Primero, la libertad de los prisioneros “por sus ideas”

Empezamos reconociendo que La Guaira hoy es una obligación del Estado y de nosotros, los ciudadanos, no solo con las víctimas de desarrollos privados, sino también y especialmente con los ciudadanos que fueron estafados cuando recibieron del gobierno viviendas de cartón que trajeron grandes desgracias a las familias. La gran tarea es trabajar, colaborar, crear una conmoción, conciencia de la emergencia en la ciudadanía, en las instituciones públicas y privadas en pleno apoyo a las víctimas y a sus grupos familiares, repito no es una decisión, ni opción, es nuestro deber sagrado como humanos y venezolanos.

Seamos sinceros, sentimos que nada más alucinante y pedagógico que sumergirse en los delirios y elucubraciones de quienes han pretendido imponer una sociedad que rompa con todas las claves del humanismo, la libertad, el ser ciudadanos. Están allí, aún con poder, aquellos que forjaron, maquinaron leyes e instituciones que hoy se erigen como amenazas a nuestras vidas, movidos por el afán de instalar rejas, esposar conciencias, someter hasta nuestra respiración. Lo verdaderamente paradójico es que, en todas ellas, en su diabólica exposición, aparecen las firmas fulgurantes de quienes hoy pretenden asumir un liderazgo, convertirse en guías y ejemplos de un nuevo tiempo, conductores de la búsqueda de la libertad. Encontrar las firmas de los hermanos Rodrtiguez en toda iniciativa, ley, institución, creada contra el venezolano es algo rutinario. Sin duda que no vacilaron en firmar todas las nefastas leyes y la creación de las diabólicas instituciones represivas donde se torturaban inocentes, ni un miligramo de conciencia les impidió firmar lo que hoy aspiran que olvidemos.

En esta infame tarea, los principales consejeros fueron los enviados del infierno cubano, quienes fungieron de asesores, fraternales consejeros, hacían el papel de guía y conductores de la demonización de las leyes e instituciones que definirían el grosor de los barrotes y el peso de las cadenas que se impondrían a los infelices venezolanos, a sus partidos políticos, a los medios de comunicación, a los aspirantes a inventar algún emprendimiento como fórmula para sobrevivir. Definieron el nuevo Estado socialista como lo que realmente era y es, una cárcel inmensa, ciudadanos esposados, sin voz para expresar sus aspiraciones, con hambre, más que presos, esclavos de una alucinante búsqueda contra lo esencial del ser humano, su espiritualidad y conciencia, una carrera indudablemente patrocinada por Lucifer en la tierra.

Desfilan ante nosotros las leyes e instituciones contra el odio, cargadas precisamente de ese componente. Durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, en Venezuela se aprobaron leyes y decretos orientados a limitar, destruir la libertad de expresión, impedir, controlar la actividad económica, solo el Estado socialista podía mover la economía, restringir y penalizar los partidos políticos. En resumen, anular la pluralidad política, estructurando un marco de hegemonía estatal solo comparable con el infierno creado en Cuba y en los antiguos países que formaban la Union Soviética. No hacía falta mucha imaginación, bastaba con elucubrar cómo sería un ser humano siendo carcelero de sí mismo.

Movidos por este afán, se idearon leyes contra la libertad de expresión y de información, se crearon instituciones nefastas como Conatel, Saren, los terribles Registros Públicos. Unas instituciones peores que cárceles, porque en ellas el reo no era solo el cuerpo humano, era la conciencia de ser un humano que podría vivir en libertad. Un claro ejemplo de este intento diabólico era la figura que se plasmaba en los registradores públicos, unos dictadorzuelos que especulan e imponen normas aberrantes a todo ciudadano que pretendiera realizar alguna operación mercantil, registrar un documento, comprar, vender o crear algo que produjera algún beneficio.

Es muy importante reconocer la maligna intención de estas acciones del chavismo-madurismo que se destacan la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos (Ley Resorte): promulgada en 2004 y ampliada en 2010. Con su respaldo se impusieron normas de contenido ambiguas, horarios restrictivos y causales para suspender o revocar licencias a medios críticos. Y lo hicieron, acabaron con periódicos y emisoras locales, intentaron destruir El Nacional, pero no pudieron.

En el año 2017 sancionaron la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia que tipifica la disidencia política y la opinión crítica como delitos de odio, con penas de hasta 20 años de cárcel y cierre de medios.

Impusieron la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el Bloqueo Imperialista, utilizada para sancionar, multar o revocar concesiones a medios y plataformas que difundan contenidos considerados de apoyo a sanciones internacionales.

Igualmente, terribles y nefastas han sido y son todas la leyes y medidas contra la empresa privada y el mercado: Leyes de Expropiación y Nacionalización (Reforma de la Ley de Expropiación) que facilitaron la toma de miles de empresas privadas, industrias, comercios y tierras, bajo el argumento de «utilidad pública» o soberanía alimentaria.

Infectaron el campo laboral con la Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores (LOTTT), modificada en 2012 para endurecer los controles laborales e incrementar la tutela del Estado en la administración de las empresas y acabar con la empresa privada.

Impusieron un conjunto de Leyes Habilitantes y de Precios Justos comoinstrumentos legales para fijar márgenes de ganancia artificiales, controles de precios estrictos y penalizaciones severas al sector comercial e industrial privado.

