Mejorar la Universidad

(ABC)

Han transcurrido ya más de tres años desde la aprobación y entrada en vigor de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU). En estos momentos, gran parte de la comunidad universitaria considera que se deben tomar medidas para resolver los principales problemas que tiene la Universidad española. El primer problema y más acuciante es el de la financiación. Actualmente, muchas universidades públicas (especialmente las de mayor tamaño): no tienen fondos suficientes para el mantenimiento y mejora de las infraestructuras, falta dinero para plazas de promoción interna de profesorado y numerosos profesores jóvenes han tenido que renunciar a realizar estancias de investigación o rechazar invitaciones de universidades de prestigio por no disponer de fondos. Resulta imprescindible garantizar una financiación plurianual que permita una planificación a medio y largo plazo y dé estabilidad financiera a las universidades. Esto debería ir unido a que las universidades justifiquen al detalle el destino de los fondos recibidos conforme a los principios de transparencia y rendición de cuentas, para que nadie piense que se despilfarra el dinero.

Un segundo problema radica en el desconocimiento (de gran parte de la sociedad) del trabajo que desarrolla un profesor universitario. El profesor García Laborda lo ha señalado magistralmente en un artículo titulado: ‘El nuevo profesorado universitario’. Por ejemplo, es corriente escuchar que el profesor universitario tiene tres meses de vacaciones: julio, agosto y septiembre. La realidad es que los exámenes extraordinarios de grado suelen finalizar a principios de julio, y luego el profesor debe corregir exámenes, realizar revisiones, firmar actas, corregir trabajos, asistir a reuniones de preparación del curso siguiente y diferentes tareas que no finalizan hasta la última semana de julio. Además, desde hace ya muchos años, el curso académico comienza la primera semana de septiembre. Muchos profesores aprovechan el período no lectivo del verano para realizar estancias de investigación que, en muchos casos, deben pagar de su bolsillo.

Otro error muy común consiste en considerar que la jornada laboral del profesor se reduce a las horas que imparte clase. No se tiene en cuenta la preparación de estas, ni la corrección de trabajos, ni la preparación, vigilancia y corrección de exámenes. Tampoco la dirección, corrección y evaluación de TFG o TFM.

Se ignora que un profesor universitario dedica gran parte de su tiempo a la investigación: preparación de publicaciones, ponencias y comunicaciones a congresos, dirección de tesis doctorales, participación en proyectos de investigación, revisiones de pares solicitadas por las revistas y realizadas gratuitamente, evaluaciones de comunicaciones en congresos, etc. No se tiene en cuenta tampoco el tiempo dedicado a la gestión, un trabajo realizado por las direcciones de los departamentos, equipos decanales o rectorales que con su trabajo diario logran que su universidad funcione.

Un tercer problema delicado es el del alojamiento universitario. Cada vez más estudiantes, que se trasladan a vivir a otra ciudad para realizar sus estudios, tienen dificultades para encontrar un alojamiento adecuado. En esta situación, algunos optan por no estudiar la carrera deseada, otros van y vuelven a su domicilio diariamente invirtiendo horas en trayectos y otros malviven en lugares no ideales para el estudio.

El último informe de Savills señala que el déficit estructural de alojamiento universitario supera las 528.000 plazas. El estudio detalla que la demanda potencial de ese alojamiento alcanza ya los 650.000 estudiantes (formada por alumnos internacionales matriculados en las universidades españolas, los del programa Erasmus+ y el alumnado nacional desplazado), frente a las 118.762 camas existentes en el conjunto de residencias de estudiantes.

Ante este escenario, se deben incrementar las ayudas directas al alojamiento del estudiantado, a partir de criterios basados en renta, mérito y movilidad; facilitar el acceso a créditos blandos; fortalecer la coordinación entre Estado, autonomías, universidades y residencias; identificar suelo público susceptible de ser empleado para alojamiento universitario e incluir el alojamiento universitario en los planes estatales de vivienda.

Un cuarto asunto que debe redefinirse urgentemente es el papel de la inteligencia artificial en el aprendizaje del estudiantado. Como es conocido, la IA está transformando la generación y transmisión del conocimiento. Las universidades deben definir una estrategia que integre estas tecnologías en las actividades de docencia, investigación, transferencia y gestión, promoviendo un uso ético y responsable y modificando los sistemas de evaluación continua del alumnado.

Igualmente, el sistema universitario debe garantizar condiciones homogéneas de calidad, evaluación y desarrollo académico, con un marco común que evite desigualdades estructurales o territoriales. Sería muy positivo evolucionar hacia un modelo orientado a resultados, estableciendo objetivos medibles en docencia, investigación y transferencia e incorporando indicadores de impacto académico, social y económico. Otro punto importante es el fortalecimiento de la investigación. Se deben agilizar los trámites burocráticos, reforzar la financiación de los grupos de investigación consolidados, impulsar la colaboración interdisciplinar y redefinir las funciones de la Agencia Estatal de Investigación (AEI).

He dejado para el final un tema que considero estratégico: impulsar la excelencia docente. Es decir, dar mucha más importancia a las clases que imparten los profesores. El sistema actual de acreditaciones de profesorado (es decir, el mecanismo empleado para la promoción y estabilización del profesorado) valora casi exclusivamente la investigación y tan solo cuenta las horas de docencia. De este modo, se transmite que enseñar bien importa poco, lo que perjudica la formación del estudiantado y frena la innovación pedagógica y la mejora real del aprendizaje. El profesor acaba considerando que su trabajo en las aulas es poco menos que un estorbo que le quita tiempo para investigar y que no merece la pena esforzarse en esta tarea. Por este motivo, se debería crear un sexenio docente (similar al sexenio de investigación) que premie a los mejores profesores, con efectos en retribución, promoción interna y acceso preferente a proyectos de innovación docente.

El profesorado debe tener claro que está construyendo la sociedad del mañana. Las universidades realizan una clara función social que beneficia al conjunto de la ciudadanía. Ha llegado la hora de realizar los cambios necesarios para adaptarse a las demandas de la comunidad universitaria, evitando luchas partidistas y buscando solo la mejora de la calidad educativa. Si acertamos, nuestros jóvenes y las generaciones venideras nos lo agradecerán. Vale la pena el esfuerzo de intentarlo.