Antonio Elorza: El crimen de Ceuta

Ilustración generada mediante IA.

El diccionario de la Real Academia refrenda el uso del término para expresar lo ocurrido en Ceuta desde el 30 de julio: «Crimen es la acción voluntaria para matar o herir gravemente a alguien». La víctima en este caso no es individual, sino un colectivo humano. El asalto masivo a la ciudad ha dañado ya de modo irreversible la vida de sus habitantes y responde además a un propósito claro: hacer imposible la normalidad en el futuro. Y el crimen ha producido además unos daños colaterales graves: más de un centenar de jóvenes han perecido al intentar a nado el acceso al enclave.

Salvo en la condición colectiva, no individual, de la víctima, la dinámica del suceso se ajusta a la de cualquier serie policial ofrecida por la televisión. Se trata de un acontecimiento extraordinario, que surge de improviso, al menos para el amplísimo arco de espectadores a escala mundial, de espectacularidad innegable, y donde la identificación de las víctimas no ofrece ninguna duda. Muy pronto, la rápida designación de un falso culpable —las supuestas mafias señaladas por Marruecos y aceptadas a ciegas por Sánchez— supone un primer indicio de culpabilidad en quien lanza esa cortina de humo.

Y finalmente, ya que no como culpable, sí existe seguridad en cuanto a un primer responsable por omisión de que el asalto hubiera tenido lugar: el Gobierno español, que desde la invasión de Ceuta en 2021 nada ha hecho para evitar la repetición. Además, por uno u otro grado de desinformación, desatendió los indicios de que algo grave podía pasar al conocerse la sentencia del Tribunal Supremo. Fue el punto de partida de un recital de ineficacia.

Las sospechas se concentran en una sola dirección, sin por ello llegar a la identificación plena del culpable, necesaria para la fijación de políticas que evitaran la repetición del crimen. A ello se añade una complicación adicional: ha existido una connivencia entre el responsable previo por omisión, el Gobierno de Madrid, y el principal sospechoso, el de Rabat, pero envuelta en movimientos de uno y otro dirigidos a ocultar la realidad de lo ocurrido. Lógicos en el caso del segundo; inexplicables en el primero, salvo para confirmar su reiterada preferencia por la política del avestruz,

Gracias a la crónica involuntaria del prestigioso escritor marroquí Tahar ben Jelloun, testigo directo, se confirma la hipótesis más plausible: como mínimo, los servicios de seguridad marroquíes hicieron posible la invasión. Esta circunstancia, habida cuenta de la estricta jerarquía del poder allí vigente, traslada la responsabilidad al todopoderoso jefe de la Seguridad Nacional marroquí, Abdellatif Hammouchi, y, como último aval, aún más arriba. «He visto a cientos, a miles de jóvenes» —escribe del día 30 Ben Jelloun para Le360—, «en camiseta y pantalón corto, caminando en pequeños grupos, dirigiéndose a Ceuta» y «la policía marroquí, sin intervenir».

«En el asalto del día 30 puede verse un paso más en la estrategia de Marruecos para sofocar la vida de las dos ciudades españolas»

Ello le produce a él, ferviente irredentista sobre Ceuta y Melilla, «vergüenza y cólera», porque es un baldón para su patria, especialmente cuando Mohamed VI preside allí cerca la celebración de su acceso al trono. Ha vuelto sobre el tema en el mismo diario, el día 12, y reivindicando «el derecho a saber», se pregunta cómo pudo Hammouchi, el eficacísimo encargado de la Segud, «que sabe todo lo que se trama» en el país, ignorar la marcha de decenas de miles de jóvenes sobre Ceuta.

La pregunta lleva consigo la respuesta: imposible ignorarla. La cuestión es entonces por qué eso pudo darse. Llegados a este punto, el papel de las redes revistió gran importancia, pero como amplificador, no como causa última. Un buen conocedor del tema marroquí, Ignacio Cembrero, piensa en una posible represalia de los servicios secretos que desencadenó el tsunami. Con un alcance más general, en la misma línea puede verse en el asalto del día 30 un paso más en la estrategia de vueltas de tuerca sucesivas, desarrollada por Marruecos a partir de 2021, para cercar y sofocar la vida de las dos ciudades españolas, desde la asfixia económica a la presión migratoria, mediante golpes sucesivos.

