Maxim Ross: ¡Rechazo categórico al acuerdo petrolero!

Aunque la frase suene altisonante no menos se puede decir de una maniobra de tal envergadura, al ritmo y velocidad que la quieren imponer otro país y sus cómplices venezolanos. Proponemos rechazarlo por razones adicionales al debate centrado exclusivamente en sus términos, y basarlo en las implicaciones que tiene la explotación del crudo en la vida económica, social y política venezolana, dada la experiencia histórica que tenemos y conocemos muy bien. Antes de entrar en estas consideraciones, un breve repaso del acuerdo nos permite fundamentar su rechazo en sus propios términos.

   RAZONES DE FORMA: ILEGITIMIDAD y DUDOSA LEGALIDAD

Es diáfanamente claro que el Acuerdo carece de legitimidad si ubicamos su alquimia en dos hechos. Uno, la creación del interinato procede de una imposición de fuerza por parte del Gobierno de los Estados Unidos y dos, su origen no proviene de una escogencia libre de los venezolanos. Sobre su legalidad, es interesante hurgar en las palabras y los discursos de los proponentes para encontrar respuestas llenas de contradicciones y falsedades.

La lectura del comunicado de la Casa Blanca da unos indicios: “The United States of America has just entered into an agreement with the Country of Venezuela” …”and, through a partnership with a private business have secured majority U.S. control of more than 65 BILLION BARRELS of proven oil reserves in Venezuela…”[1] Escrito en el que se confirman varias cosas:

1. Que es un acuerdo de país a país, es decir, de Estado a Estado, de Gobierno a Gobierno,
2. Al ser asi, interroga sobre su validez en tanto contraría principios constitucionales y legales que prohíben negociar el recurso petrolero con países o gobiernos extranjeros.
3. Si los Estados Unidos dicen asegurarse, a través de asociaciones privadas, el “control mayoritario” de 65 billones de barriles de reservas probadas, están afectando una propiedad que es de la Nación venezolana, ya que “las reservas probadas” están, inequívocamente en el subsuelo, que es propiedad de la Nación.
4. Que, si se trata de un “majority U.S. control” sobre esas reservas se estaría creando y aceptando el monopolio de un gobierno extranjero sobre la explotación de esas reservas, en especial si ese país dispone que el Pentágono, un órgano oficial de ese país, se haga socio de la empresa operadora con un 35% de su capital accionario. El monopolio está prohibido en la Constitución venezolana.
5. La Ley de Hidrocarburos vigente establece en su artículo 39 que, “para la selección de las operadoras el organismo público competente promoverá la concurrencia de diversas ofertas” y, hasta ahora, que se sepa esta obligación no parece haberse cumplido.
6. La empresa privada que conforma el Acuerdo debe ajustarse a la fórmula de  Contratos de Participación Productiva (CPP), previstos en las recientes reformas a la Ley de Hidrocarburos; luego los Estados Unidos no estarían consiguiendo control alguno y menos “mayoritario” sobre las reservas, porque aquellos contratos las facultan para la producción y comercialización del crudo.
7. Por tanto, si esos CPP acreditan para producirlo y comercializarlo, no pueden asumirse como concesión de una reserva, al estilo de todas las anteriores cedidas por Venezuela. Si no es una concesión, la empresa operadora no podría contabilizarla como un activo y, por tanto, no se puede hablar de “sumar” esas reservas a las de los Estados Unidos,
8. Finalmente, la empresa operadora venezolana que se ha prestado de soporte del Acuerdo, no deja de parecerse mucho a las personalidades y empresas que jugaron como testaferros de las primeras grandes compañías que llegaron a Venezuela para lograr su cometido. Ahora, la diferencia solo reside en la magnitud de la operación en cuestión.

A nosotros nos basta con dejar estas dudas [2] en estas notas y ubicar la discusión en el pasado petrolero de nuestro país, porque la historia venezolana está llena de evidencias de los costos y beneficios que su explotación le ha traído a Venezuela. Épocas de gran bonanza y épocas de grandes crisis, todas ellas, todas, determinadas por la posesión del recurso petrolero. Un tema que invita a una seria reflexión de qué hacer con el futuro de nuestro petróleo y si este Acuerdo no nos lleva, obligados, a repetir una indeseable historia.

