La paradoja de los poderes de Superman

Una madrugada me despertó una pregunta que, en apariencia, parecía más apropiada para una conversación infantil que para una reflexión sobre el destino de la humanidad: ¿qué sucedería si Superman existiera realmente? No recuerdo qué circunstancia provocó aquella inquietud, pero durante varios minutos imaginé un mundo en el que un ser dotado de poderes extraordinarios pudiera intervenir allí donde la injusticia, la violencia y el sufrimiento humano parecen haber superado toda capacidad de respuesta. Un ser capaz de detener una guerra, impedir una masacre, rescatar a quienes padecen hambre, enfrentar a los responsables de la corrupción y proteger a millones de personas que viven bajo el miedo.
Sin embargo, cuanto más reflexionaba sobre aquel personaje, menos me interesaban sus poderes y más comenzaba a preocuparme nuestra propia condición humana. ¿Seríamos más libres, justos y responsables si alguien resolviera los problemas que gobiernos e instituciones no han conseguido solucionar? ¿O terminaríamos dependiendo de una fuerza superior que nos dispensara de nuestras obligaciones?
Comprendí que el problema no era la ausencia de poderes extraordinarios, sino nuestra dificultad para reconocer y desarrollar las capacidades que poseemos. Exploramos el espacio, nos comunicamos al instante entre continentes y acumulamos conocimientos inimaginables hace apenas unas generaciones, pero seguimos enfrentando enormes dificultades para construir sociedades en las que la justicia, la libertad y la dignidad humana sean realidades cotidianas.
Esta contradicción se manifiesta con particular intensidad en América Latina. Disponemos de inmensos recursos naturales, diversidad cultural y generaciones de profesionales, científicos, artistas y trabajadores que han demostrado su talento dentro y fuera de sus países. Sin embargo, esas potencialidades no siempre se convierten en bienestar colectivo, instituciones confiables y oportunidades para todos. Cambiar de gobierno no equivale necesariamente a transformar una nación. Las constituciones pueden proclamar derechos que millones de personas no consiguen ejercer y las elecciones pueden renovar autoridades sin resolver las causas profundas de una crisis.
Venezuela representa una expresión dolorosa de esta paradoja. Su abundancia energética, mineral, agrícola e hídrica, unida a capacidades humanas desarrolladas durante décadas, no ha impedido un profundo deterioro institucional, económico y social. La crisis ha empobrecido familias, debilitado servicios públicos y empujado a millones de ciudadanos a buscar oportunidades fuera del país. Pero también ha comprometido algo menos visible y quizás más difícil de recuperar: las condiciones en las que se forman las nuevas generaciones.
Cuando una escuela pierde docentes, una universidad carece de recursos, un investigador no puede desarrollar su trabajo o una familia concentra todas sus energías en sobrevivir, el daño trasciende los indicadores económicos: se erosiona la capacidad futura de la sociedad para reconstruirse.
Por eso, cualquier propuesta de nueva legislación educativa en Venezuela debería suscitar un debate que trascienda los aspectos jurídicos y administrativos. Corresponde formular preguntas fundamentales como: ¿qué educación necesita el país?, ¿qué ciudadanos aspiramos a formar?, ¿qué lugar tendrán el pensamiento crítico, el conocimiento científico, la cultura, la libertad académica y la ética? Y, sobre todo, ¿cómo debe contribuir el sistema educativo a la construcción del Estado que necesitamos?
Una ley puede ordenar competencias, definir responsabilidades y regular instituciones, pero no equivale, por sí sola, a un proyecto educativo. La cuestión decisiva es si se pretende adaptar a las personas a las circunstancias existentes o brindarles las herramientas para comprenderlas, cuestionarlas y transformarlas.
Desde hace décadas, el enfoque de desarrollo humano promovido por las Naciones Unidas insiste en la creación y ampliación de capacidades. La educación proporciona conocimientos, fortalece el pensamiento crítico y prepara para actuar sobre la realidad. La cultura aporta identidad, memoria histórica, valores y sentido de pertenencia. Ambas permiten formar personas libres y responsables, aunque requieren instituciones y oportunidades para que sus capacidades puedan ejercerse plenamente.
