Si la ONU no existiese, habría que inventarla, pero no así
La inventaríamos con menos edificios y más Cascos Azules, con menos secretarías y más cocinas de UNICEF, y con un Consejo de Seguridad en el que un solo Estado no pudiera secuestrar la paz del mundo
Durante la Guerra Fría, y paradójicamente, la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU; United Nations General Assembly, Asamblea General de las Naciones Unidas) era el centro de la diplomacia mundial. Las reuniones a los márgenes del plenario constituían un hervidero de contactos que resultaban muy difíciles de organizar para países pequeños o medianos en una era sin comunicaciones instantáneas. En los pasillos se improvisaban despachos, mientras los más poderosos se reunían discretamente, con todos los medios a su alcance, en sus misiones permanentes o en la residencia de su embajador. Aquella Asamblea servía para algo. La que acaba de celebrar en Nueva York su 81º periodo de sesiones, bajo el lema «Restaurar la confianza, gestionar la transformación», ha servido sobre todo para medir cuánto se ha degradado.
Los discursos
António Guterres, en su última semana de alto nivel antes de dejar el cargo el 31 de diciembre, pidió un mundo construido sobre la interdependencia y recordó a las superpotencias que su poder no es tan «súper»; apenas una hora después, Donald Trump ofreció la lectura contraria: que él no ha prometido fuerza, sino que la ha usado. El presidente estadounidense amenazó con «aniquilar» a Irán si no hay acuerdo, un acuerdo que él mismo pronostica para después de las elecciones legislativas de noviembre, acusó a la Organización de imponer la agenda de extrema izquierda de burócratas globalistas y arremetió contra la Corte Penal Internacional (CPI; International Criminal Court, Corte Penal Internacional). La única noticia diplomática tangible de la semana fue que sus enviados se reunieron tres horas con funcionarios iraníes en los márgenes de la Asamblea. En los márgenes, como en la Guerra Fría; no en el plenario, que ya no sirve para eso.
La excepción, unánimemente elogiada como el mejor discurso de la sesión —para el nivel de la sesión, conviene precisarlo—, fue el del presidente de Finlandia, Alexander Stubb. Citó a Kofi Annan («cualesquiera que sean nuestras diferencias, nos mantenemos en pie o caemos juntos») y planteó la disyuntiva como una elección entre cooperación o conflicto. Pidió una refundación, un nuevo momento San Francisco: al menos dos nuevos asientos permanentes para África, dos para Asia-Pacífico y uno para Iberoamérica; que ningún Estado tenga por sí solo derecho de veto; y que a todo miembro del Consejo que viole la Carta se le suspenda el voto. Loable, pero pedir a los cinco miembros permanentes que renuncien al veto es como pedirles que se amputen los dos brazos. Sobre eso volveremos.
La calidad de las otrora élites políticas, hoy simples clases políticas, es una de las causas del agravamiento. Imaginemos los pasillos de la ONU y las reuniones bilaterales con figuras de la talla de Adenauer, De Gaulle o Eisenhower, y más cerca de nuestro tiempo Kohl, Mitterrand, Felipe González o José María Aznar. Vamos, igualito que hoy.
Una crisis de origen
La crisis de las Naciones Unidas es de origen, aunque no estable: nace en San Francisco con el sistema de veto para los vencedores de la guerra, y desde ahí ha ido cuesta abajo. El propio Harry Truman lo reconoció al clausurar la Conferencia el 26 de junio de 1945: la Carta, como la Constitución americana, «se ampliará y mejorará con el paso del tiempo», pues nadie pretendía que fuese un instrumento definitivo ni perfecto. Ochenta y un años después sigue prácticamente intacta.
A ese defecto congénito se sumó el crecimiento de la institución en miembros, atribuciones y agencias especializadas: un verdadero laberinto de responsabilidades cruzadas y de competencia entre organismos, y entre sus líderes, movidos por ambiciones y egos no pocas veces desmedidos. El secretario general no es el jefe de los jefes de Estado —y menos mal—, pero la administración que dirige con poderes bastante omnímodos es, en el mejor de los casos, que además es la mayoría de los casos, mediocre en su funcionamiento cuando no simplemente incompetente. El propio Guterres admitió en agosto al «Financial Times» que el Consejo de Seguridad está «prácticamente paralizado» por los vetos, sobre todo de Estados Unidos y Rusia. Difícil epitafio para diez años de mandato.
Lo que cuesta y lo que se hace
Sobre el coste de la Organización circulan cifras para todos los gustos, y conviene ordenarlas con claridad. El presupuesto ordinario de la Secretaría —lo que pagan los Estados por cuotas obligatorias— se ha recortado para 2026 hasta unos 3.240 millones de dólares, un 15% menos que en 2025, con una reducción del 18,8% de los puestos de trabajo, porque, en palabras del secretario general, la ONU corre una «carrera hacia la bancarrota» si los Estados no pagan a tiempo; solo los atrasos a final de 2025 sumaban 760 millones. De ese presupuesto ordinario, aproximadamente el 70% es nómina y el 30% restante son edificios, tecnología, seguridad, conferencias, traducción y viajes. Dicho en plata: el corazón administrativo de la ONU es una máquina de sueldos, con un pequeño resto de gastos generales.