         RAZONES DE FONDO

Todos, al menos los de la vieja generación, deben recordar la frase lanzada por Juan Pablo Pérez Alfonzo en los primeros momentos en que el petróleo llegaba a Venezuela, por cierto, muy parecida a lo que ahora se nos presenta en su característica a principal: la impronta de su inserción en la economía y la sociedad, una huella que marcó aquella época de manera muy particular. Una riqueza que desbordó las incipientes capacidades que el país tenía.

A ese país atrasado, recién salido de la guerra, le llegó ese milagroso recurso y el país de la nada se convirtió en el más rico del continente, tal como ahora se espera que suceda. Uslar, Pérez Alfonzo, Adriani, De La Plaza y otros alertaron al país de los peligros que pronto se materializaron. La situación llegó a su límite cuando Pérez Alfonzo propone “cerrar los grifos” y crea la consigna de “no más concesiones”. No estamos, desde luego, tratando de invocar esa consigna para evitar los mismos daños, pero si abrir una reflexión porque este Acuerdo nos puede conducir a un panorama semejante.

LA SOLUCION: ¿MÁS CONCESIONES?

Desde luego, somos un país petrolero, al menos en lo que respecta a las cuantiosas reservas que poseemos, a la necesidad de explotarlas y al hecho cierto de sus inmensas ventajas competitivas, pero de allí no hay que concluir que lo único que nos corresponde hacer para resolver cada crisis es dar “más concesiones”, porque eso  es lo que hemos hecho con resultados muy cuestionables.

Todos los gobiernos, desde la dictadura de Gómez, la transición que le sucedió, la de Pérez Jiménez [3] usaron la misma herramienta para zanjar las crisis fiscales y sus impactos sociales y políticos. La democracia se inaugura con el principio contrario: ¡no más concesiones”, promueve la política de nacionalización, las declara oficialmente canceladas en 1975 cuando se nacionaliza la industria. La bonanza inesperada de esos años y sus catastróficos desenlaces posteriores nos llevaron a la crisis económica y política que todos conocemos.

¡Todos debemos recordar una a una para evitar un sendero similar!

De ahí en adelante, hasta nuestros días, como es el caso que nos ocupa, repetimos el mismo esquema, esta vez queriendo imponérnosla por la fuerza y desde afuera. Llámense “concesiones”, “apertura petrolera”, “Contratos de Participación Productiva” o con cualquier otro nombre que inventemos ponerle a futuro.

                                   EL MODELO QUE VAMOS A REPRODUCIR

Detrás de toda esta historia de “concesiones” se esconde el drama de un país que no logra vivir sin la palanca petrolera, especialmente con el monstruoso Estado que hemos creado, el cual se ampara en vivir del ingreso petrolero, sea genuinamente cuando los precios del crudo permiten financiarlo o, cuando estos se reducen, devaluando sistemáticamente el bolívar para mantenerlo, o, como es ahora, con el apoyo financiero del Banco Central. Un “circulo vicioso” que se gesta desde la economía del petróleo y que permite crear una modalidad de subsistencia del Estado y de sus gobiernos. Una modalidad Fiscal que se escribe asi:

• Una economía improductiva llena de Ministerios y Ministerios,
• Una economía improductiva que emplea y subsidia a millones de venezolanos,
• Una economía de reparto y control político de la población,
• Un Estado incapaz de crear y desarrollar servicios públicos indispensables,
• Un Estado endeudado excesivamente,
• Un Estado que ha mantenido y servido a los partidos políticos, muy en particular para facilitar el monopolio del poder,
• Un “Petro – Estado” que se nos verá repetido y que hemos cuestionado tantas veces.

En resumidas cuentas: ¿es esto lo que quiere Venezuela? o nos permitimos optar por una alternativa distinta que, si bien utilice el recurso petrolero, resguarde una vieja aspiración venezolana de “industrializar el petróleo”, desarrollar una indispensable relación de equilibrio con el resto de la economía y, quizás lo más significativo, que podamos decidirlo los venezolanos.

