Macky Arenas: “El peligro es real”: El autoritarismo se refuerza en América Latina

Muchos lo vieron venir. Especialmente en América Latina. Porque una cosa es que países con fuerte tradición democrática alrededor del mundo se apoyen en sus contingentes armados para imponer el orden que garantice la protección de las comunidades.

Pero otra muy diferente es que, con la excusa de la pandemia, las fuerzas armadas se conviertan en un instrumento de control de la sociedad, proporcionando el entorno ideal para que los dictadores y las dictaduras encuentren un solaz que les exima de dar explicaciones y contenerse en materia de abusos. Eso es lo que está ocurriendo en varios países de Latinoamérica.

México, Nicaragua y Venezuela sean tal vez los más conspicuos ejemplos de estas prácticas que terminan, no solo constriñendo la vida de la gente y colocándola bajo la bota de los militares, sino introduciendo a los armados en amplias galerías de discrecionalidad que no les corresponde transitar.

Ello deriva en toda clase de iniciativas de corrupción como la archiconocida extorsión, el chantaje y las amenazas de todo tipo. En plena calle puede usted ser detenido y coaccionado para que entregue dinero a los militares o policías, so pena de ser acusado de delitos no cometidos y meterse en problemas más gruesos. Eso es el pan de cada día en nuestros países. No hay nada ni nadie que ponga coto sobre la acción de estos elementos a los cuales la ciudadanía teme más que a la propia delincuencia.

Todo esto va configurando un ambiente de gran opacidad, como una especie de nube oscura que se coloca sobre la sociedad y ha llevado a algunos analistas a preguntarse de qué manera se las arreglarán los países para “volver a meter las cabras al corral”.

Si los militares se sienten como debieron sentirse los tonton macoutes de Papa y Baby Doc en Haití, dueños del patio, es perfectamente factible que ese desenfreno violento –que ya en Venezuela ha cobrado la alarmante cifra de 1611 ejecuciones extrajudiciales entre enero y junio de este año- degenere en una situación de hecho que se instale para no recoger velas sino más bien para desplegarlas indefinidamente.

El dato, grave y siniestro, reporta que en los primeros seis meses del año murieron en el país petrolero un promedio de nueve personas por día, la mayoría jóvenes pobres de entre 18 y 30 años de edad. Vidas por las que nadie responde.

Es un temor que alberga todo el que vive este proceso. Tal vez por ello un buen número de personalidades del continente han hecho conocer este 15 de septiembre un documento («Cuidemos la democracia para que no sea víctima de la pandemia»)  donde alertan acerca de estas realidades y animan a cuidar la democracia en medio de la pandemia.

“Existen riesgos latentes que si no pensamos y actuamos con celeridad pueden producir un gran deterioro democrático”, afirman. Ese es el meollo de la argumentación y el sentido del llamado.

“El peligro es real”, confirmaba para Aleteia el sacerdote jesuita Luis Ugalde, uno de los firmantes del documento. «La pandemia no debe ser aprovechada para fortalecer la dictadura y es lo que está ocurriendo”, sostuvo.

Se trata de unos de los tantos nombres significativos en América Latina -como el de varios expresidentes de la región-  entre los cuales figura el de este muy respetado académico y religioso.

“No sé si quienes me llamaron saben que soy cura, pero firmé porque se trata de un texto impecable que anima a la reflexión. Espero que sirva para algo porque lo que sí es cierto es que no podemos ver inermes lo que está ocurriendo”.

El exrector de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas y profesor de Ciencias Políticas ponía el ejemplo más que a la mano en el caso de Venezuela: “Piense usted en este dato, en diez clínicas de Caracas han fallecido 30 médicos en apenas semanas. Pero usted no puede mencionar que se trató de coronavirus, hay que decir insuficiencia pulmonar o dificultad respiratoria. De lo contrario, las consecuencias pueden ser terribles”.

Para el régimen que maneja el país, todo esto ha venido como anillo al dedo. Si la gente quisiera protestar por la falta de agua, de energía eléctrica o de combustible, ya no se puede porque la llamada cuarentena radical, que curiosamente impone Maduro una semana si y otra no, constriñen la movilidad y pueden derivar en algo parecido a un estado de excepción en cualquier momento.

Ya ha dicho que las clases presenciales no se reanudarán este año, a pesar de que sostiene y proclama que han sido exitosos en aplanar los datos de la pandemia. “En enero, ya veremos”, sentencia, como si la vida de la gente formara parte de su propiedad y le asistiera la prerrogativa de manejarla a su antojo. Sin mayores explicaciones, sin razonamientos de experticia, todo en manos y vocería de un par de políticos completamente ignorantes de la materia. Por supuesto, con el ruido de sables como cortina de fondo.

“Le viene de maravilla todo esto –insiste el P Ugalde- restringe actividades a conveniencia, corta la posibilidad de moverse en el país, mientras refuerza la resignación y el adormecimiento de una sociedad que ya no puede con tantos problemas y tantas carencias”.

Y todo el tema está en que las condiciones de pobreza y desigualdad en el continente han venido a exacerbarse con la crisis que agregó  la pandemia. En lugar de equipar hospitales y afianzar el trabajo de los especialistas, se ha optado por incrementar la represión. El populismo y el autoritarismo sólo conducen a facilitar el camino a la violencia criminal organizada, “una amenaza real y creciente que debe ser combatida con los instrumentos legales del estado democrático de derecho”, como se lee en el documento en cuestión.

El llamado a repensar y revalorar lo público y la política forma parte del deseo de que el papel de la política salga fortalecido. Si hay claridad y coraje para ello, tal vez sea posible en un plazo que hoy no se visualiza. Por ahora, la “amenaza real y creciente” es un conjunto de gobernantes que aprovechan la oportunidad que les brinda este tiempo de enfermedad y muerte para ensañarse contra sus pueblos y apalancarse en el poder. En detrimento de la democracia y con grave riesgo para la gobernabilidad y la convivencia.