Es un error, sin embargo, deducir de ahí que la ONU gasta el 70% en burocracia y el 30% en ayudar. La ayuda humanitaria, los refugiados, la alimentación o las vacunas no salen de ese presupuesto, sino de las contribuciones voluntarias que financian a los fondos y programas. Si se mira el sistema entero, el gasto anual ronda los 67.000 millones de dólares, y casi la mitad es asistencia humanitaria. El problema, por tanto, no es que la Organización sea cara en bruto —el presupuesto ordinario de la ONU es inferior al de muchas ciudades europeas—, sino que el dinero de las cuotas se destina casi íntegramente a una estructura que duplica funciones, que se pelea por competencias entre agencias y cuya eficacia nadie audita con criterios de resultados.
Lo que es imprescindible subrayar es que hay agencias que llevan a cabo una labor ejemplar, con funcionarios y empleados locales que son verdaderos héroes anónimos y se juegan la vida en algunos de los lugares más peligrosos del mundo: el ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados), el PMA (Programa Mundial de Alimentos) e incluso las misiones sobre el terreno de UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia), de la OMS (Organización Mundial de la Salud) o del PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo). El contraste entre esa gente y los pasillos de la Secretaría en Nueva York es la mejor prueba de que el problema no es la idea, sino su arquitectura.
Reformar el veto sin pedir imposibles
Aquí es donde el discurso de Stubb, con toda su nobleza, se estrella contra la Carta. La abolición del veto exige enmendar el artículo 27.3, y el artículo 108 establece que toda enmienda requiere dos tercios de la Asamblea General y la ratificación por dos tercios de los Estados miembros, incluidos todos los miembros permanentes del Consejo. Es decir: los cinco tendrían que ratificar su propia decapitación. Lo mismo ocurre con la suspensión del voto a quien viole la Carta: el artículo 5 ya permite suspender a un Estado, pero solo previa recomendación del Consejo de Seguridad, esto es, sujeta a veto. Rusia se vetaría a sí misma con toda tranquilidad.
Lo que algunos llevamos años pidiendo es más modesto y, precisamente por eso, posible. Primero, la incorporación de nuevos miembros permanentes —India y Japón sin discusión, quizás Alemania, junto a representación africana e iberoamericana—. Hay precedente: en 1963 la Asamblea aprobó la resolución 1991 (XVIII), que amplió el Consejo de once a quince miembros; la Unión Soviética y Francia votaron en contra y Estados Unidos se abstuvo, pero los cinco acabaron ratificándola en 1965. Es la única enmienda que el Consejo ha conocido y demuestra que los grandes aceptan lo que no pueden bloquear políticamente.
Segundo, transformar el veto absoluto en lo que podríamos llamar un veto ponderado, que es casi una contradicción en los términos pero tiene una traducción jurídica precisa. Se trataría de añadir al artículo 27.3 una regla especial para las decisiones adoptadas en virtud del Capítulo VII de la Carta —las que atañen a la paz y la seguridad internacionales, las únicas de obligado cumplimiento—: se entenderían aprobadas con el voto afirmativo de nueve miembros salvo que dos o más miembros permanentes emitiesen voto negativo. Un solo veto dejaría de bastar; haría falta un socio de veto. Eso no elimina el privilegio de los cinco, pero lo convierte en un poder de coalición y no de capricho, y obligaría a Moscú a buscar a Pekín, o a Washington a buscar a Londres o París, cada vez que quisiera bloquear una resolución sobre Ucrania, Gaza, Sudán, el Sahel o aprobar nuevas sancioes contra Rusia o Irán.
No sería tan revolucionario como parece. El artículo 27.3 ya ha sido reinterpretado sin tocar una coma: la Corte Internacional de Justicia, en su opinión consultiva sobre Namibia de 1971, confirmó que la abstención voluntaria de un miembro permanente no equivale a veto, contra la letra estricta del texto. Desde 2022, además, la resolución 76/262 de la Asamblea obliga a que todo veto se debata y justifique ante el plenario. La práctica ha ido erosionando el veto; solo falta que la Carta la alcance.
Un balance magro y un consuelo
El balance de esta Asamblea es magro: ninguna de las guerras que la dominaron —Irán, Ucrania, Gaza, Sudán, el Congo— salió del edificio más cerca de su fin, el secretario general se despidió describiendo su propia impotencia y el nivel medio de los oradores no habría resistido cinco minutos de comparación con los de 1955 o 1985. La sucesión de Guterres, con seis candidatos en liza y ninguna decisión esta semana, se resolverá donde siempre: entre los cinco.
Dag Hammarskjöld dejó dicho en 1954 que las Naciones Unidas no fueron creadas para llevar a la humanidad al cielo, sino para salvarla del infierno. Con esa vara de medir, y a pesar de todos sus graves defectos y carencias, hay que decirlo sin rodeos: si la ONU no existiese, la tendríamos que inventar. Pero la inventaríamos con menos edificios y más Cascos Azules, con menos secretarías y más cocinas de UNICEF, y con un Consejo de Seguridad en el que un solo Estado no pudiera secuestrar la paz del mundo.
*Gustavo de Arísteguies diplomático y fue embajador en India, Bután, Maldivas, Nepal y SriLanka (2012-2016) gustvodearistegui.substack.com