Sin tregua, impusieron Leyes y acciones contra la libertad política y los partidos democráticos, la Ley Orgánica de Procesos Electorales y Leyes del Poder Público que modifica las condiciones de participación. Crearon inhabilitaciones administrativas discrecionales contra líderes y partidos opositores.

Generaron decretos de la Asamblea Nacional Constituyente como instancia al margen de la Constitución tradicional para ilegalizar de facto a los partidos políticos democráticos opositores que no se plegaban a las normativas del oficialismo.

Impusieron una inflexible y dura denominada Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las ONG dirigida a obstaculizar, bloquear el financiamiento y disolver organizaciones de la sociedad civil, iniciativa privada y defensoras de derechos humanos.

Sin tregua, ni pausa, los personajes portadores de estas nefastas consignas actuaron, arremetieron, expropiaron, encarcelaron, condenaron a muerte a todo ciudadano que declarara ser buscador de la libertad, tener una iniciativa económica fuera de los muros del Estado opresor, expresar sus ideas sobre el verdadero afán de convertirnos en seres humanos libres de pensar y existir.

Lo más triste quizás de ese reconocimiento de la dictadura que vivimos es saber que hoy, después de innumerables episodios de combate, de la lucha de algunos de sus autores, hoy permanecen en la cárcel unos ciudadanos conocidos por sus ideas de libertad, presos por sus ideas políticas, por expresar su opinión con libertad, castigados por opinar y actuar buscando la libertad.

No hay excusas para mantener presos venezolanos por sus ideas políticas, mientras ensayan anuncios kafkianos, hipócritas, falsas preocupaciones; entre ellas, la recomendación de utilizar con moderación los servicios básicos: agua y electricidad, un anuncio cruel o burla para un pueblo que ha vivido en sequía, en la oscuridad, sin esperanza de acceder a bienes y servicios que en países libres y decentes forman parte de la cotidianidad. Era normal estar 8-0 horas diarias sin luz eléctrica en nuestros hogares. Asaltaron los recursos del sistema eléctrico y se embolsillaron los cobres para mantener un flujo normal de agua como parte de nuestra vida cotidiana, hoy nos piden usar estos bienes con criterio de escasez, se disfrazan para intentar esconder la condena que ejecutaron contra un pueblo inocente, mientras tenían el poder casi absoluto.

Cuesta mucho trabajo aceptar, escuchar las palabras de quienes antes condenaban, asaltaban, agredían a cualquier ciudadano, usando hoy palabras cargadas de mentiras que pretenden tejer mantos de Impunidad y protección a quienes cometieron crímenes y tropelías sin freno, condenaron, cerraron, torturaron, intentando acabar las esperanzas de quienes trataban de vivir decentemente.

De allí que nos parezca ilusorio el contenido de la proclama de quienes hoy se sientan a negociar nuestro destino:

 · Atención integral a las víctimas y zonas afectadas por el doble terremoto del 24 de junio.

· Fortalecimiento institucional y de la democracia en el país.

· Definición de derechos y garantías políticas.

Atender la tragedia de La Guaira es una obligación, no una decisión. En cuanto a fortalecer la democracia, la pregunta que brota de los labios de cualquier ciudadano es: “Fortalecer algo que no existe”, algo que acribillaron, encarcelaron y pisotearon sin piedad y que, además —ferozmente— destruyeron todas las posibilidades de existir. Cuesta trabajo oír las desfachateces de los hermanos Rodríguez, después del acompañamiento de la barbarie que tienen en sus espaldas.

Quizás lo más duro de comprender es la realidad: detrás del gobierno de transición no hay ningún respaldo político de los venezolanos. Nadie les cree, ni confía en ellos porque las imágenes destructoras de ellos mismos están en la vida y la mente de los venezolanos. Todas las investigaciones dicen que no son más de cuatro gatos, no tienen respaldo ni siquiera de sus antiguos conmilitones.

Sabiendo que no representan a nadie, perdieron abrumadoramente las últimas elecciones, no tienen fuerzas ocultas, es muy difícil asistir al ejercicio del poder de estos personajes que el país detesta “sanamente”, los aborrece porque cometieron los peores abusos, crearon las leyes destructoras de la libertad, encarcelaron a todo el que aspiraba algo valioso. Existieron dos caminos para anular el espíritu del venezolano que cree en la libertad, era agredir directamente, torturar, imponer un estado de terror por parte de instituciones de fuerza: Sebin, Dgcim, PNB, GNB, usar una de nuestras principales obras de ingeniería y arquitectura, el Helicoide, como centro de represión y tortura. Otra especialidad siniestra era crear un manto de leyes para anular la liberta e imponer un silencio soviético. Ambas estuvieron en la agenda de los Rodríguez, Diosdado, Padrino López y otros compinches y el mal llamado alto mando militar (peores y más corruptos, imposible).

Con presos políticos encerrados, con juicios amañados, no hay posibilidad de construir el camino a la libertad. Sabemos que basta una decisión para abrir las puertas de la libertad de aquellos que han entregado su vida por nosotros. Empezar reconociendo el camino de sufrimiento que ha vivido la familia venezolana durante el periodo de bárbaros en el poder. Sí se puede crear un país libre, pero con honestidad, valor y respeto a las familias venezolanas sobrevivientes.