Hay algo profundamente inquietante en el mundo que hemos construido.
Nunca dispusimos de tantos conocimientos, de semejante capacidad para producir riqueza ni de instrumentos tan poderosos para transformar la existencia humana. Sin embargo, millones de personas continúan viviendo con la incertidumbre de no saber si podrán conservar su empleo, alimentar a sus familias o proporcionar a sus hijos una vida mejor. Mientras tanto, las sociedades celebran elecciones, sustituyen gobernantes y renuevan sus esperanzas para descubrir, demasiadas veces, que los problemas permanecen intactos.
Nos hemos acostumbrado a explicar estas contradicciones atribuyéndolas al fracaso de una ideología, a la incompetencia de determinados dirigentes o a circunstancias internacionales adversas. Cada explicación contiene una parte de verdad, pero ninguna parece suficiente. El mundo no llegó hasta aquí por casualidad. Es el resultado de decisiones que favorecieron determinados intereses, de instituciones que no siempre cumplieron sus responsabilidades y de estructuras económicas y políticas que sobreviven a quienes prometieron transformarlas.
La capacidad de producir riqueza no garantiza bienestar compartido. Cuando las instituciones no consiguen transformar el crecimiento en oportunidades, se acumulan desigualdades y frustraciones. Y cuando estas sobreviven a sucesivos gobiernos, comienza a deteriorarse algo tan importante como las condiciones materiales: la confianza en que la política pueda mejorarlas.
El desencanto tampoco apareció de repente. Fue alimentándose con promesas incumplidas, servicios deteriorados y una representación política que demasiadas veces confundió sus propios intereses con los de la sociedad. Para muchos ciudadanos, participar dejó de parecer una manera de influir y comenzó a sentirse como un ritual incapaz de alterar el rumbo. En ese terreno creció la tentación de confiar en quien prometiera romperlo todo.
Cuando fracasa un gobierno, sus adversarios suelen atribuirlo a su orientación ideológica. Si gobierna la izquierda, la derecha encuentra allí la demostración del fracaso de sus ideas; cuando ocurre lo contrario, la explicación se invierte. Sin embargo, aunque las diferencias ideológicas importan y producen consecuencias distintas, ninguna orientación garantiza por sí sola instituciones sólidas, administraciones eficientes o gobernantes responsables.
Hemos convertido demasiadas elecciones en ceremonias de sustitución de culpables. El nuevo dirigente promete corregirlo todo, denuncia a sus antecesores y solicita confianza para emprender una transformación definitiva. Cuando las expectativas se desvanecen, reaparece el desencanto. Cambian los nombres y las consignas, pero permanece una pregunta incómoda: ¿transformamos las condiciones que producen nuestros problemas o solamente renovamos a quienes administran sus consecuencias?
Quizás parte de la respuesta se encuentre en que la política ha aprendido a dirigirse a nuestras emociones con una eficacia que no siempre demuestra cuando debe resolver nuestros problemas.
La indignación, el miedo y la desesperanza pueden convertirse en instrumentos de estrategias políticas que prefieren identificar enemigos antes que explicar soluciones. El candidato más agresivo puede parecer el más decidido, mientras quien promete destruir cuanto existe despierta mayor entusiasmo que quien intenta explicar cómo reconstruirlo.
La política adopta progresivamente técnicas de mercado donde candidatos, imágenes y discursos se presentan como productos destinados a conquistar la atención pública. El especialista en neuromarketing Jürgen Klaric popularizó una expresión reveladora: «Véndele a la mente, no a la gente». Trasladada al terreno electoral, esa lógica plantea una inquietud fundamental: ¿qué sucede cuando las campañas buscan despertar emociones antes que promover la reflexión? El problema no son las emociones, indispensables en toda experiencia humana, sino su utilización para sustituir el razonamiento.
La tecnología ha multiplicado esas posibilidades. Las plataformas digitales permiten analizar comportamientos, identificar audiencias y adaptar mensajes a sectores específicos. Los ciudadanos reciben información que frecuentemente confirma sus convicciones, mientras disminuyen las oportunidades de confrontarlas con argumentos distintos.
