Resolución final de TIAR anuncia sanciones contra 29 funcionarios cercanos a Nicolás Maduro
La presidencia de la trigésima reunión del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) emitió este martes una declaración conjunta sobre una resolución que incluye una lista de 29 personas cercanas al gobierno en disputa de Nicolás Maduro y que serán sancionadas, en materia de movilidad y financiera.
La Crisis en la República Bolivariana de Venezuela y sus impactos desestabilizadores para el Hemisferio han aumentado, según los representantes diplomáticos que aprobaron un documento que impedirá transacciones financieras y tránsito migratorio a los principales funcionarios, familiares y colaboradores de la cúpula de Maduro.
Dentro de la lista, además del presidente en disputa, se incluye a su esposa Cilia Flores, al presidente de la Asamblea Nacional Constituyente venezolana, Diosdado Cabello; el empresario barranquillero Alex Saab, y la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez. Así mismo, el canciller Jorge Arreaza y el ministro de defensa del gobierno en disputa, Vladimir Padrino López.
“Frente a estas personas, se han decidido activar los mecanismos de cooperación, medidas de debida diligencia y demás procedimientos necesarios”, señala la declaración final, en palabras de la canciller colombiana Claudia Blum, en referencia a la resolución aprobada el pasado 23 de septiembre en Nueva York.
En una intervención posterior, el diputado Julio Borges, Comisionado Presidencial para las Relaciones Exteriores de Venezuela aseguró que a la lista “se han sumado ya dos mil nombres”, actualmente bajo un proceso investigativo y explicó que es el resultado de diferentes encuentros que han sostenido miembros del TIAR.
“Significa la decisión de toda América de continuar con medidas concretas que no se habían tomado y que hoy tienen como epicentro seguir presionando los centró neurálgicos más complicados y que hoy siguen sosteniendo a la dictadura de Nicolás Maduro”, declaró Borges.
El político venezolano dijo que hasta la fecha se han realizado reuniones de carácter político, pero también técnico, y añadió que a la lista de 2 mil nombres, ya hay “cerca de setecientos nombres que ya están en un proceso continuo de investigación”.
El mecanismo activado en la reunión de este martes en Bogotá, Colombia, incluye “medidas de restricción de ingreso y tránsito de estas personas en países de TIAR”.
Igualmente la declaración ha dejado saber que se implementarán otros mecanismos que definan cómo aplicar “los parámetros y condiciones para las futuras inclusiones y eventuales retiros”, de estas personas en caso que así lo considere.
“La resolución rechaza las medidas adoptadas por Maduro contra el presidente encargado [de Venezuela] Juan Guaidó” y argumenta que está están en contradicción con los principios de objetividad e independencia de unidades de investigación financiera dirigidas por el gobierno en disputa de Maduro.
La reunión de hoy renovó también “la instrucción a representantes permanentes ante la OEA para dar seguimiento a la situación en Venezuela”.
La próxima reunión de este grupo observador está fijada para el primer trimestre del año 2020.
Un paso significativo
El presidente de Colombia, Iván Duque, señaló que el TIAR «hoy está más vivo que nunca» y que cualquier agresión a un país miembro «despierta la solidaridad de todos».
«Este es un tratado que ha sido servido como herramienta para enfrentar momentos aciagos en la región», dijo Duque. «Creado y diseñado para preservar la paz en el hemisferio, para preservar el entendimiento de los países y para unir a los países en causas comunes», agregó.
La activación de este encuentro es para que hablemos «de una situación en la región que constituye una amenaza, un riesgo».
«Estamos ante una estructura de poder que lo que pretende es entronizar al narcotráfico en uno de los países del hemisferio y representa una amenaza a todos los países aquí presentes», dijo el mandatario colombiano, refiriéndose a la administración del presidente en disputa, Nicolás Maduro, y a sus estructuras.
Hizo una llamado, además, a una mayor articulación de todos los países para generar sanciones efectivas a aquellos que pertenecen a «grupos de poder cercanos al dictador que están desangrando el pueblo venezolano».
En su intervención, Duque enfatizó en que, desde territorio venezolano «la dictadura de Nicolás Maduro se ha dedicado a promover, a patrocinar, a auspiciar grupos armados ilegales que, desde su territorio… pretenden atacar a la población colombiana».
Reiteró que «con el auspicio» del presidente en disputa, Nicolás Maduro, permanecen en Venezuela grupos como el ELN y cabecillas disidentes en las FARC, más específicamente «grupos armados organizados residuales que pretenden controlar los negocios del narcotráfico y minería ilegal».
Durante la instalación, la canciller colombiana Claudia Blum, quien preside el encuentro, señaló que «nuestro objetivo no es otro que el de proteger nuestra democracia, hacer valer los principios y valores interamericanos que con tanto esfuerzo hemos construido y, sobre todo, evitar que el continente sea amenazado y su seguridad sea puesta en riesgo».
Desde que Colombia asumió la presidencia, dijo la canciller, «se ha propuesto actuar con la mayor responsabilidad como respuesta a la confianza que ha sido depositada en nosotros».
Y afirmó que se trabajará en situaciones «de enorme complejidad», como «la convivencia de Nicolás Maduro con el crimen transnacional y organizaciones terroristas».
La reunión en Bogotá es el segundo encuentro en menos de dos meses, después que el 23 de septiembre se aprobara con 16 votos a favor, el voto negativo de Uruguay y una abstención -de Trinidad y Tobago- la decisión de aplicar el tratado a Venezuela.
Como lo explicó Blum, en la resolución se destacan tres mandatos relacionados con «identificar o designar personas y entidades asociadas al asociadas al régimen de Nicolás Maduro involucradas en actividades ilícitas de lavado de activos, tráfico ilegal de drogas, terrorismo y su financiación» o aquellas vinculadas a redes de delincuencia organizadas y que hayan participado en hechos de corrupción o violaciones graves de derechos humanos, dijo la canciller.
Segundo, «encargar a las entidades financieras» de los estados partes de del TIAR para elaborar un listado consolidado de personas vinculadas al gobierno en disputa de Nicolás Maduro.
Y, finalmente, crear una red «integrada por autoridades de inteligencia financiera y de seguridad pública» para intensificar la «cooperación jurídica, policial y judicial para investigar hechos criminales» de persona involucradas con el gobierno en disputa.
