La ventaja práctica de la separación de poderes
La separación de poderes no es un capricho del constitucionalismo liberal, sino el resultado de la experiencia, muchas veces amarga, de la humanidad. El clásico dictum de Acton, «el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente», está más que comprobado en la historia universal y, por cierto, en la venezolana.
El poder distribuido y dividido de un modo equilibrado es lo que más conviene a todo el pueblo, cuya soberanía se pierde, sus derechos se diluyen y sus intereses quedan a la intemperie cuando el poder se confunde con la persona o el grupo de personas que mandan, se concentra y cae fácilmente en la tentación de la omnipotencia, del poder ilimitado y para siempre.
A veces pensamos, o más bien sentimos —porque es cosa de pasión—, que si un o una líder que por haber ganado nuestra confianza merece nuestra leal adhesión tiene todo el poder, podrá cumplir mejor con su misión y todos saldremos ganando. Nos ha pasado y bien que conocemos los resultados. La delegación total que pide el personalismo populista, sea de izquierda o de derecha, acaba siendo un mal negocio. Que el poder tenga límites es un dictado de la razón.
¿Qué ganamos usted y yo, ciudadanos de este país sumido en una crisis larga, ancha y profunda, con que cada órgano haga lo que le toca y ninguno pueda hacerlo todo?
La respuesta es muy sencilla: que el poder trabaje para nosotros y no solo para el grupito que lo detenta y que, sin control, lo privatiza. Es decir, se lo apropia.
Por ejemplo, el Gobierno gobierna como le corresponde, pero la Asamblea Nacional, que debe representarnos, es la que hace las leyes, las cuales se discuten abiertamente y deben consultarse con amplitud para que queden mejor y para que todos sepamos de qué se trata. También controla, como ocurre con el presupuesto, donde están claros los ingresos y gastos públicos, su destino y sus resultados.
Pero puede haber problemas entre los órganos del Estado, entre estos y los ciudadanos, y también entre estos últimos. Para resolverlos están los tribunales, que deben ser independientes, honestos y capaces para decidir con justicia. Si la justicia no funciona, solo queda resignarse al abuso o recurrir a la violencia, y ambas son vías muy dañinas, corrosivas de la salud personal y comunitaria, que no solucionan ningún problema y los agravan todos. En la Constitución se establece cómo debe ser y, si se cumple, habrá muchos menos problemas y, cuando los haya, podrán resolverse.
Que los órganos del poder hagan su trabajo y no sirvan solo al dominio de un partido o grupo, del Gobierno, de la oposición, de los ricos o de cualquier sector en particular, tiene ventajas para la gente común. Si la Defensoría del Pueblo defiende y vigila que nuestros derechos estén garantizados, salimos ganando. Si la Fiscalía trabaja para que se haga justicia y nadie esté por encima de la ley, salimos ganando. Si la Contraloría controla de verdad, previene la corrupción y la combate cuando se presenta, salimos ganando. Si el Poder Electoral organiza y administra correcta y limpiamente los procesos de votación, y la victoria de quien ganó se respeta y quien perdió la acepta, salimos ganando. Si la Fuerza Armada es «una institución esencialmente profesional, sin militancia política» para cumplir sus elevadas funciones «al servicio exclusivo de la Nación y en ningún caso al de persona o parcialidad política alguna», salimos ganando. Si los gobernadores y alcaldes, legisladores y concejales hacen su trabajo y los dejan hacerlo, salimos ganando.
Si el Banco Central trabaja por lograr la estabilidad de precios y preservar el valor interno y externo de la moneda nacional, dígame usted si saldríamos o no ganando.
Eso es posible. Hay que trabajar mucho, duro y bien para lograrlo, pero es posible si cada órgano hace lo que le toca, con independencia y responsabilidad.