Bolivia: golpismo, coca y confrontación Evo/Arce
«… el país históricamente refleja una vocación golpista de las fuerzas armadas, con más de 36 golpes de estado desde la independencia en 1825»
Para entender la nueva crisis política de Bolivia, resaltada con la reciente y aparente intentona golpista, es importante referir los factores históricos y la influencia de las agrupaciones productoras de coca, que en conjuntos explican en gran medida la inestabilidad política que ha caracterizado a ese país andino, hijo del prócer venezolano y Mariscal de Ayacucho Antonio José de Sucre.
Bolivia se caracteriza por una marcada diversidad geográfica y demográfica, con un acentuado componente indígena expresado en 36 etnias que representan cerca del 60% de la población, especialmente las etnias quechua y aymara, Igualmente el país históricamente refleja una vocación golpista de las fuerzas armadas, con más de 36 golpes de estado desde la independencia en 1825. El país ha experimentado decadas de dictaduras e inestabilidad política; solo entre 1978 y 1982 hubo 8 presidentes, la mayoría con regímenes caracterizados como narcodictaduras, con un importante incremento de la exportación ilegal de cocaina que llegó a superar 850 millones de dólares, el doble de las exportaciones legales del país. Y entre 1987 -89, a pesar de cortos periodos de gobiernos democráticos, la exportación clandestina de cocaina igualaba al total de las exportaciones legales del país, con un empleo en esa area estimado en entre el 2 y el 6% de la población activa.
La recurrente inestabilidad política que ha caracterizado a Bolivia en las últimas décadas está marcada por la activa participación del máximo dirigente del llamado Movimiento al Socialismo (MÁS) Evo Morales, cuya ideología los estudiosos califican como una versión de comunismo racial, con marcada tendencia indigenista. Hay que recordar que Evo Morales inicia su primer mandato para el periodo 2006/2010 como el sexagésimo quinto presidente de Bolivia y el primer presidente sindicalista cocalero y activista indígena aimara, opuesto a los programas de ajuste económico de los gobiernos anteriores y a la erradicación del cultivo de coca, actividad de la cultura ancestral de los indígenas, especialmente aimaras. Su triunfo electoral se produce luego de masivas protestas públicas que generaron la renuncia del presidente Sánchez de Lozada en octubre de 2003 y la desestabilización política, con varios presidentes interinos hasta que se adelantó la convocatoria de las elecciones para el periodo referido 2006-2010.
Evo fue luego reelecto para un segundo mandato 2010/2015 y en abril de 2013 logró una controversial interpretación de la Corte Suprema para su habilitación para un tercer periodo hasta 2020, con los votos favorables en un muy cuestionado proceso electoral. Luego promovió cambios legislativos con miras a asegurarse en 2019 un cuarto mandato, mediante una reforma constitucional aprobada en septiembre 2015 por la Asamblea Legislativa que tenía bajo su control, pero la reforma le fue negada en un referendo en febrero de 2016, lo que representó su primera derrota en 10 años. Hay que resaltar que todos sus tres periodos fueron caracterizados por un mandato de gobierno con tendencia centrista, estatista y de sesgo personalista, con notables casos de corrupción, violacion del estado de derecho, ausencia de división e independencia de los poderes públicos, amenazas a la libertad de expresión, persecución a sus opositores y procesos electorales con graves irregularidades. Su gestión fue además estrechamente vinculada con los sindicatos cocaleros involucrados con la producción de drogas.
Haciendo caso omiso al referendo constitucional de 2016 Evo promovió la manipulación del Tribunal Constitucional en un nuevo intento para asegurarse un cuarto mandato en las elecciones convocadas para octubre de 2019, las cuales fueron desconocidas por fraudulentas, mediante un golpe cívico-militar que llevó a Jeanine Añez a la presidencia interina, generando activas protestas de la poderosa organización de cocaleros que respalda a Morales, lo que obligó a la convocatoria de nuevas elecciones para octubre de 2020 en las cuales fue electo Luis Arce, el actual presidente antiguo aliado y exministro de economía de Morales, quien lo acusa de haber boicoteado su candidatura para 2025, a la cual aspira igualmente Arce. Morales quedó nuevamente inhabilitado para la carrera presidencial de 2025 por ya haber ejercido los dos mandatos que permite la norma.
Hay que señalar que el gobierno de Arce, miembro igualmente del Movimiento al Socialismo que lidera Morales, ha estado sometido a activas y violentas protestas por la poderosa organización de cocaleros que respalda a Morales desde la región de Cochabamba y que reclama la renuncia del Tribunal Constitucional que inhabilitó a su líder. El actual gobierno de Arce está también señalado por sus tendencias autoritarias con más de 200 presos políticos, incluyendo la expresidenta interina Jeanine Añez y el gobernante de Santa Cruz Luis Fernando Camacho.
El más reciente intento de desestabilización política se ha evidenciado en Bolivia con la curiosa maniobra militarista que el pasado 26 de junio promovió el ex comandante del ejército Juan José Zúñiga, quien irrumpió en el palacio de gobierno con algunas tropas exigiendo la renuncia de varios ministros y prometiendo la restauración de la democracia en el país, para luego de ser confrontado por el presidente Arce, señalar que fue este quien le pidió “preparar algo” para levantar su deteriorada popularidad y quien autorizó la movilización de las tropas Es por eso que Evo Morales fundador del partido de Luis Arce (MÁS) se adelantó a denunciar que hubo un autogolpe y acusó Arce de haber engañado al pueblo boliviano y al mundo entero con ese autogolpe, reclamando realizar una independiente y completa investigación para determinar la veracidad de ese hecho.
No hay dudas que este nuevo proceso de desestabilización política y social de Bolívia está vinculado a la crisis internas que se aprecia en el Movimiento al Socialismo frente a las nuevas elecciones presidenciales que deberán realizarse en el país, previstas para agosto de 2025. Es muy probable que lo sucedido con el pasado movimiento militar haya sido promovido por Luis Arce para tratar de levantar su deteriorada popularidad y asegurar la posibilidad de su reelección para un segundo mandato como presidente.
Pero igualmente no es descartable que la confrontación planteada entre Arce y Evo Morales revele las intenciones sin escrúpulos de este caudillo aimara en la búsqueda de un nuevo acceso a la presidencia, para lo cual además ha estado convulsionando al país con protestas anti gubernamentales y una nueva intención de fraudulentas reformas y maniobras para tratar de lograr un cuarto mandato presidencial. No hay que desconocer que Evo es experto en maniobras legales sin escrupulo, movido por sus notables ambiciones de poder, por ello se le reconoce la siguiente frase que revela su poco respeto por la ley : “ Quiero que sepan que cuando algún jurista me dice: Evo tú estás equivocado jurídicamente, eso que estás haciendo es ilegal, yo le meto por más que sea ilegal. Después les digo a los abogados, si es ilegal legalicen ustedes ¿para que han estudiado?”.-
