Nicaragua: “Tigre suelto contra burro amarrado”
Hasta el momento en que fueron convocadas las elecciones, en Nicaragua parecía que podía abrirse una oportunidad para que la ciudadanía decidiera si quería continuidad o cambio.
En las pocas semanas transcurridas, las decisiones del Consejo Supremo Electoral y la Corte Suprema de Justicia, seguidillas del agresivo discurso de Daniel Ortega durante el congreso de su partido, se han encargado de demostrar lo contrario. Ahora, el pueblo nicaragüense se enfrenta, no a la oportunidad de ejercer su libre decisión sobre qué tipo de gobierno desea y por quiénes desea ser gobernado, sino otra vez, al continuismo de un régimen autoritario.
Los acontecimientos se desenvuelven de acuerdo a la pauta que el régimen de Ortega va imponiendo como respuesta a sus debilidades, a la actuación de la oposición política y otros sectores de la sociedad civil y a la necesidad de cohesionar sus filas. Con pasos calculados, ha comenzado a instrumentar un fraude electoral que se ejecuta tratando de neutralizar la opinión pública internacional.
Boleta de “burro amarrado”
El oficialismo, conociendo el elevado deterioro de su imagen entre la mayoría del pueblo nicaragüense, que en un proceso electoral transparente y libre, podría implicarle una considerable derrota, la pérdida del Poder Ejecutivo y la mayoría en la Asamblea Nacional, se está viendo obligado a prescindir de ciertas formas guardadas en procesos electorales previos.
Es ampliamente conocido y aceptado por todos en el país, que, al menos, las últimas cuatro elecciones han sido esencialmente fraudulentas. El fraude se ha realizado mediante una cedulación selectiva, impidiendo el acceso de los votantes opositores mediante el llamado “ratón loco”, con urnas preñadas y voto múltiple, expulsión de fiscales de las Juntas Receptoras de Votos para facilitar la falsificación de actas y la adulteración de sus resultados, la realización de sumas aritméticas viciadas y la consolidación de resultados nacionales amañados. Todos esos procedimientos y más, cuyo detalle no es objeto de este análisis, han sido ampliamente denunciados.
A pesar de haber sido profusamente utilizados y útiles para otorgarse una mayoría calificada en la Asamblea Nacional, la casi la totalidad de las municipalidades del país y de circunscripciones de las regiones del Caribe, esos procederes parecen no llenar las expectativas actuales del partido en el poder. Da la impresión que el oficialismo no confía en su efectividad, por lo que ha preferido utilizar otra vía para asegurarse resultados al gusto.
El primer gran paso del fraude ha sido dado. Se trata de la purga de la boleta electoral, una acción mediante la cual Ortega se asegura que la fuerza política que le significa el mayor peligro, la mayor amenaza, sea eliminada y que queden jugando solamente sus aliados o dependientes. El resultado es una boleta de “compadre hablado”. Así, pretenderá darle cierta legitimidad al proceso, con la participación de una “oposición” pactada, con resultados previamente acordados para tranquilidad de los participantes.
Con ese fin, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, después de seis años, resolvió una presunta disputa interna, expropiando y ocupando el Partido Liberal Independiente (PLI), que hasta mediados de junio estaba en manos de Eduardo Montealegre y el contingente liberal que ha liderado. En una resolución adicional, para evitar que los afectados recurrieran a las instancias establecidas en los Estatutos, liquidó todos los órganos existentes, anuló todo lo actuado y en consecuencia, todos los liberales adscritos y afiliados a ese partido quedaron expulsados de sus filas. Los sellos del partido fueron entregados, con carta blanca, sin ningún tipo de norma o regulación, en manos de los aliados del orteguismo.
Pocos días después, el Partido Acción Ciudadana (PAC) recién integrado en la Coalición Nacional por la Democracia, que también enfrentaba una reclamación, fue prácticamente disuelto, mediante una resolución de la misma Sala Constitucional que declaró nulas e inexistentes la totalidad de sus estructuras, incluyendo las de los reclamantes.
El golpe está dirigido contra la Coalición Nacional por la Democracia (CND), una alianza plural integrada por el PLI, el MRS, el Partido Acción Ciudadana (PAC), el PANAC, la Unión Demócrata Cristiana, el Movimiento Liberal “Ramiro Sacasa”, la Cruzada Liberal y sectores de la Resistencia Nicaragüense que había logrado proponer, después de varios traspiés, unas candidaturas a la presidencia, la vicepresidencia y la Asamblea Nacional que mostraban recambio, un grupo de figuras nuevas y frescas, integración de independientes y líderes de la sociedad civil.
