Gehard Cartay Ramírez: Acciones y omisiones criminales
No de otra manera pueden calificarse las acciones y omisiones del régimen durante las terribles experiencias del deslave del estado Vargas (hoy La Guaira) el 15 de diciembre de 1999 y de los dos terremotos ocurridos el 24 de junio de 2026 en la zona norte central y en el litoral guaireño.
Entre ambos cataclismos, el régimen iniciado aquel mismo año y continuado hoy por el Rodrigato tuvo el mismo comportamiento criminal, insensible e inhumano. Y hay que volverlo poner de manifiesto, a pesar de la propaganda del oficialismo que intentó tardíamente mostrarse a sí mismo como eficiente y oportuno, entonces como ahora, una mentira que quedó al descubierto tanto nacional como internacionalmente.
En esta materia, especialmente con motivo de los terremotos del 24 de junio, el régimen pretende ahora satanizar a quienes han denunciado, con justa razón, su irresponsable omisión al no atender como se debía a las víctimas de esta inconmensurable tragedia, al tiempo que los acusa de “politizar” y de “hacer política” con la misma para “obtener beneficios electorales”, como si su propaganda no buscara encubrir su ominosa actitud para engañar incautos y ocultar su comportamiento culpable.
Hay que recordar ahora que la tragedia de 1999 demostró tempranamente cómo un Chávez sobrado y prepotente priorizó su Constituyente -que fue elegida ese mismo día- por sobre la suerte y la muerte de decenas de miles de venezolanos y otros miles más que aunque sobrevivieron perdieron sus seres queridos, sus casas y sus empleos. La primera fue una acción criminal y la segunda una omisión de igual naturaleza.
Por cierto que ahora la cúpula en el poder le responde a quienes siguen exigiendo elecciones presidenciales de acuerdo con la Constitución que son insensibles porque la prioridad es atender a las víctimas del reciente terremoto. Pero cuando ocurrió la tragedia de La Guaira en 1999, ellos sí priorizaron las elecciones de la Constituyente.
Al igual que en este presente infausto, entonces tampoco hubo atención gubernamental temprana y efectiva, ni protección civil competente ante una catástrofe de tales magnitudes, pues el régimen tenía un asunto más importante de que ocuparse: su Constituyente, como ya se señaló. Y aunque el ministro de la Defensa solicitó al gobierno de Estados Unidos su ayuda en las labores de rescate de fallecidos (estimados en unos 30.000) y sobrevivientes, luego de ser aprobada, fue rechazada por Chávez en un discurso lleno de desplantes absurdos e inoportunos.
La omisión gubernamental fue de tal magnitud que una semana después, el 22 de diciembre, vino su acción criminal cuando el régimen aprovechó el luto y la estupefacción de los venezolanos para aprobar el Decreto sobre el Régimen de Transición del Poder Público (Gaceta Oficial No. 36.859), calificado por el ex constituyentista Jorge Olavarría como “un golpe de Estado artero” que disolvió el Congreso -electo legítimamente apenas un año antes- sustituyéndolo por una Comisión Legislativa Nacional socarronamente llamada “Congresillo”, “que nadie había elegido”(“El Nacional”, 27-01-2004).
Lo más grave -en términos de futuro, como ha ocurrido- vino después: a pesar de haber sido advertido casi inmediatamente por gremios y voces autorizadas en materia de ingeniería y geología de que no deberían construirse más edificios en las zonas afectadas del litoral guaireño, hicieron luego prácticamente lo contrario.
Entonces, desoyendo aquellas advertencias de especialistas y técnicos, inventaron la Gran Misión Vivienda y contrataron con rusos, chinos y empresas venezolanas con vínculos oficialistas la construcción de varias torres elevadas en terrenos no aptos, esas mismas que se desplomaron el pasado 24 de junio. Fue, en consecuencia, un desastre anunciado con muchísima antelación, todo lo cual constituye una acción criminal, vistas sus terribles consecuencias.
Como puede deducirse, ambas tragedias, la de 1999 y la de 2026, están concatenadas en sus causas y efectos, especialmente en el caso del sufrido pueblo guaireño. Ya se sabe que, otra vez, el pasado 24 de junio el régimen, al no actuar oportunamente, abandonó a las decenas de miles de víctimas y sobrevivientes en los siguientes días, y, por si fuera poco, retardó y obstruyó la ayuda de los voluntarios ante la magnitud del desastre e, incluso, decomisó insumos y suministros vitales recogidos en todo el país por millones de compatriotas voluntarios.
Todo esto constituye un hecho conocido suficientemente, pero que puso de manifiesto -ante la indolencia del régimen- la solidaridad tradicional de la gran mayoría de los venezolanos, cuando muchos de ellos desde temprano, con sus manos y uñas, sin equipos aptos ni maquinarias pesadas, se dieron a la colosal tarea de rescatar supervivientes y fallecidos, mientras la acción oficial no aparecía por ninguna parte. Esa criminal omisión causó más muertes en virtud de que muchos que aún estaban vivos entre los escombros.
