Argentina llega a la fecha límite para evitar el ‘default’ sin acuerdo con sus acreedores
La partida de póker entre Argentina y sus acreedores llega a su fin. El plazo para alcanzar un acuerdo que evite el default del país expira el viernes 8 de mayo. Pero aún aparecen nuevas cartas, como el respaldo al Gobierno argentino de 138 economistas de máximo nivel internacional, y no parece imposible que el juego se prolongue hasta el 22 de mayo, fecha en que la suspensión de pagos debería hacerse formal. Ambas partes parecen decididas a mantener la guerra de nervios hasta el último minuto.
El ministro de Hacienda, Martín Guzmán, negociador por parte argentina, publicó el lunes en el diario londinense Financial Times un artículo en el que daba por cerrada su oferta. “Nuestra propuesta”, explicaba, “incluye un período de gracia de tres años, una reducción del 5,5% en el nominal de los bonos y una reducción del 62% en los intereses. Deja a los acreedores con un cupón promedio del 2,3% frente al actual promedio del 7%, lo cual no es bajo considerando el actual nivel de los tipos de interés. En breve, no pedimos a nuestros acreedores que pierdan dinero, sino que ganen menos”.
El miércoles, 138 economistas, entre ellos los premios Nobel Joseph Stiglitz y Edmund Phelps, el asesor de la ONU Jeffrey Sachs (cercano a algunas posiciones neoliberales) y el gran gurú del progresismo, Thomas Piketty, firmaron una carta de respaldo a la oferta de Guzmán, calificándola de “responsable”, y pidieron a los acreedores privados que actuaran “de buena fe”. La ministra de Economía española, Nadia Calviño, envió también una carta de apoyo al ministro Guzmán.
Ese mismo día, en una conferencia telemática con académicos de la Universidad de Columbia (Nueva York), Martín Guzmán se declaró “flexible” y dejó la puerta abierta a la presentación de contrapropuestas por parte de los grandes acreedores, gigantescos grupos de inversión como Blackrock, Fidelity o Pimco. Reveló que Blackrock (que gestiona activos por más de cinco billones de dólares) le había hecho llegar una propuesta alternativa “inaceptable” porque exigía pagos inmediatos, en plena pandemia y con el país en cuarentena. Guzmán insistió en que cualquier contraoferta debía ser “realista” y adecuarse a la capacidad de pago del país.
Casi simultáneamente, un grupo de acreedores (entre ellos Monarch, HBK y Capital Group) acusó al gobierno argentino de presentar una oferta unilateral y “confiscatoria” y se declaró abierto a negociar, pero dejando abierta la posibilidad de asumir un default y demandar a la República Argentina ante los tribunales neoyorquinos.
A la espera de que se conozca, en unas horas, quién acepta y quién no, y si prosigue la tensa partida o todo desemboca ya en la novena suspensión de pagos de la historia argentina, la posición de los grandes acreedores (los pequeños se muestran inclinados a asumir la oferta de Guzmán) no parece muy ventajosa. Diversos abogados estadounidenses especializados en quiebras soberanas y el propio Alfonso Prat-Gay, primer ministro de Hacienda en el Gobierno conservador de Mauricio Macri y buen conocedor de Wall Street, coinciden en que los fondos de inversión no tendrían mucho que ganar en un litigio que sería largo y complejo.
Un juez neoyorquino les permitiría probablemente recuperar el capital íntegro (Guzmán quiere reducir 3.600 millones de dólares de una deuda total de 66.238 millones), pero fijaría unos intereses acordes con los vigentes en Estados Unidos, ahora mismo en cero, con lo que lo que los acreedores ganarán por un lado podrían perderlo por otro.
“Un default sería muy malo para Argentina, pero sería aún peor para los acreedores”, dijo Prat-Gay, quien insistió en la necesidad de un acuerdo de último minuto. Lo mismo reclamó la Asociación Empresaria Argentina, que agrupa a las corporaciones más importantes del país.
Lo que más preocupa a los grandes acreedores no es tanto la merma en sus ganancias, como los tres años de gracia sin pago de capital ni intereses. Porque significa que sería el próximo gobierno argentino, no el actual, quien tendría que poner en práctica la devolución de la deuda bajo las nuevas condiciones. Y nadie sabe quién formará ese gobierno. Los acreedores reclaman que ya bajo la administración del presidente Alberto Fernández se realice algún pago, aunque sea simbólico.