Comunicado de la Comisión de Justicia y Paz de la CEV: Alto a los atropellos en las deportaciones
Los derechos humanos son los mismos para todos
“…He visto la aflicción de mi pueblo y he oído su clamor” Éxodo 3,7″
Comunicado de la Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal ante la situación en la zona fronteriza colombo venezolana:
1.- La Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal de Venezuela, atenta a todo lo que tiene que ver con los derechos humanos, se encuentra profundamente preocupada por diversas denuncias sobre graves violaciones a los derechos humanos en el marco del Decreto de suspensión de garantías constitucionales en varios municipios de la frontera, pues es una situación que afecta a todos los que vivimos en Venezuela, dado que es inmensa la presencia de colombianos en nuestra tierra, y son más los vínculos de fraternidad y cooperación existentes. Más allá de diferencias o de situaciones irregulares, priva el respeto a la vida y a un trato cordial. No se puede estigmatizar a todo un colectivo de presuntos delitos sin el debido proceso y el derecho a la defensa.
2.-La Comisión ha estado monitoreando y recabando información sobre los acontecimientos que se han registrado en la frontera colombo/venezolana en los últimos días, y ante las graves denuncias sobre masivas deportaciones de ciudadanos de nacionalidad colombiana, que sin ningún tipo de procedimiento previo, no se les ha garantizado un debido proceso establecido en nuestra Constitución y en tratados internacionales de Derechos Humanos debidamente suscritos y ratificados por Venezuela.
3.- Hemos tenido conocimiento que muchas de estas personas han sido obligadas a salir de manera abrupta, sin enseres, sin alimentos, muchos de ellos solo con la ropa que llevan puesta, sus casas allanadas sin ninguna orden judicial y destruidas; en algunos casos fueron robadas las pertenencias de aquellos pobres moradores.
4.- A ello se une el drama de ver familias separadas, especialmente madres y padres que han sido obligadas a dejar a sus hijos menores en territorio venezolano, y más grave aún resulta de enorme preocupación la utilización del poder punitivo del Estado para criminalizar a estos ciudadanos de origen colombiano como miembros de grupos irregulares.
5.- Condenamos cualquier actuación de esta naturaleza y hacemos un llamado a las autoridades venezolanas a aplicar todas aquellas medidas destinadas a garantizar el debido proceso y la integridad física de las personas, con especial énfasis en el derecho a la vida y lo propuesto en nuestra Constitución y leyes.
6.-Expresamos nuestra preocupación porque persisten las denuncias sobre un uso excesivo y desproporcionado de la fuerza por parte de agentes de seguridad del Estado, encargada de realizar dicho operativo. En un estado democrático de derecho y de justicia, no es posible aceptar que en aras de la defensa nacional, la seguridad y la soberanía, se hagan procedimientos militares de alta peligrosidad contra la población civil.
7.- Hacemos un llamado a las autoridades garantes de los Derechos Humanos de ambos países para que este problema que nos afecta a todos, tenga una rápida solución y que no se convierta en un problema político o ideológico, ni en una ocasión para promover la xenofobia o el desprecio de ningún ciudadano por razón de su origen.
8.- Nos solidarizamos con los millones de colombianos que han hecho vida en nuestra patria y nos han enriquecido con sus virtudes y capacidades. No hay familia venezolana que no tenga vínculos consanguíneos, de afinidad, de trabajo o de cualquier otra índole con nuestros hermanos colombianos lo que nos ha permitido vivir en fraternidad. A todos los familiares de las víctimas, les expresamos nuestra solidaridad y oración en estos momentos de tristeza y dolor. Pedimos a todos orar intensamente y colaborar con nuestros hermanos evitando cualquier estigmatización.
9.- En estos dolorosos momentos hacemos un llamado a la sensatez y a la calma. Que la condición de cristianos de la inmensa mayoría mueva las fibras de la solidaridad, de la misericordia, del perdón, y desterremos todo lo que nos lleve al desprecio, a la violencia, o a la guerra. Pedimos perdón porque los hechos y dichos sobre nuestros hermanos colombianos no representan el sentir de nuestro pueblo.
Exigimos
Que se restituya la normalidad cuanto antes, pues son más las penurias y zozobras que viven quienes habitan a ambos lados de la frontera, y no sólo a ellos, sino a toda la población de los dos países que siguen con estupor el desarrollo de los acontecimientos, a todas luces, denigrantes de la condición de seres civilizados y hermanos.
Devolución de bienes: muchas de las personas deportadas no han podido llevarse sus pertenencias que han quedado en el territorio venezolano, es de justicia devolver a quienes pertenecen los bienes inmuebles y de demás rubros; es urgente que la familia se reunifique en la totalidad de sus miembros para evitar una crisis humanitaria por deportaciones masivas, para ello deseamos como venezolanos ver la respuesta del Poder Moral en pleno, no justificando acciones, sino trabajando para que se respeten los Derechos Humanos de todos los ciudadanos, sean Venezolanos o Colombianos.
Sabemos de los dolores y tristeza en tantas personas que han sufrido y siguen sufriendo por estas acciones. Expresamos nuestra solidaridad y esperanza en estos momentos de angustia. Los ciudadanos venezolanos nos sentimos hermanos del vecino país, nunca han sido extraños, sino que tenemos una historia común. Estas acciones efectistas deben ponernos a reflexionar sobre el futuro de nuestro país, sobre las responsabilidades de la dirigencia política y militar en la conducción de nuestra nación, sobre la paz interna y lo que queremos y anhelamos los venezolanos.
EL ESTADO TIENE LA OBLIGACIÓN DE GARANTIZAR LOS DERECHOS HUMANOS DE TODOS SUS CIUDADANOS INCLUYENDO LOS EXTRANJEROS BAJO SU JURISDICCION
En Caracas, a los 28 días del mes de Agosto del 2015
Mons. Roberto Lückert León Mons.Baltazar Porras Cardozo
Presidente
Oficina de Justicia y Paz Comisión de Pastoral Social-Caritas