Un Gobierno fallido

Pedro Sánchez, en un acto de precampaña en Bilbao. (AFP)

Tragedias, desastres, crisis y escándalos. Tanto si las inminentes elecciones provocan su caída como si no, eso es lo que recordarán la mayoría de los españoles de los años que Pedro Sánchez ha gobernado España. El dramático accidente de Urda, ocurrido apenas nueve meses después del de Adamuz (más de cien muertos entre los dos), ha sido la última cuenta del rosario. Igual que los accidentes ferroviarios, la pandemia, la dana, los incendios forestales y la invasión y crisis de Ceuta de julio de 2026, junto con su antecedente de 2021, han enfrentado a nuestras instituciones con obligaciones elementales: anticipar riesgos, proteger vidas, coordinar recursos, mantener la seguridad. Cada uno de esos episodios tienen causas y responsables concretos, y en varios concurren competencias de distintas administraciones. Pero su acumulación ha revelado un patrón de respuestas tardías y deficientes, controversias promovidas para intentar desviar la atención de los problemas y una sorprendente resistencia a aprender de los errores.

Espero que disculpen el apunte personal, pero reflexionar sobre lo anterior me ha traído a la memoria la primera Tercera que publiqué en ABC, hace bastantes años (‘Agujeros de soberanía’, 5/3/2010). El tema tratado allí fue el de los Estados fallidos, incapaces de garantizar por sistema la seguridad de sus ciudadanos, hacer cumplir las leyes o suministrar otros servicios básicos, generalmente como consecuencia de un déficit profundo de recursos y medios. Pero esas funciones esenciales también pueden dejar de prestarse cuando quienes gobiernan no aprovechan adecuadamente las capacidades con las que cuenta un Estado dotado de instituciones fuertes y amplios recursos o no se preocupan en preservarlas. Y el Estado español ofrece una prueba. Transformada en una democracia avanzada a raíz de una exitosa transición política y aún con todos sus problemas, España figura hoy entre las quince primeras economías del mundo y las cinco primeras de Europa.

En 2025, nuestro PIB alcanzó los 1,69 billones de euros y el gasto público rondó los 765.000 millones y a comienzos de 2026, las administraciones empleaban a más de tres millones de personas. Sin olvidar que, entre 2021 y agosto de 2026, recibimos 78.000 millones de euros de la Unión Europea para compensar las pérdidas económicas provocadas por la pandemia y modernizar infraestructuras, empresas y servicios públicos. Semejante abundancia de recursos, sin embargo, contrasta con los graves fallos antes apuntados y el origen de estos muestran que, si bien nuestro Estado no es un Estado fallido y está muy lejos de serlo, nuestro Gobierno, actualmente en funciones, se ha ganado ese calificativo con creces.

Los fallos de los que hablamos han tenido menos que ver con el fracaso de un programa político identificable que con un modo singular de hacer política y un proyecto personalista de conquista y mantenimiento del poder. Aunque los procedimientos empleados para cumplir ese fin son conocidos, valdrá la pena volver a nombrar al menos tres de ellos. El primero ha sido la colonización de organismos públicos mediante la designación de personas políticamente afines para ocupar cargos directivos, incluyendo entre aquéllas personas a individuos que carecían de la experiencia y la preparación profesional adecuadas para asumir dichas responsabilidades, pero que siempre se han mostrado dispuestos a anteponer el interés político partidista al criterio experto, contribuyendo así a debilitar los controles al poder ejecutivo y hacer caso omiso, en no pocas ocasiones, de informes y advertencias suministrados por especialistas y técnicos. El segundo procedimiento ha consistido en una estrategia de polarización permanente destinada a agudizar la división entre los españoles por motivos políticos, reforzar la identificación emocional de los votantes y simpatizantes del Gobierno y alimentar su hostilidad hacia las fuerzas de oposición y quienes los apoyan, a fin de consolidar una lealtad partidista tendente a ignorar o disculpar conductas y errores gubernamentales que se considerarían perfectamente censurables de haber sido perpetrados por un gobierno de otro color.

Finalmente, el Gobierno sanchista ha dedicado gran parte de sus esfuerzos a la propaganda, la desinformación (que no ha parado de atribuir a sus rivales políticos y los medios de comunicación no afines) y al despliegue de una auténtica política de la posverdad centrada en la construcción de relatos, la selección y filtración interesada de informaciones y medias verdades, la ocultación de hechos graves y la mentira, para justificar decisiones, disimular fracasos y eludir responsabilidades. Una acción de gobierno como esta, sostenida en el tiempo y unida a la incapacidad de aprobar presupuestos en los últimos cuatro años dejaba escaso margen para una gestión eficaz y solo podía aspirar a promover una política errática, batir récords de corrupción y degradar el funcionamiento de los organismos públicos hasta generar fallos de nivel sistémico, como finalmente ha sucedido.

Mientras el mundo entero atraviesa un tiempo de incertidumbre suscitada por formidables avances tecnológicos, enormes tensiones geopolíticas y económicas, la política española, indudablemente, vive una profunda crisis interna. En su estudio sobre las crisis históricas, incluido en uno de sus mejores libros (‘En torno a Galileo’), Ortega y Gasset cinceló una de esas célebres sentencias suyas que se repiten regularmente: «no sabemos lo que nos pasa, y esto es precisamente lo que nos pasa, no saber lo que nos pasa». Pero esta vez el problema es distinto. Ningún español podría alegar hoy ignorancia respecto de la torticera forma de gobernar del Ejecutivo socialista ni de su corrosivo impacto en el funcionamiento de la maquinaria estatal y en el estado de las infraestructuras, con consecuencia de muerte en el caso de los terribles accidentes ferroviarios por los que ahora llevamos luto y alto riesgo para el sistema de división de poderes e incluso para la soberanía y la integridad territorial amenazada por un Estado extranjero. Más bien, el problema estriba en que, aún hoy, un tercio de la población española parece inclinada a seguir respaldando la política que nos han conducido a esta situación. Durante ocho largos años, la demonización de los partidos de oposición y de la posibilidad misma de la alternancia política ha logrado que la fidelidad a unas siglas y consignas ideológicas sirvan de excusa para todo. Nuestro futuro inmediato dependerá del número de conciudadanos que abandonen esa actitud antes de abrirse las urnas.