“Por un proceso continuo de inflación, los gobiernos pueden confiscar, secreta e inadvertidamente, una parte importante de la riqueza de sus ciudadanos”. — John Maynard Keynes
“El principio de gastar dinero para que lo pague la posteridad, bajo el nombre de deuda, no es más que estafar al futuro a gran escala”. — Thomas Jefferson
Cuando abordamos con los alumnos en clase la consideración del Título VI de la CRBV, Del Sistema Socioeconómico, advertimos que se trata del espacio material que concierne a lo que se denomina en buena parte de la doctrina «Constitución Económica» y, juntamente con el Capítulo VII del Título III ejusdem, relativo a los derechos económicos de los ciudadanos, dispone parte del ensamblado normativo que articula, diseña y asienta las bases del Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia con el que se define el Estado constitucional en Venezuela, según prescribe el artículo 2 del Título I, relativo a los Principios Fundamentales de la República; aunque habría que agregarle el Capítulo V del Título III, relativo a los Derechos Sociales y de la Familia.
Sin embargo, haremos mención en esta oportunidad a lo que ha sido en estos años el mayor fiasco que el país conoció y sobre el que se fundamenta la crisis fiscal que nuestra nación soportó y padece; producto del desorden, la indisciplina, el desastre monetario con una inflación brutal y el manejo atrabiliario de la deuda que resultó del mal gobierno del chavomadurismo-militarismo-castrismo-ideologismo, y nos llevó del histórico equilibrio macroeconómico —aunque en verdad con cíclicos sobresaltos— a la mayor vulnerabilidad económica y financiera en más de un siglo, que nos muestra, además, como un país macroeconómicamente extenuado.
No podía ser de otra manera. La caída del Producto Interno Bruto alcanzó un porcentaje equivalente al 70 % desde 2013, que se acompañó luego de la mayor hiperinflación del mundo, mientras se marchaban de Venezuela ocho millones de compatriotas. Estanflación suele llamársele a esa combinación de estancamiento e inflación. Decía uno de mis profesores del IESA que ese era, para un economista, «el peor de los mundos».
En paralelo, el país entró en default desde hace ya una década. Dejó de honrar sus obligaciones y perdió, además, la posibilidad de acceder al mercado internacional del dinero; por el contrario, es un deudor moroso e insolvente, que no asume la dimensión ni la gestión de su pasivo, con un altísimo riesgo país.
La situación se conjuga también con la grave disfunción de los servicios públicos, que se muestran incapaces de proporcionar las prestaciones que de ellos cabría esperar. Así ocurre con la salud, la educación y el agua potable, y uno más destaca en especial: la generación y distribución de electricidad, que además compromete, por la insuficiencia que presenta, las posibilidades de acrecentar la producción, particularmente de petróleo, que vuelve a ser nuestra palanca.
A la adicción al gasto, al dispendio compulsivo, a la ignorancia, a la descomposición venal y a la irresponsabilidad debemos el anotado colapso. A la ausencia de control y rendición de cuentas, a la alienación de la institucionalidad —que quebrantó los mecanismos de control fiscal, como se dijo arriba, para complacer al mayor depredador de nuestro devenir que llamaron revolución—, a la kakistocracia que se echó a andar y al lascivo déficit fiscal entronizado, anotémoslos como base etiológica de nuestra patología.
Lo peor consiste, sin embargo, en el empobrecimiento de nuestra gente, como lógico resultado y comportamiento de las variables señaladas que redujo nuestra economía groseramente, afectando el salario, el empleo, la estabilidad de los precios, el equilibrio fiscal y la balanza de pagos, y evidenciando entonces una retorsión crítica de los objetivos de política económica de naturaleza coyuntural.
Ahora bien, ¿cómo llegamos allí? El mal manejo de las finanzas públicas y la desobediencia a cánones y parámetros regulares comenzaron cuando llegó Hugo Chávez al poder y, cabe anotar, no se han detenido y siguen a pesar de las advertencias y de las críticas que ya no pueden evadirse.
El dispositivo constitucional y legal apuntó certero, no obstante, desde 1999 y también al inicio de la década de los 2000, pautando criterios de disminución de la discrecionalidad y delineando un programa que se constituyó como Sistema Nacional de Control Fiscal, con leyes orgánicas bien concebidas y estructuradas.