La riqueza nacional, por tanto, no puede medirse solo por reservas petroleras, minerales o producción agrícola. También debe apreciarse por las posibilidades reales de aprender, crear, investigar, trabajar y vivir dignamente. Los recursos naturales pueden facilitar el desarrollo, pero nunca reemplazarán el conocimiento y las instituciones indispensables para aprovecharlos en beneficio de todos.
Educar tampoco significa únicamente transmitir contenidos o formar profesionales para las necesidades inmediatas del mercado. Una sociedad requiere médicos, ingenieros, científicos, agricultores y trabajadores competentes, pero igualmente ciudadanos capaces de distinguir el interés público del beneficio particular, la autoridad legítima del abuso de poder y los hechos de la propaganda. La excelencia técnica, sin una formación ética, no garantiza responsabilidad social.
Por eso, la formación ciudadana debe ocupar un lugar central en cualquier reforma, no como instrumento de adoctrinamiento ni para reproducir las preferencias de un gobierno, sino para comprender los derechos y deberes, el funcionamiento del Estado, el valor de las instituciones y las responsabilidades que acompañan la libertad. En un mundo saturado de información, disponer de millones de datos no significa comprenderlos ni saber interpretarlos. La escuela debe enseñar a preguntar, investigar, contrastar argumentos y reconocer que ninguna autoridad posee el monopolio de la verdad.
Tampoco puede existir una transformación educativa sostenible sin maestros y profesores preparados, respetados y dignamente remunerados. No es razonable exigir excelencia mientras se deterioran las condiciones de quienes tienen la responsabilidad de formar a las nuevas generaciones. Cada docente que abandona la profesión representa una capacidad que la sociedad deja de transmitir.
Junto a la educación está la cultura, demasiado a menudo reducida a las artes o a la conservación del patrimonio. La cultura también comprende valores, costumbres, prácticas de convivencia y memorias compartidas. Nos permite reconocernos como comunidad sin negar nuestras diferencias. En Venezuela, donde la crisis ha dispersado familias y fracturado vínculos, recuperar bibliotecas, museos, centros culturales, espacios de creación y encuentro es parte de la reconstrucción nacional, no un lujo reservado para tiempos mejores.
Pero ni educación ni cultura prosperan al margen de las condiciones materiales. Proclamar la igualdad de acceso significa poco cuando un niño no puede alimentarse adecuadamente, trasladarse a la escuela o disponer de los materiales para estudiar. La pobreza no solo reduce los ingresos: restringe capacidades y puede transmitir sus limitaciones de una generación a otra.
Imaginemos ahora que Superman llega a una comunidad venezolana cuya escuela carece de maestros, materiales y servicios básicos. Podría reconstruir el edificio en minutos, llevar libros desde cualquier lugar del mundo y garantizar el transporte de los alumnos. Sería una intervención admirable. Pero al día siguiente seguirían pendientes las preguntas decisivas: ¿quién formaría a los docentes?, ¿quién diseñaría los programas?, ¿quién protegería la libertad de enseñanza?, ¿quién evaluaría los resultados y sostendría el funcionamiento del plantel?
Superman podría atender la emergencia, pero no sustituir el entramado de conocimientos, instituciones y responsabilidades que necesita una sociedad. Lo mismo ocurriría en una universidad: reparar laboratorios y abastecer bibliotecas no bastaría para recuperar la autonomía, la confianza y el ambiente de libertad que permiten investigar y crear conocimiento. La educación no es un edificio ni un decreto; es un esfuerzo humano e institucional cuyos resultados se construyen durante generaciones.
De allí que cualquier reforma educativa deba ser una política de Estado y no una iniciativa subordinada a la voluntad de un gobierno. Los gobiernos son transitorios; el Estado debe garantizar continuidad. La educación necesita evolucionar con la ciencia, la tecnología y las transformaciones sociales, pero mediante deliberación pública, evaluación y participación de docentes, estudiantes, familias, universidades e instituciones culturales. Una ley puede cumplir los procedimientos para su aprobación y, aun así, carecer del consenso indispensable para sostener una transformación profunda.
