Editorial: La impunidad de los funcionarios cubanos en la ONU
Deberían explorarse medidas disuasorias, advertencias o decisiones más radicales contra la política de acoso e intimidación de los diplomáticos del régimen.
Ilustración: Miembros de la delegación del régimen de Cuba en la ONU. Diario de Cuba
El intento de boicot y la violencia verbal contra los ex prisioneros políticos José Daniel Ferrer y Luis Manuel Otero Alcántara por parte de diplomáticos cubanos en la ONU forman parte de una política de acoso e intimidación que resulta inaceptable en la sede del organismo multilateral.
No basta con que estas acciones retraten fielmente la naturaleza represiva del régimen de La Habana —también desplegada en el pasado contra delegaciones de otros países—, sino que merecen la desaprobación expedita de la ONU.
Ese organismo cuenta con medidas de salvaguarda para evitar o sancionar los comportamientos agresivos. El Departamento de Seguridad de la ONU y el Servicio de Protocolo tienen facultad para revocar las credenciales de acceso a aquellos diplomáticos o funcionarios que hayan participado en alteraciones del orden.
Asimismo, la Presidencia del Consejo Económico y Social (ECOSOC), del Consejo de Derechos Humanos y de la Secretaría General tienen la potestad de emitir protestas formales ante la Misión Permanente de Cuba.
Hasta el momento, ninguna de estas medidas se ha ejecutado, a pesar del reiterado comportamiento de los funcionarios cubanos acreditados tanto en Nueva York como en Ginebra.
El Estado anfitrión —en este caso, Estados Unidos— también debería explorar medidas disuasorias, advertencias o decisiones más radicales, según la gravedad de los hechos. La Convención de Viena faculta al país sede para declarar «persona non grata» a los diplomáticos involucrados en actuaciones ilegales dentro del marco de Naciones Unidas.
