Hace ya casi dos años traté el tema del impuesto al patrimonio originado en una “ley” promulgada por la llamada “asamblea nacional constituyente”. Las comillas aspiran llevar al lector la idea de que las palabras entrecomilladas no se corresponden con la realidad, como en efecto ocurre, salvo por el término asamblea, ya que esa asamblea no es nacional porque sus integrantes fueron electos mediante un sistema de votación censitario, violando el principio constitucional que asigna a cada ciudadano un voto y nada más; asimismo no es constituyente porque su convocatoria no fue resultado de un plebiscito que no existió, usurpando la soberanía que radica “intransferiblemente” en el pueblo; y por supuesto porque no existe la tal ley, ya que la única función de la tal asamblea, admitiendo “gratia argüendi” su existencia, era redactar un texto constitucional, que para su aprobación requiere de otro referendo, este aprobatorio, como lo requería también para su convocatoria.
Pero si me preguntan, lectores, por qué volver a escribir sobre lo que ya he escrito, mi respuesta es sencilla: porque Elvis Amoroso, a quien seguramente han oído nombrar, advierte a quienes no realicen “la declaración de patrimonio” que la falsa ley contempla, en realidad no advierte sino “amenaza” con la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
¿Qué significa eso? Significa que ahora cuando están construyendo con el “nuevo CNE” un proyecto de mega elecciones aspiran a tener “domados” a los aspirantes a ser elegidos.
¿Cuál puede ser la respuesta? Desde luego una inmediata es la resistencia pasiva, negarnos a dar cumplimiento a una ley que carece de validez por inconstitucional al derivar su espuria redacción de un “ente” carente de existencia constitucional al no haber derivado su elección de un referendo previo que autorizara su convocatoria; y al haber desviado su “teórica función de redactar un texto constitucional”, en la pretensión de asumir las funciones que la constitución reserva a la Asamblea Legislativa, dizque poniéndose a promulgar leyes.
¿Hay algo más en nuestra respuesta? Desde luego que sí. Los saqueadores de un Estado depauperado que gobiernan desde hace 22 años y medio, aspiran bajo la “simulación de un impuesto que no existe” saquear a los pocos ciudadanos que aún conservan alguna propiedad lo que, aunque mis estudios de derecho penal no fueron practicados durante los 57 años que ya tengo de graduado de abogado, me parece que configuran el delito de “estafa” que, “cosa más grande” (que dirían los cubanos que gobiernan), ofrecen un premio si le das parte de lo tuyo pues puedes aspirar a ser elegido; y si no, te obligan a pagar, te multan con el doble , te cobran intereses y actualización monetaria y desde luego disponen del uso de la fuerza para apropiarse de una porción de tu patrimonio, lo que hace que desaparezca la estafa para convertirse en apropiación indebida, o más bien en robo.
¿Habrá todavía algo más que decir? Desde luego que sí. Habiendo cesado nuestra condición de exportadores de petróleo, salvo a Cuba, que no paga ni el costo de producirlo, ni el flete para enviárselo, negarnos a declarar nuestro patrimonio, negarnos a pagar el falso impuesto al patrimonio, dado que el desplome de la actividad económica ha convertido el Impuesto Sobre la Renta en un ingreso pírrico que quizá como mucho sirva para pagar los empleados del SENIAT y el costo de mantener sus instalaciones, operaría como una demostración de que los ingresos del gobierno usurpador se originan en fuentes distintas a nuestras leyes. ¿Cuáles pueden ser esas fuentes? Desde luego ¿podríamos contar con el apoyo económico de Rusia, de China, de Irán? No sé por qué a mí se me hace poco creíble que pueda existir tal generosidad. Hay desde luego actividades ilícitas como el tráfico de drogas, que no pueden ser objeto de impuestos ni a la renta, ni al patrimonio, porque sería casi como legalizarlas, pero sin necesidad de asumirlas, bastaría con hacerse la vista gorda para obtener pingües ingresos. Quizá la vista gorda sea parte de la explicación de los recientes sucesos en Apure.
Caracas, 3 de julio de 2021
