Villasmil: El presidente y sus magistrados
En casos donde en democracia se produce un choque entre poderes públicos me gusta recordar la definición de democracia que nos ofrecía el sociólogo alemán Ralf Dahrendorf:
Si la democracia es un conjunto de instituciones tendientes a legitimar el ejercicio del poder político, ella debe brindar una respuesta coherente a tres preguntas esenciales:
– ¿Cómo podemos producir en nuestras sociedades cambios sin violencia? (o como decía Karl Popper, la democracia es un modo de sacar a quienes están en el poder sin derramamiento de sangre).
– ¿Cómo podemos, mediante un sistema de contrapesos (check and balance) controlar a quienes están en el poder de modo que tengamos la certeza de que no abusarán de él?
– ¿Cómo puede el pueblo -todos los ciudadanos- tener voz en el ejercicio del poder?
(Convendría, por cierto, tener estas preguntas presentes en los debates sobre la necesaria transición criolla).
La democracia es la voz del pueblo que crea instituciones que controlan al gobierno y hacen posible cambiarlo sin violencia. En este sentido el “demos”, el pueblo, es el soberano que legitima las instituciones de la democracia.
Para Dahrendorf la crisis actual de la democracia, profundizada con el cambio de siglo hace más de veinte años implica, entre otras cosas, una crisis de control y de legitimidad ante nuevos desarrollos políticos, económicos, tecnológicos, sociales, que está produciendo el grave fenómeno de tener democracias sin demócratas.
Es asimismo esencial tener clara la diferencia entre democracia y Estado de derecho, entendiendo que obviamente no son la misma cosa. Dahrendorf resumía sencillamente la cualidad esencial del “rule of law” (Estado de derecho): “la subordinación a la ley de todos los ciudadanos, sin distinción”.
Es sabido que históricamente esta subordinación no ha sido fácil de lograr, cuando el jefe de Gobierno piensa que él está “por encima de la ley”, incluso “por encima de los otros poderes públicos”, y no admite controles ni políticos, ni mediáticos, ni legislativos.
Veamos ahora el más reciente choque de trenes.
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La Corte Suprema de los EEUU sentenció la semana pasada en contra de la postura del Gobierno sobre la legalidad en la imposición de aranceles desde el inicio del Gobierno.
Conviene recordar que dicha Corte está formada por nueve magistrados, y que hoy la correlación “ideológica” es 6-3 (seis conservadores, tres liberales; de ellos, tres de los conservadores han sido directamente nominados por el presidente Trump).
A pesar de esas diferencias numéricas, la propuesta del Gobierno sobre los aranceles fue derrotada 6-3. O sea, tres magistrados “conservadores” se opusieron a ella.
Tras la sentencia de la Corte Suprema que invalidó su política de aranceles globales basándose en que el poder de imponer impuestos pertenece al Congreso, el presidente Donald Trump reaccionó con una dureza y furia notables hacia los magistrados conservadores que votaron en su contra:
«Una vergüenza para nuestra nación»; «Poco patriotas y desleales a nuestra Constitución«: (acusó a los magistrados de no defender los intereses del país); «Falderos» (Lapdogs): dijo que los jueces se estaban comportando como «falderos de los RINOs (republicanos solo de nombre) y de los demócratas de izquierda radical».
Finalmente, afirmó estar «absolutamente avergonzado de ciertos miembros de la corte» por no tener el «valor de hacer lo correcto».
El presidente incluso sugirió, sin presentar pruebas en ese momento, que la decisión no fue puramente legal, ya que la Corte fue «influenciada por intereses extranjeros» y por un movimiento político.
Sobre los jueces que él designó (en referencia implícita a Neil Gorsuch y Amy Coney Barrett), comentó con sarcasmo que eran «una decepción para sus familias» y mencionó que quizá no serían invitados al discurso del Estado de la Unión.
Sobre el contenido del fallo señaló que era contradictorio porque, según él, le permite «destruir al país» (en referencia a otros poderes presidenciales), pero no «cobrar una pequeña tarifa».
A pesar de la derrota, minimizó el impacto legal asegurando que tiene «alternativas muy poderosas» -minutos después anunció un nuevo arancel global del 10% bajo una ley distinta, la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974-. Porcentaje que luego ha aumentado, al momento de escribir esta nota, a un 15%.
En contraste, Trump elogió efusivamente a los tres jueces que votaron a su favor (Samuel Alito, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh).
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Conviene recordar que, en Estados Unidos, los magistrados de la Corte Suprema son nominados por el presidente, sí, pero pasan por un proceso de confirmación duro en el Senado y, una vez aprobados, tienen el cargo vitalicio. No son electos por votación popular. Y por eso acabamos de ver el Estado de derecho en funcionamiento: una Corte con mayoría conservadora frenando a un presidente conservador. Eso es independencia en acción.
Las palabras finales de la opinión del juez conservador Neil Gorsuch en el caso de los aranceles de Trump son una loa a la separación de poderes y a la importancia del Poder Legislativo. Montesquieu hubiera estado orgulloso, porque sintetiza la base constitucional de la decisión mayoritaria. En sus palabras, Gorsuch subraya que la autoridad para imponer cargas económicas a la nación no es un privilegio del Ejecutivo, sino una facultad deliberativa del Legislativo:
«Nuestra Constitución no confía la facultad de imponer impuestos al juicio de un solo hombre, por muy urgentes que considere las circunstancias. El poder de gravar y regular el comercio exterior reside, por diseño y necesidad, en los representantes electos del pueblo en el Congreso. Permitir que el Ejecutivo reclame esta autoridad bajo el pretexto de una emergencia permanente despojaría a la soberanía nacional de sus salvaguardas más elementales. Por lo tanto, el sistema de pesos y contrapesos exige que la política arancelaria regrese a la esfera legislativa, de donde nunca debió haber salido.»
La verdadera legitimidad judicial no nace de los votos en las urnas, nace de la capacidad de frenar excesos sin miedo al costo político. Cuando un país entiende eso, el Estado de derecho respira. Cuando lo olvida, el poder empieza a quedarse sin contrapesos.
