La OEA y una Argentina sin historia ni identidad

Washington Abdala, Embajador de Uruguay ante la OEA, no podría haberlo dicho mejor: “Cuando las opciones son de naturaleza binaria o se está de un lado o se está del otro. Y aquí no hay mucho margen. Ni siquiera hay margen para el matiz. O se está del lado de la defensa de los derechos humanos y la recuperación de la democracia en Venezuela o se está del lado de la oscuridad y la tiranía. No hay punto intermedio”.

Esto en relación al debate en la Asamblea General de la OEA sobre la resolución aprobada ayer acerca de la situación en Nicaragua y Venezuela. Resolución que les exige elecciones libres y justas, libertades y derechos. Algo así como un grito: ¡dejen de torturar y matar!

Argentina se “abstuvo” en ambos. Comillas porque dicha abstención ni siquiera alcanza como matiz, siguiendo la reflexión de Abdala, pues no censurar a una dictadura es aliarse con ella. Argentina ya fue descripta por aquella histórica sentencia de Desmond Tutu, si bien hablaba del Apartheid: “Si eres neutral en situaciones de injusticia, has elegido el lado del opresor”.

Esta Argentina de hoy opta por el mal a través de una coartada, la abstención. Y a tal efecto recurre a argumentos absurdos, una doctrina de relaciones internacionales perimida, rancia. La Cancillería de Argentina habla de “la soberanía de Nicaragua y Venezuela”, y redunda en su oposición a la “intervención extranjera”.

Presume acerca de los derechos de nicaragüenses y venezolanos a definir su propia forma de gobierno y otros eufemismos. Como si dichos pueblos hubieran elegido dictaduras dispuestas a quedarse en el poder indefinidamente. A plomo, desde luego. Por ello la noción de no-intervención es falaz.

Ocurre que sin intervención no habría Sistema Interamericano, un conjunto de convenciones que obligan a los Estados a observar la democracia y los derechos humanos. Como todo régimen internacional, funciona en base al principio de reciprocidad: una porción de la soberanía es entonces cedida y transferida a dicha instancia supranacional. La paz y la seguridad—bienes públicos indispensables—se derivan de las normas compartidas y se logran por medio de la fiscalización mutua.

La Carta Democrática Interamericana, tratado que todos los países del hemisferio excepto Cuba firmaron de manera libre y voluntaria, dice en su artículo primero que “los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla”. Piénsese contractualmente, entonces. A un mínimo, Argentina podría demandar a los gobiernos de Nicaragua y Venezuela por incumplimiento.

Es decir, se trata de una política exterior apócrifa, sin historia ni identidad. Llego aquí porque esta Cancillería de hoy me recuerda a Alejandro Orfila, Secretario General de la OEA entre 1975 y 1984. Me recuerda en sentido inverso, esto es, cuando Orfila me contaba sobre sus ásperas negociaciones con Videla para lograr que aceptara la misión de la CIDH a Argentina en 1979.

Pero, lo dicho, este gobierno y su política exterior no tienen historia ni identidad. Se abstienen.