EUROPA PRESS).- La exsenadora colombiana Piedad Córdoba ha anunciado que deja la política activa por «depresión» sufrida tras su candidatura presidencial de 2018. Córdoba fue una de las figuras más activas en las movilizaciones para apoyar el proceso de paz entre el Gobierno y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
«Tomé la decisión de lanzar mi candidatura a la Presidencia de la República. La FARC les prohibió a muchos de sus miembros que me ayudaran a recoger las firmas, me quemé mucho políticamente porque se acabara la guerra», ha explicado Córdoba en una entrevista con Telemedellín. «Entré en una depresión muy profunda. Terminé recluida en una clínica en La Habana a finales del año pasado», ha indicado.
La excongresista, destituida por la Procuraduría en 2010 con un fallo que tumbó el Consejo de Estado en 2016, explicó que se dedicó «por completo a sacar ese proceso (de paz) adelante», por lo que para ella fue «muy duro» que cuando requirió apoyo para su candidatura presidencial, todos los sectores alternativos le dieron la espalda. «Para mí eso fue un golpe emocional muy fuerte», ha señalado.
«Yo no vuelvo, aquí la política es muy rastrera. Me harta sobremanera que la política se haga insultando. Al Congreso no vuelvo ni amarrada»
Por eso, dijo que tomó la decisión de retirarse «de absolutamente todo. Yo no vuelvo, aquí la política es muy rastrera. Me harta sobremanera que la política se haga insultando. Al Congreso no vuelvo ni amarrada».
En la entrevista, la exsenadora se ha referido también de su relación con el oficialismo venezolano y Nicolás Maduro. «Hace aproximadamente dos años» no habla con Maduro. «No porque esté brava, no tengo ni siquiera el teléfono del presidente», ha asegurado.
Respecto al senador Gustavo Petro, ha apuntado que él la prefiere «a kilómetros» pues dice que ella «le quitaba votos, que con el tema de las FARC le hacía perder votos. Me llamó mucho la atención porque yo nunca he sido guerrillera, nunca he cogido un fusil».
Piedad Córdoba fue senadora entre 1998 y 2010, hasta que en septiembre de ese año fue destituida por la Procuraduría, que la inhabilitó también por 18 años por presuntos nexos con la guerrilla de las FARC. Sin embargo, en 2016 el Consejo de Estado tumbó la decisión y ordenó a la Procuraduría pagarle una indemnización de 1.300 millones de pesos (unos 318.000 euros).