Julio César Moreno León: Por la liberación del país
Se acercan las fraudulentas elecciones presidenciales ordenadas por la ilegítima Asamblea Constituyente. De acuerdo con la Constitución esas votaciones deberían realizarse en diciembre de este año. Las adelantan con el fin de esquivar tramposamente la solución a la espantosa crisis en la que se disuelve la nación. El país se derrumba y la dictadura necesita apurar el paso para blindarse de la sacudida social que le amenaza. Liquidar definitivamente la democracia es el objetivo. Piensan que si consolidan su armazón totalitaria aplastarán mediante el uso de la fuerza cualquier vestigio de disidencia.
El oficialismo evidenció su declive al ocurrir la victoria electoral de la unidad democrática en diciembre de 2015. En esas votaciones parlamentarias participó el 70 por ciento de los inscritos y más del 56 por ciento de esos votantes sufragó por la oposición. Desde entonces el PSUV pasó a un segundo plano en el poder interno del régimen al evidenciarse la condición minoritaria de ese partido. La cúpula militar forzó el reconocimiento de aquellos resultados para asumir el comando verdadero de un gobierno vapuleado mortalmente por el voto popular. Para satisfacer a los militares Maduro les cedió PDVSA y las riquezas de Guayana, multiplicó el número de militares activos y retirados en ministerios y cargos claves de la administración pública. Un canal de televisión, ensambladoras de vehículos, constructoras, fábricas de ropa, empresas agrícolas, agroindustriales y pecuarias, la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras Petrolíferas y de Gas (CAMIMPEG), el control de la producción de rubros básicos, su importación y distribución, y la administración de dólares oficiales son parte de los negocios de la llamada Zona Económica Militar decretada por Maduro. De esa manera, la Fuerza Armada conquistó para sí autonomía plena y la mayor suma de poder en el seno del mal llamado proceso revolucionario.
Con la anuencia del mismo alto mando que permitió la victoria parlamentaria de la oposición, el TSJ desconoció los resultados de esas elecciones en el estado Amazonas, iniciando así una secuencia de muy bien escalonados conflictos institucionales para en 2017 declarar en “desacato” al poder legislativo y finalmente despojarlo de todas sus atribuciones constitucionales. También con la protección del alto mando se impidió el referéndum revocatorio en 2016. Y con el mismo respaldo castrense se destituyó a la Fiscal Ortega Díaz y se le persigue judicialmente obligándole a salir del país. Igual suerte corrieron los legítimos magistrados del TSJ, refugiados en la Embajada de Chile y luego evadidos hacia el exilio. De esa manera el gobierno intenta avanzar hacia su consolidación totalitaria cerrando definitivamente las vías democráticas. Para ello, el poder se concentra en el estamento armado. Y por ello las protestas populares iniciadas en abril del año pasado contra la trampa constituyente fueron reprimidas con métodos brutales hasta entonces desconocidos en el país.
Se evidencia ahora que el populismo no puede subsistir sin plata que lo soporte, y ocurre también que el sucesor de Chávez carece de gracia y de autoridad para encantar a un pueblo sumido en la pobreza, y para mantener unida a una dirigencia oficialista desmoralizada y consciente de los peligros que le amenazan. Además, los cambios ocurridos en los países latinoamericanos en los últimos años, la recuperación de la OEA como instrumento democrático, y la toma de conciencia de la comunidad internacional sobre la inocultable tragedia venezolana, conducen al régimen a asumir el rumbo de la represión pura y simple como el único instrumento de sobrevivencia.
Y para enfrentar el grave deterioro interno y el creciente repudio universal, eligieron a una constituyente en un fraudulento modelo de representación que violó, otra vez, a la mismísima Constitución Bolivariana de Venezuela, en cuyo texto clara y expresamente se garantizan las votaciones universales directas y secretas, la personalización del sufragio y la representación proporcional. De esa manera procedió el dictador Pérez Jiménez cuando en 1957 violó la Constitución impuesta por el mismo, y burlándose del país intentó reelegirse fuera del marco legal mediante un plebiscito fraudulento que provocó su derrocamiento el 23 de enero de 1958.
Ahora, también se cambiaron ilegalmente las bases constitucionales del sufragio. Vamos a votaciones arbitrariamente adelantadas, con partidos proscritos, líderes de oposición inhabilitados, prisioneros y exiliados, en medio de la rígida censura de prensa que no logra ocultar una crisis social y económica sin precedentes en América.
Luego de materializarse esa jornada fraudulenta, se aprobará una Constitución totalitaria, copiada de la existente en la Cuba comunista con el fin de intentar consolidar la tiranía. En esa crucial etapa, definitiva para Venezuela, nos toca librar, con el apoyo inmensamente mayoritario del país y el respaldo de los pueblos y gobiernos libres del mundo, una lucha, no ya para derrotar a un mal gobierno, sino para lograr la liberación del país, para reconstruirlo, y para edificar una democracia verdadera y digna de la patria que merecemos.
Y así será….
Caracas, mayo de 2018
juliocesarmorenoleon@yahoo.es