El primer comentario editorial en Le360, órgano de prensa próximo al Rey, se sitúa en esa línea: lo ocurrido probaría la necesidad de poner fin a la «ocupación» de los enclaves por España. Un editorial que el diario reproduce un día tras otro hasta hoy. Ahora bien, a partir de ahí, la línea ya no es tan segura. Cabe pensar que las dimensiones alcanzadas de inmediato por la invasión hicieron ver que el episodio era una caja de Pandora, apuntando en exceso a una responsabilidad marroquí y de paso, al tener lugar en un tiempo de negociación de acuerdo con la UE, arruinaba la imagen de Marruecos como socio «fiable» en un tema tan sensible como la inmigración.

Sin olvidar, en fin, la coincidencia con la Fiesta del Trono, celebrada por Mohamed VI a pocos kilómetros de Ceuta, generando un efecto bumerán, ya que se compadecía mal el balance triunfal del monarca sobre los progresos de su país, con el hecho de que miles de jóvenes se jugaran la vida para dejarlo atrás. Por añadidura, al «todos a Ceuta», sin problemas del día 30, sucedió el regreso de masas del día siguiente, que justamente ha llamado la atención del PP.

«Salvo en la visita de Margarita Robles, el viaje a Ceuta de otros ministros confirmó la impresión de encontrarse desbordados por la crisis»

Gracias a ese regreso mayoritario, pudo afirmar Marlaska el martes siguiente ante la UE que la situación se iba normalizando… con 10.000 invasores todavía en la ciudad. Y por indicación personal del rey marroquí, según el día 6 anuncia el diario, se pone la iniciativa de recuperar a todos los menores de nacionalidad marroquí, sobre cuyo eco en el Gobierno español guardó silencio, aunque luego sirviera al ministro Albares para anticipar un irreflexivo pronóstico optimista. Hubo también una ocasional crítica a Sánchez por no avisar de los posibles efectos de la resolución del Supremo. Hasta que el ministro de Justicia, Abdelrratif Ouahbi, hombre muy próximo al Rey, jefe de su partido político, tomó el mando de las operaciones.

Entre tanto, el Gobierno español se ocupó de reforzar las defensas de la ciudad frente a una nueva ola migratoria, pero, salvo en la visita de Margarita Robles, el viaje a Ceuta de otros ministros confirmó la impresión de encontrarse desbordados por la crisis. Sin brújula. Hacia el resto del país, la distribución de los menas se presentaba para el Gobierno como único problema de importancia a resolver, en espera tal vez de que un día todo se olvidase.

¿Inconsciencia o engaño? Ahora que conmemoramos a Fidel Castro en su centenario, vale la pena recordar su creación de un personaje cuyo papel consistió en solo engañarle y burlarse de él; aquí y ahora les tocó emularle uno tras otro a los ministros que visitaron o hablaron sobre Ceuta, con la sociedad española como destinatario. Haciendo que hacían, para no hacer nada, y menos para evaluar ante el país el alcance de la crisis o para apuntar sus posibles salidas.

Partiendo de disparates tales como el temprano de Marlaska, anunciando una «normalización» inminente, hasta el último de Albares, al prometer que «hasta la última persona entrada irregularmente, será devuelta a Marruecos». De ocultar la realidad a prometer lo imposible. Epílogo: la ministra dice que la sanidad en Ceuta está «tensionada», no colapsada, siendo desmentida por el reportaje de El País en la misma página del domingo 16. El engaño como medio y como fin. Sin distinción de género, un remake perfecto a escala colectiva del figurón fidelista.

«A Sánchez le preocupa solo lo de siempre: ocultar cuanto ocurre y salir indemne de una catástrofe por él provocada»

Solo que la situación no tiene la menor gracia. A excepción de Margarita Robles, isla de dignidad e inteligencia en un mar de confusión. Supo mostrar empatía con la gente, que los abucheos pueden ser sanos, no hay que temerlos, e incluso dejar claro que un eventual golpe de Rabat a «la integridad territorial española» —Sánchez dixit— había fracasado. Y el Ejército está donde debe estar. El resto, a la sombra de una ausencia más del presidente, nulidad absoluta.

Una confirmación de que a Pedro Sánchez le preocupa solo lo de siempre: ocultar cuanto ocurre y salir indemne de una catástrofe por él provocada. Por eso decide que sus ministros no informen al Senado, ninguneando a la segunda Cámara. Para la Robles, veto: aquí manda él. Ya se cocinarán las cosas tarde y bien en el Congreso.