Decimos que las reglas fiscales constitucionales, la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público (LOAFSP) y sus reglamentos, la Ley del Banco Central de Venezuela y la normativa presupuestaria se erigieron prometedoras; pero la inobservancia, las reformas para no cumplir precisamente esas mismas leyes y la absoluta lenidad del órgano contralor dieron al traste con los propósitos de ofrecer parámetros que pudieran contener los abusos, los excesos, la malversación y, por supuesto, la contaminación del sistema, inficionados sus elementos de corrupción e impunidad. PDVSA es el mejor ejemplo de lo que acá asiento.
Para salir del atascamiento, me temo, será necesario un cambio mayúsculo, una genuina revolución copernicana en la conducción del país y de la perspectiva y estrategia de la política económica. Escuchar a los voceros del Gobierno decir que para mantener lo que tenemos es menester sostener, apoyar y respaldar a Delcy Rodríguez revela la intención de continuar haciendo lo que ya hicieron y, francamente, siento que el país necesita desesperadamente otra gente y otras políticas.
Venezuela deberá, diría la receta del FMI, proceder con medidas cuya implementación exige confianza en el liderazgo. En el corto plazo, un Programa de Estabilización de Emergencia y Freno a la Inflación. Para ello, tiene que detener el financiamiento monetario del déficit, dado que la emisión de dinero sin respaldo por parte del Banco Central es la causa principal de la hiperinflación o la alta inflación, y abordar la estabilización del tipo de cambio.
Paralelamente, acometer la sinceración y unificación cambiaria, eliminar las distorsiones cambiarias y permitir la flotación o un anclaje creíble de la moneda para detener la fuga de divisas y formalizar los ingresos fiscales por exportaciones.
Por otro lado, tendrá que recortar gastos y, para ello, reducir el tamaño del Estado, eliminando ministerios y la extensa enumeración de gastos no esenciales. También tocaría sustituir los subsidios indirectos y universales (como los servicios públicos o combustibles que se venden por debajo del costo de producción) por transferencias monetarias directas y focalizadas a las familias en pobreza extrema. Esto alivia la carga fiscal de inmediato sin desproteger a los más vulnerables.
Un nuevo gobierno recurriría a los organismos multilaterales (FMI, Banco Mundial, CAF) para obtener líneas de crédito de balanza de pagos que permitan financiar la transición sin recurrir a la emisión de dinero inorgánico.
Reestructurar la deuda, ampliar la base tributaria, auditar y reformar el sector petrolero —y no se trata de reformas legales simplemente— para luego hacer cumplir las reglas fiscales constitucionales y legales y resucitar el Fondo de Estabilización Macroeconómica para, de una vez por todas, disponer de un mecanismo eficiente: cuando el petróleo esté alto, los excedentes se ahorren; cuando baje, se usen esos fondos en lugar de emitir deuda o dinero.
Garantizar la autonomía del Banco Central de Venezuela (BCV), acatando la prohibición del financiamiento al Ejecutivo Nacional o a empresas del Estado (como PDVSA). El Banco Central debe centrarse exclusivamente en preservar el valor de la moneda. Lo dicho ya está en la CRBV y en leyes que ya mencioné, pero se les ha hecho fraude sistemático a los controles fiscales.
No pretendo sino superficialmente reflexionar sobre el tema de la indisciplina (lo hecho) y lo que iniciaría la tarea de ajuste, saneamiento y reeducación de la administración financiera pública venezolana.
Aterra escuchar entonces a algunos dignatarios referirse a la reestructuración de la deuda o a pactos en el campo petrolero que se manejan como unas estipulaciones adhesivas en las que el país se pliega simplemente a lo que decide el «inversor» extranjero. Angustia la opacidad con la que se manejan los negocios de hidrocarburos y minería y el destino de los dineros públicos, a raíz de los hechos del pasado 3 de enero.
Venezuela requiere mucho más que un golpe de timón. Hay otra transición pendiente: la del Estado anómico que tenemos hacia un verdadero Estado constitucional, democrático, social, de derecho y de justicia y, sobre todo, responsable y digno de una legítima república.
Nelson Chitty La Roche, nchittylaroche@gmail.com, @nchittylaroche
