Ingresada la ayuda de la Cruz Roja el reto es distribuir adecuadamente y consolidar ese proceso

Bienvenida la ayuda humanitaria canalizada por la Cruz Roja. No es momento de atribuirse victorias. Que se haya concretado es el esfuerzo de muchas instituciones e individualidades  nacionales e internacionales y de la aceptación finalmente del gobierno de la necesidad de su ingreso.

Es necesario sin embargo ubicar el contexto e indicar por qué llegamos hasta aquí. La cooperación internacional que hoy motoriza la Cruz Roja llega en el contexto de una Emergencia Humanitaria Compleja con riesgo de avanzar a catástrofe. La emergencia se fue configurando progresivamente en los últimos cinco años principalmente como consecuencia de la indolencia, desidia e ineficacia del gobierno de Nicolás Maduro. El país fue lentamente devastado y sus efectos son niños muertos por desnutrición, personas con diversas condiciones de salud muertas por escasez de medicamentos o inexistencia de tratamientos, incremento de la miseria en millones de hogares, migración forzada de más de tres millones de personas, deserción escolar de alumnos y educadores sin precedentes, caos en los servicios públicos.

Desde 2012, en tiempos de Hugo Chávez algunas organizaciones de derechos humanos advertimos que la pobreza empezaba a aumentar y que se avanzaba en un deterioro acelerado de los servicios públicos de salud. La llegada al poder de Maduro aceleró todos esos indicadores y los amplió al deterior acelerado de los servicios de luz, agua, transporte, gas doméstico y recolección de desechos sólidos. Ello acompañado de una creciente inflación que disminuía agresivamente la capacidad de compra de las familias.

A su vez se desmanteló aún más la institucionalidad, se dejó a los ciudadanos sin posibilidad de canalizar sus reclamos e inquietudes por las vías institucionales, se respondió con represión a los reclamos sociales, se incrementó la opacidad en la gestión pública facilitando la corrupción y el autoritarismo se fue afianzando como forma de gobierno.

En esa combinación de autoritarismo, indolencia  e ineficacia se configuró la Emergencia Humanitaria.

Desafortunadamente muchas instituciones internacionales, organismos de Naciones Unidas y también, hay que decirlo, organizaciones de derechos humanos en el mundo, no atendieron los llamados que desde Venezuela se hacían. En muchos casos privó la solidaridad automática con el gobierno por su aparente carácter progresista, que los derechos de la población.

Frente a la emergencia humanitaria y las múltiples violaciones de los derechos humanos, hasta el año 2016 la mayoría de las agencias del Sistema de Naciones Unidas en el país guardaron silencio, ocultaron información y decidieron aceptar las restricciones y condiciones impuestas por el gobierno nacional a la implementación de programas de cooperación, subestimando o sin tomar en cuenta las denuncias, los informes y el evidente deterioro económico y social del país, alegando limitaciones por no contar con datos oficiales y estar supeditados al marco de cooperación de Naciones Unidas en curso, acordado con el gobierno.

Ello nos obligó a  82 organizaciones denunciar  en carta pública de junio de 2016 al entonces Secretario General de las Naciones Unidas, Bank Ki-Moon, como faltas a las normas de las Naciones Unidas recogidas en las directrices de “Los Derechos en Primer Lugar”. Según las mismas, todas las agencias del sistema tienen responsabilidad con la protección de los derechos humanos y deben informar oportunamente sobre su violación, por encima de los intereses de los Estados. De haberlo hecho, hubiesen podido contribuir a evitar el agravamiento de la emergencia y prevenir sus amenazas para la vida y el bienestar de la población. En agosto de 2016, Ban Ki-Moon describió la situación de Venezuela como una crisis humanitaria creada por la inestabilidad política. Sin embargo, las faltas de omisión, consentimiento e inacción de las agencias se mantuvieron hasta el año 2018.

Cuando se empezó a responder ya era tarde. Ya el daño estaba producido. Había que empezar a atender la situación, por supuesto cuesta arriba. Hoy decimos, bienvenido el esfuerzo que se empieza a realizar. Nos disponemos a apoyar y colaborar en todo lo que esté a nuestro alcance y ojalá la lección sea aprendida frente a situaciones similares.

Es necesario ahora que la ayuda se incremente y se mantenga por el tiempo que sea necesario en la medida que tenga sus impactos, pero también al avanzar el proceso de reconstrucción del país que es una tarea pendiente.

Dentro de las extremas adversidades producidas por la emergencia humanitaria compleja, es un derecho de la población venezolana el acceso a la cooperación y la asistencia humanitaria internacional, no sólo para atender las necesidades más urgentes, sino también para proporcionar espacios y capacidades de protección ante la ausencia de un Estado de Derecho, una generalizada privación y sistemáticas prácticas coercitivas. Naciones Unidas tiene un gran peso y liderazgo en las respuestas a las emergencias humanitarias complejas y todos sus funcionarios tienen responsabilidades con los derechos humanos tanto en roles de cooperación como de asistencia humanitaria, así como con los principios de la Carta Humanitaria Internacional, estando en juego la dignidad, la vida, la libertad y la integridad de las personas como resultado de la manera en la que se conduzcan estas respuestas. En este sentido, la propia organización ha señalado, “las experiencias concretas han demostrado que el trabajo de las Naciones Unidas sobre el terreno tiene un impacto mucho mayor y un legado más poderoso y positivo en las vidas de las personas cuando cumple con los estándares establecidos en la Carta de la ONU. Las lecciones del campo también han demostrado que el incumplimiento de las responsabilidades de derechos humanos de la ONU puede amenazar gravemente las vidas y la legitimidad de la ONU”.

Es necesario ahora avanzar, a paso seguro, coordinado y bajo los principios establecidos de la ayuda humanitaria. Que no sea instrumentalizada con fines políticos es importante, lo cual no quiere decir que no pueda hablarse de la ayuda con distintas perspectivas. Lo fundamental es que sea realmente humanitaria, se maneje con transparencia y se eduque a la población sobre su verdadero alcance para no generar falsas expectativas y con ello frustraciones.

No olvidemos que la ayuda humanitaria no resuelve los problemas del país. Solo mitiga los impactos sobre la gente más pobre: riesgo alto de morir y sufrimiento masivo. La ayuda está destinada principalmente a los más vulnerables que no tienen medios para afrontar la situación. No abastece los mercados con los diversos productos de la dieta básica. Los insumos que llegan son principalmente terapéuticos. La ayuda alimentaria no suele ser de alimentos habituales, sino raciones de emergencia y suplementos para niños y ancianos con déficit nutricional. Es siempre subsidiaria y no sustituye lo que el Estado debe hace con sus recursos.

Aspiramos que las agencias calificadas y con mandato específico sean las que asuman el papel rector de la asistencia y la cooperación, y se instale un buen Mecanismo Humanitario en el País para la coordinación de la ayuda, con amplia participación de todos los sectores de la sociedad venezolana, de todas las regiones del país, conforme a los mandatos humanitarios, y recibir directa y libremente denuncias y evidencias sobre la emergencia humanitaria y las violaciones de derechos humanos. Solo de esta forma pueden identificarse brechas, obstáculos y formas más apropiadas y efectivas para hacer llegar la asistencia a las poblaciones en riesgo y más vulnerables, así como monitorear y hacer seguimiento a su eficacia, con independencia de si la información es políticamente sensible o afecta intereses de gobierno.

PROVEA: «Todos los derechos para todas y todos»