La caída de Tareck
Una rápida sucesión de detenciones policiales que comenzaron el viernes pasado condujo a la media tarde de ayer lunes a la renuncia del ministro de Petróleo, Tareck el Aissami, que ocupaba el cargo desde abril de 2020.
En un tuit, El Aissami expresó: «En virtud de las investigaciones que se han iniciado sobre graves hechos de corrupción en Pdvsa, he tomado la decisión de presentar mi renuncia como ministro de Petróleo, con el propósito de apoyar, acompañar y respaldar totalmente este proceso».
El proceso al que se refiere es una «cruzada» que dice ha emprendido Nicolás Maduro «contra los antivalores» que todos estarían obligados a cumplir. «Hasta con nuestras vidas», afirma el renunciante para ponerle drama a un asunto que desnuda incompetencia y pugnas en el poder, además de la desaparición de cuantiosas sumas de recursos públicos en un país que está en los huesos.
El Nacional analizó entre noviembre y diciembre del año pasado en varios reportajes la gestión de El Aissami, presentados bajo los títulos “El fracaso de Tareck el Aissami”, “Tareck el Aissami al frente de Pdvsa: el desfalco de las empresas de maletín” y “Los negocios de Tareck el Aissami y Joselit Ramírez”: una radiografía de una gestión que fue incapaz de levantar la producción petrolera y generó graves daños para el país.
Joselit Ramírez, merideño como El Aissami y un hombre de su estrecha confianza, es uno de los detenidos por la Policía Anticorrupción, un cuerpo que pidió su enjuiciamiento a la Fiscalía General de la República. Ramírez era el jefe de la Superintendencia Nacional de Criptomonedas (Sunacrip), la encargada de las negociaciones con el petro, moneda digital venezolana sostenida en el petróleo y minerales.
El diario al servicio del oficialismo Últimas Noticias señaló que Ramírez es investigado por la desaparición de 3.000 millones de dólares en ventas de petróleo, que nunca recibió el Estado.
Durante la turbia y perniciosa gestión de El Aissami, Pdvsa firmó varios contratos con la firma Walker International LLC –como se expuso en los reportajes de El Nacional– que tiene su base de operaciones en una pequeña casa en Sarría (próxima al centro de Caracas).
Una empresa de maletín que en una sola operación generó ganancias por 114 millones de dólares, en detrimento del país y de la empresa petrolera. Los contratos se suscribieron con la autorización de El Aissami y la firma de Ramírez.
Adicionalmente se le acusa de haberse apropiado de campos petroleros operativos.
Abogado y criminólogo, el ministro renunciante carecía de la preparación y competencia indispensable para estar al frente de la industria petrolera, a la que accedió como parte de los reacomodos de los grupos en el poder, que ahora pasaron su factura y descabezaron a El Aissami y sus allegados.
En un sainete propio de las dictaduras, que operan sin control político y desconocen la obligación de rendir cuentas, el partido oficial y los voceros del régimen se rasgaron las vestiduras en defensa de la “probidad revolucionaria”. El Aissami bajó la cabeza y dice que se sumará a la lucha contra los “antivalores”.
El gobierno que reclama fondos represados en el sistema financiero internacional muestra una vez más estar incapacitado para proteger los principales recursos nacionales sobre los que se sustenta el presupuesto del país. Faltan más renuncias.