La CND, estaba lista para remontar la falta de credibilidad en la oposición y establecerse como una opción de cambio. Las candidaturas de Luis Callejas, diputado y Violeta Granera, reconocida activista de derechos humanos, a la presidencia y a la vicepresidencia respectivamente, habían movido favorablemente la opinión pública. La casilla en la que la Coalición se expresaría como alianza electoral correspondía a la del PLI, que había resultado como segunda fuerza, a pesar del fraude en las elecciones de 2011 y 2012.
Las perspectivas de la Coalición se habían visto fortalecidas por la notoria crisis en el PLC, causada por la renuncia de Noel Vidaurre su candidato a la presidencia, la imposición de los candidatos a diputados por Arnoldo Alemán y su negativa a aceptar a Miguel Rosales como candidato presidencial emergente.
Ese tipo de golpes, Ortega los había ejecutado sin mayores consecuencias en el año 2008 en vísperas de las elecciones municipales. El Consejo Supremo Electoral le quitó la representación legal de ALN a Eduardo Montealegre para entregársela a un aliado del oficialismo y canceló la personalidad jurídica del MRS, las dos fuerzas que le significaban un desafío.
Al liquidar la participación de la Coalición Nacional por la Democracia en el proceso electoral, Ortega quedó como virtual candidato único.
Hasta mayo de este año, existían 15 partidos políticos con personalidad jurídica. De ellos, Ortega controla directamente a nueve, incluyendo el propio. El FSLN ha tenido bajo su alero a la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), al Partido Liberal Nacionalista (PLN), Camino Cristiano Nicaragüense, el Partido Unidad Cristiana, el Partido Indígena Multiétnico, el Partido Resistencia Nicaragüense, Alternativa por el Cambio y el APRE.
Además del espacio para la candidatura de Ortega, el resto de la boleta electoral será ocupada por el PLC y el PLI, que jugarán como comparsas de acuerdo al viejo modelo del pactismo somocista por el cual el Partido Conservador participaba en elecciones fraudulentas a cambio de curules y prebendas previamente concedidas. Así se legitimaban las elecciones fraudulentas y la reelección dinástica durante la dictadura somocista.
El PLC bajo control de Arnoldo Alemán, seguirá jugando a ganar posiciones de poder para sus familiares y allegados más cercanos, incluyendo su esposa María Fernanda Flores, que ya se ha anunciado como candidata a diputada. La puja del ex miembro de la Resistencia Nicaragüense y ex diputado Maximino Rodríguez, por la candidatura a la presidencia de ese partido, no cambiará la razón de ser de la participación de esa fuerza política.
El PLI ahora bajo control de los aliados de Ortega autocalificados como “oposición silenciosa”, irá a las elecciones con el mismo propósito y similar arreglo. El Partido Conservador aunque ha declarado no tener decisión definitiva, mantenía una alianza con el llamado “PLI histórico” una de las facciones favorecidas con la resolución judicial, lo que vuelve muy probable su unión con el PLI pirateado.
Dos partidos regionales se encuentran aún sin alianzas definidas. Yatama que rompió su relación con el FSLN y exploraba su incorporación a la Coalición Nacional por la Democracia y el PAMUC, que tradicionalmente se aliaba al PLI. De acuerdo a la Ley Electoral, solamente pueden presentar candidaturas en su circunscripción.
En la última elección nacional, en 2011, la boleta electoral contó únicamente con cinco casillas, la del FSLN, el PLI, el PLC, ALN y APRE. Directa e indirectamente, Ortega controlaba cuatro. En esta elección, se ha asegurado de tener bajo su dominio la totalidad de las casillas posibles. Es la primera parte de la estrategia de “burro amarrado con tigre suelto”.
El tigre suelto: control total de la estructura electoral
En las elecciones pasadas, los partidos “amarrados” operaron como agentes del oficialismo prestando su nombre para facilitar al FSLN el dominio de la mayoría de los cargos en la estructura electoral, lo que le permitió manipular la papelería electoral e impedir la labor de los fiscales opositores, quienes posteriormente documentaron ampliamente las agresiones físicas, amenazas e impedimento a su trabajo que sufrieron.