Entre tanto, asistimos a la contraofensiva marroquí. Buen conocedor del paño, Franco evocó en su día la eficacia de una táctica de guerra propia del país vecino, consistente en rehuir el enfrentamiento abierto, conjugando en el golpe agresivo la ocultación y la malicia. Los rifeños lo llamaban «saber manera», y a ello parece acudir el ministro de Justicia, Ouahbi, en unas declaraciones, donde insiste con fuerza en el irredentismo y en censurar la política de regularización de inmigrantes por Sánchez.

Si los va a legalizar, advierte con un punto de razón, ¿por qué va a pedir a Marruecos que actúe como gendarme impidiendo su entrada? Al mismo tiempo, exige la devolución de los menores, «para que puedan incorporarse a la escuela a tiempo». Rasgo de ternura. Más la acusación última al Gobierno español de impedirla. Son palabras preocupantes, ya que indican un deterioro en las relaciones, sin que sirviera de nada la vocación absolutoria mostrada por España de principio a fin. Mirando exclusivamente a Europa, Marruecos exhibió el día 15 su capacidad como guardián de una frontera, socio «fiable».

«Entre tanto, se agrava la agonía de la Ceuta invadida, emparedada entre dos mentiras de Estado»

En fin, como Albares & Co son mudos sobre el tema, solo falta que el inamistoso Oauhbi tenga razón y Sánchez prefiera quedarse con los menas como munición para su guerra eterna contra las comunidades de PP y Vox. La clarificación es imprescindible. Mucho antes del día 27, en que ya está convocada la reunión para el reparto.

El tema es complicado, pero debiera darse con el camino para una solución, siquiera parcial. Ya está bien que, mientras Ceuta permanece agobiada por un problema tan gravoso, desde una hostilidad inmerecida, el Gobierno marroquí afirme su prestigio gracias a la barrera del día 15, haga una oferta de imposible cumplimiento total, pero parcialmente atractiva, y ante todo ello, Sánchez siga a su aire, ignorando los intereses de su país en general, y de los ceutíes en particular.

Entre tanto, se agrava la agonía de la Ceuta invadida, emparedada entre dos mentiras de Estado. La del Gobierno español, inactivo, para quien una realidad angustiosa en Ceuta no cuenta ante la exigencia de no manchar la imagen impoluta de Pedro Sánchez. Y la del Gobierno marroquí, el cual, aprovechando lo anterior, tiene todo el interés en seguir capitalizando el daño causado a la ciudad por la invasión. A partir de ahora, Ceuta vivirá bajo una sensación permanente de inseguridad.

Si es que la situación actual es vivir, con la presencia indeseada e indeseable de los miles de huéspedes llegados el 30 de julio. Albares afirma que ningún inmigrante entrado irregularmente podrá quedarse, pero ¿qué está haciendo el Gobierno para superar el actual callejón sin salida? Con toda seguridad nada, si atendemos a la línea de intervenciones ministeriales, de Siga Rego a Mónica García, al centrarse en los inmigrantes y no en el problema para Ceuta.

«Como objetivo de la acción de Gobierno debe estar la prioridad de una ciudad española amenazada de destrucción»

Tal parece ser la escapatoria del Gobierno, olvidando que no se trató de una suma de llegadas individuales, sino de participantes en una invasión, según la definiera el propio Pedro Sánchez: «Una agresión y una violación a la integridad territorial». Sin que ello suponga ignorar los derechos individuales de quienes formaron parte de la agresión colectiva, la prioridad debe consistir en atender al sujeto también colectivo que la sufrió, por toda la sucesión de perjuicios que representaría su desatención. De entrada, alentar nuevas invasiones.

En una palabra, no se trata de olvidar los derechos de los inmigrantes irregulares, pero por delante, como objetivo de la acción de Gobierno, debe estar la prioridad de una ciudad española amenazada de destrucción por una plaga, en el sentido estricto del diccionario de la RAE («calamidad grande que aflige a un pueblo»). Y ello exige proceder a la expulsión, según la fórmula jurídica que la haga viable, de los remanentes de la invasión del 30 de julio. Y si eso no es posible, que Albares lo explique y luego haga el favor de guardar silencio para siempre, tras desmentir su compromiso.