Nuevo desprecio institucional a Ceuta

El Gobierno parece decidido a convertir Ceuta en una ciudad ingobernable, en la que cuando sus instituciones dicen que no y que ese no es el camino, la respuesta es siempre la contraria. Esa es la conclusión inevitable de la resolución firmada por el ministro de Transportes, Óscar Puente, por la que el Estado asume el control temporal de 16.000 metros cuadrados del dominio público portuario de Ceuta para destinarlos a la atención humanitaria de los inmigrantes que invadieron la ciudad hace ya más de un mes. Una decisión que resulta especialmente grave por el procedimiento y por el contexto. El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria rechazó la ocupación solicitada por la Secretaría de Estado de Migraciones con 11 votos en contra, cuatro a favor y ninguna abstención. Y, pese a ello, la decisión sigue adelante. ¿Qué clase de respeto institucional es este? ¿Para qué sirven entonces los órganos de gobierno de una infraestructura que afecta directamente a la ciudad, por mucho que se ampare en el artículo 73.3 de la Ley de Puertos del Estado y la Marina Mercante? Ahora, como el 30 de julio, las razones de «interés general» deberían ser los ceutíes y no utilizarlos como una patente de corso para ignorar a las instituciones locales ni para imponer una decisión sobre el terreno sin escuchar a quienes tendrán que convivir con ella. Los vecinos de los barrios de Junta Obras del Puerto y Parques de Ceuta han expresado su «indignación y profunda preocupación» y reclaman la paralización inmediata de las obras. Piden algo tan elemental como ser escuchados y recibir una explicación. Mientras tanto, Pedro Sánchez y Óscar Puente hacen de su capa un sayo y ofrecen parches de emergencia en vez de una respuesta nacional a esta crisis. La atención humanitaria es una obligación en un Estado de Derecho, pero también lo es proteger la convivencia, la seguridad y los servicios públicos de los ciudadanos españoles que viven en la frontera. No resulta aceptable que Ceuta sea siempre quien pague la factura de los problemas que el Gobierno no sabe resolver. Una crisis de esta magnitud exige medios, coordinación, control fronterizo y una estrategia de Estado, no carpas improvisadas y decisiones impuestas. Ceuta merece respeto. Y el respeto empieza por escuchar a sus instituciones y a sus vecinos. Mientras Moncloa sigue buscando culpables fantasma, los ceutíes siguen soportando las consecuencias de la ineptitud manifiesta de un Gobierno desbordado e inoperante. La ciudad no necesita discursos sobre normalidad ni parches administrativos. Necesita protección, recursos y una política fronteriza eficaz. Moncloa se atrinchera en una explicación cada vez más difícil de sostener y los ciudadanos ya no ocultan su perplejidad y se preguntan: ¿Por qué Sánchez no actúa contra los invasores y contra los que promovieron el asalto?