Gehard Cartay Ramírez: A 64 años del Pacto de Puntofijo

Este próximo 31 de octubre se cumplen 64 años de la firma del Pacto de Puntofijo, un trascendental acuerdo institucional entre las tres fuerzas políticas más importantes del país en 1958.

Ese acuerdo era la lógica conclusión de las conversaciones que, desde enero de ese mismo año, habían venido sosteniendo Rómulo Betancourt, Jóvito Villalba y Rafael Caldera cuando -a la caída de la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez- se reunieron en Nueva York. La motivación central no era otra que el reclamo de la unidad nacional. El llamado espíritu del 23 de Enero, reinante entonces e invocado por gran parte de la opinión pública, seguía influyendo poderosamente en todas y cada una de las decisiones políticas del momento, sobre todo de cara a otra exigencia suprema como lo era el desarrollo pacífico y ordenado de la transición política en ejecución.

A la sazón, la búsqueda del candidato único para las elecciones de diciembre de 1958 había fracasado, por lo que, al final, cada partido político presentó el suyo (dos civiles y un militar activo). El esfuerzo unitario se orientó entonces hacia un acuerdo solemne entre Acción Democrática, Unión Republicana Democrática y el Partido Social Cristiano Copei. Su objetivo fundamental: asegurar el cumplimiento de las reglas del juego, normales en cualquier democracia, pero importantísimas en aquel momento cuando Venezuela salía de un largo período dictatorial y militarista. Así fue como nació lo que con posterioridad ha sido conocido como el Pacto de Puntofijo.

Era, pues, un acuerdo coyuntural, forzado por aquellas circunstancias tan especiales. No tenía, expresamente, intenciones de largo alcance, sino más bien de corto y probablemente mediano plazo. Era un pacto de proposiciones muy concretas, referidas a un momento específico y dirigido a lograr metas realistas y prácticas. No era, en consecuencia, una simple declaración de principios, ni tampoco un pronunciamiento teórico o programático. Se diría que consistía esencialmente en un acuerdo táctico momentáneo en función de una estrategia inmediata: asegurar la transición de la dictadura a la democracia.

Contra todo lo que se ha escrito y dicho posteriormente, la verdad histórica es que el Pacto de Puntofijo fue un acuerdo circunstancial, referido apenas a los próximos cinco años, contados a partir de 1959, cuando tomará posesión el siguiente gobierno.

Afirmar, por tanto, que en ese preciso instante se comprometió el futuro de los siguientes cuarenta años del país es -cuando menos- un disparate. Esto hay que aclararlo en aras de la verdad histórica. Y ello en virtud de que una abundante literatura, y sobre todo una interminable retórica política interesada, han terminado desvirtuando lo que, en realidad, fue el Pacto de Puntofijo. Gracias a esa tergiversación histórica, algunos venezolanos lo perciben como un diabólico acuerdo entre AD y Copei para repartirse el poder durante cuarenta años, usufructuar sus privilegios, distribuirse sus ventajas materiales y someter a los venezolanos a una especie de reino del terror, la ineficiencia, la corrupción y todas las otras taras políticas que puedan existir.

Por contraposición hay que agregar que tampoco corresponden al Pacto de Puntofijo los aspectos positivos y negativos de estos últimos 40 años, y esto también debe quedar absolutamente claro. Cada gobierno elegido en este período tiene sus responsabilidades asumidas ante la historia, sin que pueda establecerse una especie de solución de continuidad entre, por ejemplo, el segundo gobierno de Betancourt y el primer gobierno de Caldera. Más todavía: esa solución de continuidad no es posible, incluso, pretenderla entre los primeros y segundos gobiernos de Caldera y de Carlos Andrés Pérez, con todo y que hayan sido esas mismas personas quienes ejercieran la presidencia en dos oportunidades distintas.

Resulta entonces, por decir lo menos, una falacia pretender arropar estas cuatro décadas históricas con el llamado Pacto de Puntofijo, aparte de un ejercicio de superficialidad y banalidad inadmisible como mecanismo de análisis histórico, por aquello de que cada momento tiene sus propias circunstancias.

En este sentido, el testimonio del propio Caldera fue categórico: “El Pacto de Puntofijo fue acordado para un período de gobierno, es decir, para el quinquenio 1959-1964. Fue complementado al cierre del proceso electoral con una declaración de principios y un programa mínimo de gobierno, suscritos por los candidatos presidenciales de los tres partidos y del Partido Comunista, a saber, Rómulo Betancourt (AD), Wolfgang Larrazábal (URD y PCV) y Rafael Caldera (Copei)” (R. Caldera, Los Causahabientes, De Carabobo a Puntofijo, página 148). Y agregó seguidamente, como para que no quedara duda alguna al respecto: “No se previó su duración más allá del primer quinquenio, como se acaba de indicar; pero, indudablemente, el espíritu del 23 de Enero, el compromiso solidario de mantener las instituciones por encima de las diferencias partidistas, la defensa de las libertades y de los derechos humanos y el compromiso social, inseparable del derecho y el deber de gobernar, valores que inspiraron el Pacto de Puntofijo, sobrevivieron al término previsto”.

Rómulo Betancourt, beneficiario directo históricamente del Pacto de Puntofijo, dijo en su discurso de toma de posesión en 1959, lo siguiente: “Mucho más profundo que la regularización de la controversia pública y el respeto a las reglas del juego democrático, fue el sentido que se le dio a la tregua interpartidista. Llegó a tan positivos extremos como el de la suscripción, el 31 de octubre de 1958, de un pacto público, en el cual los partidos Acción Democrática, el socialcristiano Copei y Unión Republicana Democrática adquirieron compromisos concretos con la nación, en vísperas de iniciarse la campaña electoral de esas tres colectividades, cada una de ellas con su propio candidato a la Presidencia y con listas propias de aspirantes a cargos electivos en organismos deliberantes”. (R. Betancourt, La revolución democrática en Venezuela, páginas 10 y 11).

El ex presidente Carlos Andrés Pérez, en cambio, opinó que aquel acuerdo fue una trampa contra AD. En el libro Conversaciones con CAP (página 139), entrevistado por el periodista Alfredo Peña, dijo resueltamente: “Para mí el llamado Pacto de Puntofijo fue una trampa urdida contra AD para conducirnos a una política de apoyo al ganador de las elecciones, porque jamás creyeron en la victoria de Betancourt. El pacto (…) fue una iniciativa originada en la idea de la imposibilidad del triunfo presidencial de AD y, lógicamente, en forzar al Partido a respaldar a URD o COPEI. Digo esto, sin negar la importancia del compromiso político adquirido por todos de apoyar al gobierno surgido de las elecciones”.

Lo cierto definitivamente es que el posterior desarrollo democrático, económico y social del país tuvo, entonces, su piso más sólido en el Pacto de Puntofijo. Fue, por lo demás, el acuerdo político más importante del siglo XX venezolano en virtud de haber iniciado exitosamente una experiencia democrática interpartidista sin antecedentes en la historia nacional.