Mariana Mazzucato – Lara Merling: Una nueva economía para el siglo XXI
En los días previos a las reuniones de primavera de este año del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, la noticia que se destacó por encima de todo fue que el Banco Mundial había adoptado la política industrial tras décadas de desaconsejarla. Sin embargo, si bien gran parte del debate posterior se centró en si este “giro de 180 grados” es bueno o malo, tardío o peligroso, pocos se plantearon la pregunta fundamental: ¿qué ha cambiado realmente?
El Banco Mundial se ha limitado a reafirmar lo que muchos de nosotros venimos sosteniendo desde hace tiempo: el marco que ha promovido desde 1993 -cuando su informe sobre el milagro del este de Asia advirtió sobre los peligros de las herramientas de política industrial- no ha beneficiado a los países en desarrollo. Ese consejo, como observó recientemente Indermit Gill, economista jefe del Banco Mundial, “hoy tiene el valor práctico de un disquete”. Sin embargo, en su defensa del informe, Gill también dejó en claro lo limitado que sigue siendo el cambio. La política industrial, argumentó, debería ser “específica y temporal”, una excepción a un modelo impulsado por el mercado, en lugar de una herramienta para impulsar transformaciones económicas más amplias.
El trabajo más reciente del Banco confirma que la política industrial es más replicable en distintos niveles de ingresos y contextos institucionales de lo que admitía el consenso anterior, con un conjunto de herramientas que va más allá de los aranceles y los subsidios. El Banco hoy dice que el apoyo público a los actores privados debería ir acompañado de incentivos y sanciones, incluyendo la retirada de financiación a las empresas con un bajo rendimiento. Esta nueva postura coincide con los argumentos que expusimos en El estado emprendedor y en trabajos más recientes sobre el papel de las misiones y las condicionalidades.
Ahora bien, las nuevas conclusiones no generan automáticamente nuevas teorías económicas. El Banco sigue considerando al Estado como un mero corrector de los fallos del mercado, en lugar de como un creador y modelador del mercado. La cuestión no es si los gobiernos deben intervenir tras el fracaso de los mercados, sino qué tipo de economía queremos construir en primer lugar. ¿Qué objetivos públicos deben guiar la inversión, y de qué manera las instituciones pueden regular la relación público-privada para que el valor se cree colectivamente y se comparta de manera equitativa?
Visto desde esta perspectiva, el Banco sigue sin estar a la altura, porque considera el margen de maniobra en materia de política fiscal como una restricción fija dentro de la cual optimizar, en lugar de como un conjunto de capacidades institucionales que pueden desarrollarse. Como resultado de ello, el Banco seguiría organizando la política industrial únicamente en torno a sectores específicos y consideraciones de ventaja comparativa. Sin embargo, la transición energética, la seguridad hídrica y alimentaria, la salud pública y la resiliencia económica no son cuestiones sectoriales. Exigen misiones que abarquen toda la economía.
Esto cobra importancia ahora que el propio Banco está adoptando el lenguaje centrado en la “misión”. La Misión 300, que se centra en el acceso a la electricidad en África, y la iniciativa Water Forward, lanzada en las Reuniones de Primavera para abordar la seguridad hídrica, sí abordan importantes desafíos sistémicos e intersectoriales. Sin embargo, nuestro análisis de 30 pactos energéticos nacionales en África revela una brecha: la ambición es sistémica, pero la arquitectura sigue siendo sectorial.
El Banco tampoco es un caso aislado. Los propios economistas del FMI han documentado de manera similar cómo la austeridad y la liberalización no dan los resultados esperados. Sin embargo, estas conclusiones aún no se han traducido de manera consistente en nuevas prácticas operativas.
Eso tiene que cambiar. El FMI y el Banco Mundial se encuentran en el centro de un orden internacional cuyas recomendaciones por omisión aún reflejan una economía sin respaldo empírico. Sus modelos, mediciones y recomendaciones influyen en cómo se llevan a cabo las políticas de desarrollo y macroeconómicas en todo el mundo. Ayudan a determinar quién tiene acceso a liquidez y en qué condiciones; qué deuda se percibe como sostenible; qué inversión pública se considera creíble; y qué autonomía política se ve limitada.
Los países ricos que financian y controlan estas instituciones no están exentos de las consecuencias de la misma economía. Durante décadas, los mismos supuestos erróneos moldearon las políticas en Europa y Estados Unidos, frenando la inversión pública, debilitando los servicios públicos, considerando los salarios como costos en lugar de como combustible para la demanda agregada, y dejando a los hogares expuestos a crisis que los mercados no supieron gestionar.
La consiguiente crisis de asequibilidad hoy se ha convertido en una crisis política. Los factores económicos que limitaron las políticas de desarrollo en el extranjero -debilitando la capacidad pública y reduciendo las facultades de los gobiernos- contribuyeron a alimentar a la extrema derecha fronteras adentro.
La respuesta de Europa a la crisis energética de 2022 evidencia lo que está en juego. Entre 2022 y 2025, los estados miembros de la UE y el Reino Unido incurrieron en costos adicionales por valor de 1,8 billones de dólares, gran parte de los cuales fueron absorbidos por los hogares y los presupuestos públicos, mientras que los accionistas de las empresas que cobraban precios más altos se beneficiaron. España apunta a una alternativa. Al haber invertido en seguridad energética como una misión, en lugar de como una categoría de subsidios, ahora genera más de la mitad de su electricidad a partir de energías renovables, lo que la deja más protegida que sus vecinos frente a la última crisis energética.
Para que esa resiliencia se convierta en la norma, y no en la excepción, se requiere un marco económico que los gobiernos puedan aplicar de manera coherente. La Movilización Progresista Global, convocada por el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, reunió recientemente a gobiernos progresistas de todo el mundo para empezar a forjar un nuevo consenso económico.
Sus fundamentos son claros. Necesitamos instituciones públicas con capacidad para invertir, coordinar y regular los mercados en aras del interés público. Necesitamos un sistema financiero orientado a misiones, no ratios de apalancamiento, y marcos políticos que consideren el margen de maniobra fiscal no como un límite impuesto por el mercado, sino como algo construido mediante la inversión productiva. Y necesitamos indicadores de valor centrados en el bien común.
Un Consejo Global sobre la Nueva Economía para el Siglo XXI, copresidido por una de nosotras (Mazzucato) y el vicepresidente primero del gobierno de España, Carlos Cuerpo, reunirá estos elementos. Nuestro objetivo es traducir la nueva economía en principios operativos organizados en torno a la justicia, la igualdad, la sostenibilidad y la solidaridad global. El debate a favor de una nueva economía está ganando terreno. Ahora debemos demostrar qué es lo que sigue.
Mariana Mazzucato, profesora del University College London, es directora fundadora del Instituto para la Innovación y el Propósito Público de la UCL. Es autora de numerosos libros, entre los que se incluyen The Entrepreneurial State: Debunking Public vs. Private Sector Myths (Penguin, 2023), The Value of Everything: Making and Taking in the Global Economy (Penguin Books, 2019), Mission Economy: A Moonshot Guide to Changing Capitalism (Penguin Books, 2022), The Big Con: How the Consulting Industry Weakens Our Businesses, Infantilizes Our Governments and Warps Our Economies (Penguin Press, 2023), y el próximo The Common Good Economy: A New Compass (Allen Lane, junio de 2026).
Lara Merling es investigadora en estrategia industrial en el Instituto para la Innovación y el Propósito Público de la UCL.
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