En esta ocasión, la aspiración del orteguismo es controlar la totalidad de los cargos. Así lo hizo con los nombramientos en el Consejo Supremo Electoral y lo está haciendo con el resto. El CSE, al convocar a elecciones, permitió a todos los partidos aliados al FSLN presentar propuestas para la integración de los consejos departamentales y municipales, a la vez que impidió al PLI, aún representado por Eduardo Montealegre, la juramentación de los miembros y presidentes de consejos departamentales y municipales que por ley le correspondía como segunda fuerza, según el resultado de la última elección.
La resolución de la Sala Constitucional, también resolvió ese aspecto. Ya el PLI pirateado, en virtud del malabarismo oficialista, se ha apuntado con toda diligencia a prestar los sellos del partido para el nombramiento de los integrantes de los consejos electorales con personas de notoria afiliación al partido en el poder.
La familia en el poder no quiere dejar nada al azar. Lo que sigue es nombrar como “fiscales” a personas leales a Ortega. Así, la elección transcurrirá sin ningún incidente. Una que otra dramatización será montada: algún fiscal quejándose o alguna protesta, para que no sea tan evidente la farsa.
Testigos de papel
La eliminación de la oposición, el control de toda la estructura electoral, requiere del rechazo a cualquier tipo de observación nacional e internacional independiente y calificada.
El Consejo Supremo Electoral, ya presentó su listado de especialistas a quienes acredita y avala. Personas que a título individual acompañaron la convocatoria a elecciones con frases elogiosas para la institución electoral. Son testigos de papel, conseguidos al efecto, para pulir la imagen internacional del proceso electoral en Nicaragua.
Ortega mismo, en el congreso de su partido, lo dejó meridianamente claro, llamando sinvergüenzas a quienes ya han realizado observación electoral en Nicaragua. En consecuencia, ni la OEA, ni la Unión Europea, ni el Centro Carter, han sido invitadas a realizar tal misión. No habrá invitación a nadie que pueda dar sorpresas. Si en última instancia, el gobierno se ve obligado a convocar a observadores internacionales, se asegurará que haya transcurrido suficiente tiempo para que los hechos esenciales del fraude ya estén consumados. Así, la observación no podrá hacer nada al respecto.
El régimen confiaba en que las duras declaraciones de Ortega hicieran cada vez más comedida a la Unión Europea, que ha respondido conforme su expectativa. Su preocupación principal se centra en el Secretario General de la OEA.
El ataque a Luis Almagro, pretende ponerlo a la defensiva y deslegitimar, de entrada, cualquier opinión o acción suya, acusándolo de tener inquina personal contra el gobierno de Nicaragua por haber demandado su renuncia. La voz de Almagro en América Latina ha cobrado un peso muy relevante en la defensa de los derechos humanos de los ciudadanos del continente, su posición respecto al proceso electoral en Venezuela y su exigencia de que se acate la Carta Democrática, suscrita por los Estados miembros, lo alejan de la posición complaciente y hasta cómplice mantenida desde la Secretaría General de la OEA en el pasado.
El Secretario General de la OEA está ampliamente informado de lo que sucede en Nicaragua, de la evolución de los acontecimientos y ha expresado con toda claridad su preocupación por la manera en que marcha el proceso electoral. Su gestión es considerada un riesgo elevado para la estrategia de Ortega y, por lo mismo, continuará utilizando todo lo que esté a mano para liquidar o al menos, neutralizar su mirada y su actuación.
Alineando fuerzas
El oficialismo optó por una convocatoria tardía a las elecciones para lograr postergar el debate sobre la sucesión de Ortega y las candidaturas a diputados. También lo hizo por que el propio candidato del FSLN, está, por alguna razón desconocida, incapacitado para realizar una campaña de calle.
El congreso del FSLN confirmó las especulaciones. Ortega fue investido como candidato presidencial. El resto de candidatos, él los nombrará, lo que ya hacía, pero ahora convertido en resolución oficial. La concentración de poder autocrático dentro del FSLN llegó a su punto definitivo. Ninguna estructura, ni liderazgo tiene más atribuciones que las que el propio Ortega les quiere conceder. Para la familia Ortega, el dominio sobre la estructura del partido ya es total, no así sobre el ánimo de quienes se han identificado con el FSLN.