Este reto trasciende a Venezuela. América Latina arrastra desigualdades de acceso y calidad, brechas territoriales y dificultades para vincular conocimiento, producción y bienestar. Hemos dedicado enormes esfuerzos a discutir quién debe gobernar y, con frecuencia, menos atención a cómo formar ciudadanos capaces de intervenir de manera consciente y permanente en la vida pública. Aumentar la matrícula o graduar más profesionales es insuficiente si no existen libertades y oportunidades para utilizar lo aprendido.
Esa es una enseñanza esencial del enfoque de desarrollo humano impulsado desde 1990 por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, asociado a los trabajos de Mahbub ul Haq y Amartya Sen: no basta con desarrollar capacidades; también hay que ampliar las oportunidades reales para ejercerlas. Venezuela lo sabe bien. El talento de tantos compatriotas que hoy trabajan en universidades, empresas e instituciones del exterior demuestra que las capacidades no desaparecieron: se deterioraron las condiciones para desplegarlas dentro del país.
Reconstruir Venezuela exige recuperar producción, inversiones y estabilidad económica, pero también abrir espacios para que el conocimiento, la creatividad y la iniciativa puedan prosperar. Una economía puede crecer sin convertirse en desarrollo humano si sus beneficios y oportunidades quedan concentrados.
Al llegar aquí, aquella pregunta de la madrugada cambia de significado. Tal vez lo verdaderamente importante de Superman no sería lo que pudiera hacer por nosotros, sino lo que nos obligaría a descubrir sobre nuestra propia responsabilidad. Una sociedad golpeada por la pobreza, el miedo y la manipulación puede sentirse impotente, pero no ha perdido necesariamente su capacidad de transformación. Educación, cultura e instituciones libres pueden ayudarla a recuperarla.
Esa tarea implica formar generaciones que comprendan que el Estado no pertenece a los gobernantes, que los recursos públicos no son patrimonio de quienes los administran y que la ciudadanía no termina con el voto. La educación y la cultura no reemplazan la justicia, la seguridad ni el bienestar material, pero contribuyen a formar a quienes pueden exigirlos, defenderlos y mejorarlos.
¿Qué sucedería, entonces, si Superman existiera realmente? Podría detener una amenaza inmediata, pero no enseñarnos a ejercer la libertad; impedir un abuso, pero no reemplazar las instituciones ni la conciencia ciudadana necesarias para prevenirlo. Su poder sería extraordinario, aunque insuficiente para resolver los problemas de la convivencia humana.
¿Y si Superman ya existiera? ¿Y si no llevara una capa roja ni pudiera volar? Quizás estaría en cada maestro que enseña a pensar, en cada estudiante que descubre su talento, en cada científico que investiga, en cada artista que conserva la memoria de su pueblo y en cada ciudadano que defiende también la libertad de los demás.
¿Y si Superman fuera, en realidad, la propia sociedad? Una sociedad poderosa por la suma de sus conocimientos, su trabajo, su cultura y su capacidad de cooperación, pero cuya fuerza permanece dispersa o adormecida por las desigualdades, el desaliento y la falta de oportunidades. Una sociedad que no necesita poderes concedidos desde arriba, sino educación para desarrollarlos, cultura para darles sentido e instituciones que permitan ejercerlos en libertad.
Venezuela tendrá que reconstruir sus instituciones, recuperar su economía y restablecer condiciones dignas de vida. Pero ninguna de esas tareas estará completa si no va acompañada de una transformación educativa y cultural centrada en el ser humano. Una nación se reconstruye también en las aulas, las bibliotecas, el respeto a los docentes, la libertad de pensamiento y las oportunidades que ofrece a cada nueva generación.
Quizás algún día dejemos de esperar que alguien descienda del cielo para resolver nuestras contradicciones. Entonces comprenderemos que la grandeza de un país no depende de los poderes de quien lo gobierna, sino de las capacidades de la sociedad que lo constituye.
Superman no vendrá a salvarnos. Superman somos nosotros. Pero todavía tenemos que aprender a serlo.
