A pocas semanas de cumplirse cinco años de la Rebelión Cívica de 2018, decenas de feligreses católicos escucharon la respuesta contundente que demandaban al Papa Francisco, desde inicios de la represión que incluyó la persecución a sacerdotes y la vulneración de templos. El Papa consideró a Daniel Ortega un “desequilibrado” y comparó su régimen con una “dictadura hitleriana”. Esas palabras “nos dan fortaleza para seguir luchando”, dice un líder de pastoral de Managua. Sin embargo, también temen una nueva ola de persecución contra la Iglesia.
Ortega reaccionó suspendiendo de forma unilateral las relaciones diplomáticas con El Vaticano, convirtiéndose en el primer caso en América Latina en 162 años. La respuesta de Ortega, según el líder de pastoral, demuestra “miedo”, tras que la Santa Sede reconociera su naturaleza: una dictadura.
“El Papa no ha venido a atacar, no ha venido a ofender, simplemente, ha dicho lo que ha visto y lo que es verdad”, confió “Carmen”, una feligrés originaria de Matagalpa, quien asegura que en vez de temor, los de su parroquia se sienten “fuertes y firmes en nuestra fe”.
Sin embargo, otros feligreses como “María”, miembro de una iglesia en el suroriente del país, reconoce que el silencio del Papa ante la persecución de la Iglesia en Nicaragua se interpretaba como un acto de prudencia, pero ahora “hay mucha incertidumbre, porque no sabemos qué pasará, a qué nos enfrentaremos ahora”.
El temor generalizado de la feligresía y religiosos es que Ortega recrudezca la represión contra la Iglesia, cuyos templos permanecen vigilados por la Policía. Las procesiones fueron prohibidas, incluyendo los viacrucis penitenciarios del periodo de cuaresma. Los sacerdotes han tenido que recordar la pasión de Cristo dentro de las parroquias y en algunos casos, alrededor del sitio.
Esperan asistencia masiva de feligreses en Semana Mayor
Pese a que la Policía ha asediado varias procesiones desde mediados de 2022 y con las nuevas tensiones con El Vaticano, podría haber más vigilancia durante las celebraciones de Semana Santa, religiosos y feligreses coinciden que la población asistirá masivamente a las actividades, tal como ha quedado demostrado en los viacrucis.
El sacerdote “Carlos” no ha visto cambios en la afluencia de católicos en los templos durante los últimos días, más bien, considera que tras las declaraciones del Papa, más personas asisten. “No nos quitarán la fe, ni mucho menos los templos”, expresó el religioso, quien accedió hablar bajo un pseudónimo por seguridad.
“María” aseguró que las procesiones son “un acto de piedad popular y una muestra pública de nuestra fe católica” y considera que la población participará activamente en Semana Santa.
“Hay temor porque cada día sorprenden con algo nuevo, cada día es un ataque nuevo que va desde la difamación, desde los falsos testimonios”, sostuvo “Luis”, devoto de San Miguel Arcángel y San Jerónimo, en Masaya, y cuyas procesiones fueron asediadas en 2022 por un operativo desmedido de policías, que no detuvo el fervor de los ciudadanos.
Las declaraciones del Santo Padre, explicó “Luis” no son el origen de un posible recrudecimiento del “odio de Daniel- Ortega-” contra la Iglesia porque “siempre lo ha tenido”. En diferentes actos públicos, el mandatario ha llamado “terroristas” a los obispos, a quienes también señaló de ser “una mafia”, como en su discurso durante la conmemoración del 89 aniversario de la muerte de Augusto C. Sandino, el pasado 21 de febrero.
Asimismo, Ortega llamó “soberbio”, “desquiciado” y “energúmeno” al obispo Rolando Álvarez, sentenciado a 26 años de cárcel y en desaparición forzada porque el régimen se rehúsa informar sobre su paradero. Un grupo de 21 sacerdotes y seminaristas fueron desterrados, encarcelados, exiliados y declarados “traidores a la patria”.
Desde la perspectiva del líder de pastoral de Managua, la población permanece cautelosa. En el caso de su parroquia, desde antes que el Papa se pronunciara, les orientaron que las reuniones de la pastoral no se hicieran de noche, que no se reunieran más de cuatro personas porque dentro de la misma Iglesia hay simpatizantes orteguistas y pueden denunciarlos por supuesta “conspiración”.
“Estamos animados, orando”, detalló. Además apuntó que lo que espera la Iglesia es que liberen a monseñor Rolando Álvarez.
Empleados públicos amenazados
Para “Luis”, quien además es trabajador público del sector Salud, la Iglesia no podía seguir callada ante la encarcelación de sacerdotes, la profanación de templos, la expropiación o robo de algunas propiedades, las expulsiones injustificadas de congregaciones religiosas y religiosos extranjeros en Nicaragua.
“Veo en mis compañeros el desprecio que hay y el tener que aguantarse por la situación en la que están pasando. Muchos de mis compañeros son católicos, y esta ese descontento”, expresó “Amanda”, una trabajadora del Poder Judicial, quien asegura sentirse impotente por no poder reclamar ante los abusos del Gobierno.
“Sabiendo que son inocentes, hombres valientes como monseñor Álvarez están pagando injustamente… mientras, delincuentes están gobernando”, indicó.
La vigilancia política dentro de las instituciones del Estado los hace sentirse amenazados, sin opciones para opinar o cuestionar las decisiones del régimen orteguista, como la de suspender las relaciones diplomáticas con la Santa Sede.
“A cada rato nos amenazan, que sí damos información seremos acusados por traición a la patria. Antes el miedo era que nos corrieran, ahora, de que nos priven de libertad o nos roben hasta nuestra nacionalidad”, explicó apesarada.
Para “Luisa”, otra trabajadora del Estado, al Gobierno no le interesa lo que digan otros países, incluyendo El Vaticano, sobre la crisis en Nicaragua, porque “ellos se sienten dueños y señores de nuestro país”. Aseguran que no han recibido instrucciones de cara a las celebraciones de Semana Santa. Sin embargo, están conscientes que siempre están bajo la lupa del régimen.
En enero de este año, una trabajadora del Poder Judicial reveló en una entrevista con el programa Esta Semana, que el Frente Sandinista manda a personas a vigilar en cada iglesia para identificar a los trabajadores del Estado que ingresan a las parroquias y denunciarlos.