Esta es la primera elección a la que los miembros del FSLN van sin esperanzas, sin alegría, sin ánimo. Después de diez años, la inmensa mayoría de quienes se adscriben a ese partido, han visto desfilar recursos que quedan en manos de los secretarios políticos territoriales, de los jefes de los CPC y de sus allegados, ha sido marginada y no ha tenido respuesta a sus demandas. Organizaciones sindicales y sociales que habían confiado en Ortega, han sufrido represión, coerción y muchas han sido liquidadas. El movimiento social que dependía del FSLN se ha visto congelado por el disfrute de prebendas de sus líderes y la imposibilidad de representar las demandas sociales. La corrupción ha minado la gestión gubernamental y del partido, induciendo al desgano y la desmoralización.
El candidato, presidente inconstitucional, muestra una carencia de propuestas, toda vez que la venta de mega proyectos y otras ilusiones está en crisis. En tales condiciones, Ortega ha recurrido a su viejo expediente de buscar careadores, como se dice en el lenguaje de las peleas de gallo. Y no hay nada mejor para su base social, que estimular o provocar un conflicto con los Estados Unidos, apelar al antiimperialismo, a la existencia de una gigantesca conspiración de los enemigos de la revolución. Es la receta principal para reagrupar y realinear sus fuerzas. Esa estrategia presume que los desanimados, los molestos, los irritados, los marginados, se sentirán convocados por un objetivo más allá de las frustraciones cotidianas y cerrarán filas en torno al Ortega vociferante.
El vehemente discurso anti yanqui de Ortega en su congreso y la expulsión de tres funcionarios del gobierno de los Estados Unidos responde a ese esquema que sin duda, responde a su íntimo sentimiento y pensamiento, constituyéndose en un juego de mucho riesgo que podría traer consecuencias serias para Nicaragua. La estrategia de confrontar a los Estados Unidos, también pretende neutralizar cualquier intento de la administración Obama de señalar las graves deficiencias de transparencia, limpieza y competitividad del proceso electoral. En este caso, como en el de la OEA, Ortega pretende espantar las críticas antes que se eleve el tono de las mismas.
La apuesta de Ortega
Sería una superficialidad creer que el oficialismo simplemente está cometiendo graves errores políticos. En realidad, está trabajando con una estrategia que parte de ciertos supuestos para conseguir el resultado de continuar en el poder.
Ortega ha apostado a consumar un nuevo y mayor fraude electoral, pues sabe que no puede ganar una elección limpia y transparente. De ahí su decisión de eliminar a la oposición, controlar la estructura electoral e impedir la observación internacional. Lo hace en un momento en que todos los sectores sociales unánimemente, desde sus propios intereses y perspectivas, han planteado la necesidad de un proceso electoral libre y observado. Es decir, está claro que ir en la dirección contraria tan evidentemente, le acarreará contradicciones, con la Conferencia Episcopal, con la oposición política, con diversos sectores de la sociedad civil, incluso con quienes, como el Cosep, ha mantenido una alianza sin mayores sobresaltos en estos años.
El régimen pretende no responder a las demandas que públicamente se le han hecho y dejará saber que no está dispuesto a hacer concesiones, mostrando su abierta hostilidad para ablandar posiciones. Los ataques a la Conferencia Episcopal y la insinuación, por debajo de la mesa, a sectores empresariales que sufrirán consecuencias en sus arreglos con el gobierno, son parte del menú que realizará a modo de profilaxis política.
Un período electoral deliberadamente recortado es útil para sus fines. La familia en el poder apuesta a que toda oposición, malestar, protesta, reconvención, dure lo que durará el tiempo electoral. Confía, en que toda la resistencia y la protesta, se comenzará a extinguir el 7 de noviembre que el CSE anuncie a Daniel Ortega como ganador absoluto de la elección presidencial y legislativa. Confía en que se abrirán paso corrientes de conformismo, resignación y realineamiento de fuerzas para acomodarse a la situación impuesta, a los hechos consumados.
Logrado ese objetivo, podrá anunciar, volviendo a ponerse la máscara de comprensivo pacificador, que está listo para sanar las heridas del proceso electoral, que como ya ha repetido en otras ocasiones, “dividen a la sociedad”. En ese punto, habrá quedado plenamente establecido lo que los obispos claramente han calificado de régimen de partido único: un poder absoluto, el poder de una familia, sin límites de ninguna especie, con sus consecuencias de confrontación internacional, restricción total de libertades políticas e inestabilidad nacional.
El error de la estrategia de Ortega reside en subestimar el creciente descontento popular y el posicionamiento de los distintos sectores. Mismo error que cometió la familia Somoza, que apostó a que, como siempre, toda crisis podía resolverse con un golpe fuerte en la mesa, con coerción, cooptación y represión. Los resultados de esa apuesta, son suficientemente conocidos.
