Paso a paso, el régimen de Nicolás Maduro va completando la asfixia de todo atisbo de vida democrática en Venezuela. Como muestra la huida a Colombia de la ex fiscal general Luisa Ortega, que había osado cuestionar el vaciamiento de poderes de la Asamblea Nacional por parte, primero, del Tribunal Supremo y, ahora, de la Asamblea Constituyente, en el abismo en el que el fanatismo de Maduro y sus secuaces ha sumido al país no queda espacio para la mínima disidencia.
La Asamblea Nacional es la única institución democrática que queda en el país. De ahí que el régimen chavista haya utilizado mil y un subterfugios para desembarazarse de ella. En un proceso de asalto al parlamentarismo democrático que pasara a los libros de su historia por su inquina y mezquindad, los chavistas han ido despojándola de todos sus poderes. Para ello han contado con la anuencia de un Tribunal Supremo infame y servil, convertido en instrumento ejecutivo del totalitarismo en el que ha devenido un régimen que presume de representar la vía al socialismo democrático en el siglo XXI, así como de una Asamblea Constituyente ilegal e impostora. Esa Constituyente, nacida de un fraude constitucional y democrático, no solo pretende sustituir a la Asamblea Nacional, sino convertirse en otro instrumento de represión contra las libertades de los venezolanos.
Hacen bien los embajadores de la Unión Europea y de América Latina en solidarizarse con la Asamblea Nacional personándose en el Palacio Federal Legislativo para así proteger a los parlamentarios de la oposición del hostigamiento de los chavistas. La triste realidad de Venezuela hoy es la de un país donde los derechos y las libertades han sido secuestrados y los representantes legítimos del pueblo han sido convertidos en rehenes. Es hora de no cejar en la presión internacional hasta lograr el completo aislamiento y deslegitimación de la dictadura chavista.
Es hora de no cejar en la presión internacional hasta lograr el completo aislamiento y deslegitimación de la dictadura chavista