos no tienen ninguna intención de cambiar”, dijo Salomé García, una activista de Justicia 11J, el grupo de derechos políticos, “de permitir ninguún tipo de participación de la sociedad cubana en la determinación de su destino”.
Anatoly Kurmanaev es un corresponsal radicado en Ciudad de México, desde donde cubre México, Centroamérica y el Caribe. Antes de integrarse a la corresponsalía de México en 2021, pasó ocho años reportando desde Caracas sobre Venezuela y la región vecina. @akurmanaev.
