Un demoledor informe de la ONU pide que Maduro sea investigado por torturar y reprimir disidentes
El organismo internacional acusa a toda la cadena de mando, incluida la vicepresidente Delcy Rodríguez, por crímenes de lesa humanidad cometidos por las autoridades militares y policiales
Este martes la Misión Internacional de Determinación de los Hechos de la ONU presentó en Ginebra su último informe en el que identifica a los autores de la cadena de mando por las torturas y represión contra la disidencia venezolana y solicita que Nicolás Maduro sea sometido a una investigación penal por su responsabilidad en los crímenes de lesa humanidad.
«Las pruebas recabadas durante las investigaciones permitieron sostener, con motivos razonables para creer, que el presidente (Nicolás Maduro) tenía conocimiento de las violaciones y delitos y que en ocasiones daba órdenes al Director General y a los Directores de otras unidades del Servicios Bolivarianos de Inteligencia Nacional (SEBIN)», concluye la Misión.
En cuanto a las violaciones cometidas en las autoridades militares de la Dirección General de Inteligencia Militar (DGCIM), la Misión encontró «motivos razonables para creer que el Presidente ordenó o instigó la comisión de ciertos actos delictivos y que, sabiendo que se estaban cometiendo violaciones, no tomó las medidas necesarias para prevenir que estos actos se produjeran ni para reprimirlos».
El tercer informe de la ONU detalla que «información interna fiable indica que el Presidente tiene un círculo íntimo de asesores de confianza, entre ellos Diosdado Cabello, Tareck Zaidan El Aissami Maddah y el ministro del Interior, a quienes consulta para impartir esas órdenes. Las decisiones se comunican luego a la cadena de mando, lo que da lugar a la comisión de violaciones y delitos».
Varios mandos implicados
Además, también concluyó que «la vicepresidenta (Delcy Rodríguez) conocía o debió haber conocido la comisión de esos delitos en el SEBIN. A pesar de que tenía la autoridad efectiva para hacerlo, no evitó los crímenes y violaciones ni los reprimió».
Otros de los funcionarios identificados en el tercer informe de la Misión de la ONU es el Director General de la DGCIM, Iván Hernández Dala, quien depende de Maduro. «La prueba sugiere que el presidente tiene el poder de saltar las líneas oficiales de jerarquía dentro de la DGCIM, otorgando poder adicional a individuos específicos, como por ejemplo Granko Arteaga».
Alexánder Enrique Granko Arteaga es el director de Asuntos Especiales (DAE) de la DGCIM, señalado de ser uno de los presuntos responsables por las torturas cometidas en el organismo.
«Un exempleado de la DGCIM le manifestó a la Misión que quienes participaban en las detenciones arbitrarias no podían negarse a llevarlas a cabo, porque si lo hacían, serían investigados como posibles disidentes, lo que podría llevar a su desaparición», reseña el informe.
La Misión también da cuenta de que en el SEBIN, «las torturas a los detenidos eran ordenadas en su mayoría por Gustavo González López y Carlos Calderón Chirinos. Si los agentes del SEBIN se negaban a participar en los actos de tortura, Calderón Chirinos los golpeaba para intimidarlos ‘y así hacerse respetar».
Tácticas de seducción y operaciones orquestadas
Entre los métodos de tortura utilizados se destaca la focalización en víctimas de un perfil específico, o en sus familiares, que incluía: personas que habían criticado al Gobierno o representaban ser una amenaza.
El texto describe que las detenciones de los presos políticos fueron precedidas por periodos de actividades de inteligencia orquestadas, incluyendo operaciones de vigilancia, escuchas telefónicas y seguimiento electrónico.
«Los arrestos y las detenciones por parte de la DGCIM y el SEBIN se caracterizaron por graves irregularidades, como el uso de tácticas de seducción, los intentos deliberados por parte de funcionarios del Estado de enmascarar sus identidades, la fabricación y colocación de pruebas falsas y el uso excesivo de la fuerza durante las detenciones, lo que generó miedo y sensación de impotencia», añade el informe.
Para el montaje de los arrestos, «el suministro del material, el apoyo logístico y los recursos humanos necesarios para las operaciones de seguridad e inteligencia requirieron la implicación de las autoridades al más alto nivel».
La Misión concluyó que tiene motivos razonables para creer que Nicolás Maduro y los funcionarios de alto nivel del Estado que lo apoyaron, identificados en las conclusiones detalladas del documento de sesión de la Misión, deben ser sometidos a investigaciones judiciales por su responsabilidad con respecto a los delitos y violaciones cometidos a través de funcionarios de la DGCIM y el SEBIN.
