Bochornoso caos del Gobierno con los datos

La gestión de la pandemia por parte del Gobierno empeora día tras día, lo que no hace más que aumentar la incertidumbre y la inquietud de una ciudadanía que asiste atónita a un espectáculo bochornoso de improvisación, irresponsabilidad y negligencia. El Gobierno publicó ayer en el BOE una orden que modifica el sistema para la obtención de datos que permitan monitorizar el número de contagiados por Covid-19 en nuestro país. Salvador Illa justificó esta decisión en aras de ser más «exigentes» con las comunidades autónomas y alegó que para poder alcanzar la fase de la desescalada es imprescindible disponer de «datos de calidad». Este bandazo da alas a los detractores del Estado autonómico, en la medida en que evidencia la descoordinación entre administraciones y la inoperancia para hacer frente a la pandemia. Pero, al mismo tiempo, también revela la hipocresía de un Ejecutivo parapetado en excusas con tal de eludir sus responsabilidades. Por mucho que el ministro de Sanidad trate de cargar el mochuelo a los gobiernos regionales, la realidad es que si en España no hay un recuento riguroso de los infectadas y fallecidas por coronavirus es por la incapacidad del mando único. Es una burla inaceptable a los ciudadanos, que cumplen de forma cívica las restricciones que impone el confinamiento. La gravedad de la pandemia obliga al Gobierno a hacer frente a esta emergencia. Pero, inmediatamente después, la obligación pasa por una drástica depuración de responsabilidades. La incompetencia de las autoridades sanitarias, tanto en el mando político como científico, no puede quedar impune, porque sus efectos son trágicos.

Si Illa afirma ahora que necesita datos «de calidad» significa que, hasta ahora, Sánchez ha estado adoptando decisiones de Estado sin el respaldo de una información técnica fiable. A partir de ahora, las autonomías solo podrán contar los casos o fallecidos con test o PCR positiva, no los sospechosos. Este cambio impedirá contabilizar los más de 3.300 fallecidos extra que hizo aflorar Cataluña anteayer a partir de datos de funerarias -cifra que Sanidad ha recalculado a la baja- o los más de 3.000 que contabiliza Madrid fuera de los hospitales.

Que un Estado moderno como España se muestre incapaz de aquilatar el número exacto de víctimas de una enfermedad tan devastadora revela a la vez deficiencias estructurales y negligencias políticas. Primero minusvaloró los riesgos de la pandemia y ahora se muestra incapaz de concretar un plan de desescalada, precisamente porque no cuenta con datos fidedignos ni con la capacidad de detectar, hacer pruebas, aislar y rastrear los contactos de cada caso. A este despropósito se suma la vergüenza de seguir rechazando material por inservible -tal como acredita la retirada urgente de mascarillas que el Ejecutivo envió a las comunidades- y la humillación que supone recibir ofrecimientos de ayuda de países a los que la ola de la epidemia llegó más tarde, hecho que retrata la menesterosidad de España ante el mundo. Nos ofrece ayuda Alemania, cuyo Gobierno ha declarado que tiene la epidemia bajo control después de un mes de restricciones sociales y tras efectuar 350.000 test a la semana. Cualquier comparación con el drama que sufren los españoles resulta hiriente. No hay manipulación ni ingeniería de datos que pueda tapar el descrédito, la arrogancia y el descontrol de un Gobierno inepto.