INDUSTRIALIZAR LOS HIDROCARBUROS

De lo más grave que trae esta propuesta de Acuerdo es que nos devuelve a las primeras épocas de explotación del crudo, aquella de productores y exportadores de materias primas que tanta critica suscitó en el país y en el mundo entero. Refinarlo si, pero en las compañías situadas en el Golfo de Méjico, es la propuesta que beneficia ampliamente al país receptor y le roba a Venezuela el valor agregado que reclamamos a la nafta y a la gasolina. Una propuesta como esta deniega, para ese futuro de 25 o 100 años, toda posibilidad de un intento de rehacer aquel trayecto industrializador.

                                   EQUILIBRIO Y AUTONOMÍA PARA VENEZUELA

Quizás resulte muy, muy difícil decirle a este país petrolero que produzca lo suficiente y necesario para que el país aprenda a vivir principalmente de la otra economía, de la No Petrolera, para que esta pueda “tomar aire” de una buena vez y ayude a hacer de Venezuela un país menos dependiente y más autónomo de su petróleo.

Es lo que se ha invocado tantas veces: desde aquellas ideas de “Sembrar el Petróleo” hasta todos los fracasados intentos de basar nuestra prosperidad en una opción menos petrolera. Podríamos experimentar varias ideas, si logramos paralizar la desquiciada inventiva de Donald Trump.

Una de ellas: lograr un Acuerdo Nacional para producir y vender un volumen de crudo que guarde relación con dos variables.

• Primero: hacer del Estado venezolano menor y que viva solo de los impuestos internos. No más financiamiento petrolero para el Fisco venezolano.
• Segundo: que ese volumen producido y vendido resguarde estrictamente una balanza comercial equilibrada y que esta se compense con exportaciones no petroleras.
• Tercero: que de no poder lograrlo, todo el ingreso petrolero se destine, única y exclusivamente, a la creación de un Fondo Soberano, el FONDO VENEZUELA, cuya administración tendrá la potestad de resguardar el equilibrio deseado.

Olvidemos los fantasmagóricos “Hubs energéticos” que se han anunciado y que parecen querer poner en práctica el interinato, materia en la cual discrepamos de los amigos y especialistas petroleros. Obligados estamos a quitarnos de encima esa amenaza geopolítica que impone el peso del petróleo en nuestra economía, tal como estamos viviendo ahora con el Acuerdo propuesto.

   LA DEMOCRACIA PRIMERO

Si algo hay que decirle al secretario Rubio es que sí, Venezuela está dispuesta a negociar un genuino Acuerdo Petrolero, como lo hicimos a lo largo de nuestra historia, pero desde una instancia democrática. No coloquemos “la carreta delante de los caballos”, como está planteada: petróleo primero democracia después.

Darle un giro copernicano a la postura política de los Estado Unidos puede reivindicar los objetivos del intento del 3 de enero. Ofrézcasele una salida honorable a los que quedan en el interinato y estaremos dispuestos a pagar ese precio por el bien de Venezuela. Los venezolanos estamos preparados para unas elecciones libres, no solo del Poder Ejecutivo, sino para renovar todos los poderes públicos, comenzando por una nueva Asamblea Nacional que tenga el poder de crear un sano sistema judicial y electoral.

Negociemos pues: ayudamos sanamente a aumentar sus reservas estratégicas una vez realizadas esas elecciones. Todavía hay tiempo de rectificar y registrar un doble éxito para el pueblo de aquel país: elecciones libres en Venezuela y fortalecimiento de las reservas estratégicas de los Estados Unidos. Seguros estamos de que un gobierno democrático elegido en Venezuela muy lejos estará de reestablecer relaciones políticas preferentes con Cuba, Irán, Rusia y la China.

Proponemos que el Acuerdo sea rechazado por las Universidades, empresarios y profesionales organizados, exponentes de la voz de la sociedad civil venezolana.

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[1] Versión textual del inglés, que no corresponde con la traducción oficial de la Casa Blanca.

[2] Existen otras dimensiones del acuerdo que engañan a la opinión pública. Por ejemplo: la oferta de precios bajos de la gasolina a la población de aquel país y al nuestro de consecuentes y prontos ingresos fiscales para Venezuela, cuando los campos objeto del acuerdo requieren entre 1 y 2 años para extraer el primer barril.

[3] Entre 1956 y 1957 la dictadura repite la historia.