Ecuador, al borde de otra crisis institucional

Los recelos entre presidentes y sus vices son un clásico de la política, no solo en la Argentina y no solo en estos tiempos. Pero pocas veces, como en la actualidad en Ecuador, la tensión entre el mandatario, Daniel Noboa, y su segunda, Verónica Abad, puede conducir a una crisis institucional.

En la Argentina –donde parece aconsejable no perder de vista las diferencias entre el presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel–, esos entredichos se remontan al menos a 1868, cuando Sarmiento advirtió que su vice, Adolfo Alsina, solo estaría “para tocar la campanilla” como presidente del Senado. Sin embargo, nunca llegaron a determinar la suerte de un gobierno, por más que hayan debilitado seriamente a Juárez Celman, Frondizi y De la Rúa, tres presidentes que terminaron sus mandatos antes de lo previsto.

Noboa y Abad fueron electos en segunda vuelta hace un año para completar, hasta mayo de 2025, el período de cuatro años que encabezaba el presidente Guillermo Lasso, quien, para evitar ser destituido en juicio político, decretó lo que en Ecuador llaman muerte cruzada: la disolución de la Asamblea Nacional (parlamento) y el llamado a elecciones extraordinarias para renovar los dos poderes.

Vale decir que el acceso de Noboa y Abad al gobierno fue la consecuencia de una crisis institucional, algo a lo que Ecuador se había desacostumbrado a partir de 2007 –con los tres mandatos de Rafael Correa y el posterior de Lenín Moreno–, después de once años o tres períodos en los que ningún presidente pudo completar su turno.

Las diferencias entre el actual jefe del Estado y su segunda no tardaron en manifestarse: aún en plena campaña –que aquel realizaba preferentemente en la costa y ella, en la sierra–, Abad comenzó a sospechar que era espiada a través de una persona que Noboa le impuso a su equipo de prensa. Y el día de la asunción, cuando la tensión ya era evidente en los rostros de ambos, como lo muestran las fotos en que aparecen juntos, mientras el flamante mandatario recibía a los delegados extranjeros y demás invitados en el palacio presidencial de Carondelet, la vice se dejó ver comiendo en un mercado de Quito.

Al día siguiente, Noboa informó que Abad solo se dedicaría a ser “colaboradora para la paz” entre Israel y Palestina, y a los pocos días la envió como embajadora a Tel Aviv, pese a las protestas de ella y al consenso extendido entre los ecuatorianos de que su país tenía pocas chances de influir en el curso de la guerra en Medio Oriente.

Lejos de calmarse con la distancia, el conflicto continuó escalando, sobre todo en los últimos meses. Y en la medida en que sus límites son aún impredecibles, puso al país al borde de una nueva crisis institucional, debido a que Noboa acaba de inscribir su candidatura presidencial para las elecciones del 9 de febrero próximo –desde luego, con otra compañera de fórmula, María José Pinto, actualmente a cargo del programa gubernamental contra la desnutrición infantil–, por lo que está legalmente obligado a dejar su puesto en los 45 días previos a los comicios y no quiere delegarlo en Abad.

En mayo, la ONG Participación Ciudadana denunció a la vice ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) por una infracción supuestamente cometida en 2022, cuando fue candidata a alcalde de la ciudad de Cuenca, por la que podría hasta ser destituida. Abad sostuvo que el denunciante era un enviado de Carondelet. El caso aún no fue resuelto.

En agosto, la vicepresidenta presentó ante el TCE una denuncia por supuesta violencia política de género contra Noboa, la canciller Gabriela Sommerfeld y la asesora presidencial Diana Jácome, entre otros funcionarios, a quienes responsabilizó de acoso político y hostigamiento para forzarla a renunciar y evitar que asuma cuando el presidente deba pedir licencia por la campaña para las elecciones de febrero.

Noboa la acusó entonces de “traición a la voluntad del pueblo”, dijo que Abad lo quería “fuera del poder” para reemplazarlo y sostuvo que le parecía “evidente” que la vice estaba jugando “un rol en una trama mucho más grande”, en la que “se juntan entre los peores”. En tanto, Jácome contraatacó con un pedido al TCE para que le quitara la inmunidad a Abad y la multara por haber usado la violencia política de género como “excusa para perseguir intereses políticos y personales amparados con la vieja política”.

Septiembre fue mucho más activo. Por un lado, Abad pidió al parlamento que iniciara un proceso de fiscalización a Sommerfeld y a la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, a raíz de un sumario administrativo iniciado por esta última cartera debido a la demora con que la vice se mudó a Turquía, adonde se dispuso su traslado desde Israel por motivos de seguridad. Asimismo, pidió a los tribunales un recurso de amparo contra ese sumario –que le fue denegado– e interpuso ante el TCE una segunda denuncia por supuesta violencia política de género contra los mismos funcionarios, a los que imputó esta vez que la acusaran de promover un golpe de estado con su demanda anterior.

La temperatura del conflicto volvió a aumentar el 27 de septiembre, cuando Francisco Barreiro, el hijo mayor de Abad, denunció ante la Fiscalía General que era víctima de “intimidación y hostigamiento”, y que temía que lo secuestraran o lo mataran. Barreiro está procesado por supuesto tráfico de influencias en la Vicepresidencia, motivo por el que fue detenido en marzo y se le impuso prisión preventiva por 90 días, aunque salió en libertad bajo fianza al mes y medio. La investigación fiscal terminó en julio y la primera audiencia del juicio debía celebrarse el 11 de septiembre, pero fue aplazada sin que al cierre de esta nota se hubiea fijado una nueva fecha. Por ese caso, la Fiscalía pidió el procesamiento penal de Abad, pero la solicitud fue rechazada por la Asamblea Nacional.

Dos días antes de la denuncia de su hijo, entrevistada por CNN, Abad evitó responder cuando se le preguntó si el 9 de febrero votará por Noboa, a quien, por ahora, favorece la mayoría de las encuestas de intención de voto.

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