Radiografía judicial de un régimen podrido
Las sesiones del Supremo revelan la existencia de un entramado sistémico donde la corrupción no es un incidente sino un método
Ábalos y Koldo a su llegada al Congreso. (EP)
El juicio a Ábalos, Koldo y Aldama, pónganse en el orden que se prefiera, corre el riesgo de provocar a quien lo siga una suerte de morbosa atracción adictiva con su desfile de prostitutas, responsables públicos, correveidiles y comisionistas entregando o recibiendo favores y mordidas. Pero eso es la anécdota, sin duda divertida, esperpéntica a veces en su retrato de la cara B de la política; la categoría consiste en la cruda radiografía donde tanto acusados como testigos reflejan el interior del régimen sanchista. Régimen, sí, porque se trata de un sistema de poder iliberal, sin contrapesos institucionales efectivos, al servicio de un liderazgo personalista cuya trastienda de conductas abusivas ha quedado al descubierto bajo la luz de la Justicia.
Lassesiones del Supremoestán poniendo de manifiesto la existencia de un entramado estructural, sistémico, en el que la corrupción no es un incidente sobrevenido sino una regla, un estilo, un método. El tráfico de influencias como palanca de enriquecimiento de una banda organizada a la sombra –y tal vez al amparo– del jefe del Gobierno. El caso Mascarillas es sólo un fragmento de la red de negocios de saqueo urdida en el entorno más próximo del presidente y ramificado a través de varios ministerios, empresas y organismos oficiales diversos, con serias sospechas de haberse extendido también al seno del Partido Socialista y su aparato financiero, señalado por Víctor de Aldama y algunos testigos como operador habitual de dinero negro.
La vista oral, que finaliza esta semana con la declaración de Ábalos, ha desbordado las costuras procesales del sumario al salir a colación en los testimonios una serie de posibles delitos entrelazados. Lógico dado el carácter transversal de los movimientos de corruptos, corruptores y personajes secundarios por los despachos de una Administración utilizada como patrimonio privado, como latifundio a explotar sin remordimientos ni reparos ante la absoluta, llamativa ausencia de controles y/o mecanismos capaces de evitarlo. Una estrategia de asalto rápido, iniciado apenas unos meses después de que el ganador de la moción de censura premiase a sus colaboradores inmediatos con un generoso reparto de cargos en el corazón mismo del Estado.
En un modelo democrático normal, la probable sentencia condenatoria precipitaría dos consecuencias. La primera, que bien podría suceder en efecto, un llamamiento judicial a Pedro Sánchez para declarar –inicialmente al menos como testigo– en alguna de las causas colaterales que la trama tiene abiertas. La segunda, su dimisión o, en caso de no presentarla, su deposición parlamentaria en exigencia de responsabilidades políticas y éticas, de la misma manera que él expulsó a Rajoy por las salpicaduras indirectas de unos escándalos que comprometían la limpieza de su presidencia. Pero esto no ocurrirá porque la deriva autocrática de su mandato ha abolido la obligación de rendir cuentas… y porque los socios que lo sostienen han perdido todo atisbo de vergüenza.