En mi libro Entre el poder y el desencanto utilicé una expresión deliberadamente provocadora: «No se necesitan votos para ganar una elección, sino algoritmos». Naturalmente, las elecciones se deciden mediante votos, pero antes de llegar a las urnas nuestras percepciones pueden haber sido condicionadas por mecanismos que desconocemos. La tecnología no determina automáticamente nuestras decisiones, pero puede influir profundamente en la formación de nuestras preferencias políticas.
Lo preocupante es que esto ha dejado de ser una posibilidad teórica.
El caso del consultor argentino Fernando Cerimedo constituye un ejemplo revelador. Vinculado a campañas electorales en Argentina, Bolivia y Honduras, su actividad ilustra la dimensión internacional que han adquirido las estrategias políticas. Una investigación publicada por The New York Times en diciembre de 2025 documentó su asociación con Brad Parscale, antiguo director de campaña de Donald Trump, en la consultora Numen, dedicada al asesoramiento político y al empleo de herramientas tecnológicas de análisis de datos y segmentación electoral.
Estos vínculos no demuestran que las elecciones hayan sido decididas desde el exterior, pero revelan la existencia de redes profesionales capaces de intervenir en la comunicación política de distintos países. ¿Cuántos consultores semejantes actúan actualmente en otras regiones? ¿Qué compromisos pueden establecer con quienes posteriormente llegan al gobierno? ¿Dónde termina el asesoramiento electoral legítimo y comienza una influencia que debería someterse a mayores exigencias de transparencia?
Sería ingenuo desconocer que las elecciones continúan siendo acontecimientos nacionales mientras las herramientas para influir sobre ellas circulan internacionalmente. Sin embargo, tampoco podemos atribuir exclusivamente a los algoritmos las decisiones de millones de ciudadanos. Las desigualdades, la inseguridad, la corrupción y el deterioro de los servicios públicos constituyen experiencias reales. Los mecanismos tecnológicos pueden aprovecharlas e intensificarlas, pero no explican por sí solos su existencia.
Estas circunstancias obligan a preguntarnos qué evaluamos cuando elegimos gobernantes: ¿sus programas, antecedentes y compromisos institucionales, o la intensidad con que expresan nuestro descontento? ¿Elegimos un proyecto de gobierno o una promesa de castigo contra quienes consideramos responsables de nuestras frustraciones?
No puede exigirse idéntica participación a quien dispone de seguridad económica y a quien dedica sus esfuerzos diarios a sobrevivir, ni a quien vive en una democracia abierta y a quien enfrenta la persecución de la disidencia. Pero reconocer esas diferencias no significa que toda responsabilidad ciudadana desaparezca.
Durante las campañas, millones de personas defienden candidatos y se movilizan para conseguir una victoria. Después, muchos regresan a sus actividades y dejan que los elegidos adopten decisiones que comprometerán su futuro durante años. Es como si votar significara transferir no solamente el ejercicio del gobierno, sino también nuestra responsabilidad sobre sus decisiones.
Y debería ser exactamente lo contrario.
El día de las elecciones no termina nuestra responsabilidad con la democracia. Comienza nuestra responsabilidad frente a quienes hemos elegido.
Los gobernantes reciben facultades para administrar dentro de las leyes, no autorización para apropiarse del Estado. Una democracia necesita ciudadanos capaces de acompañar las decisiones acertadas, cuestionar las equivocadas y exigir explicaciones incluso a los dirigentes por quienes votaron. Defender a un gobierno cuando actúa correctamente no implica justificar sus abusos, del mismo modo que cuestionarlo no significa desear el fracaso del país.
Debemos distinguir entre la suerte de nuestros gobernantes y el destino de nuestras instituciones. Los gobiernos son temporales; el Estado debe garantizar continuidad, profesionalismo y respeto por las leyes. Sin esa distinción, cada alternancia amenaza con convertirse en una nueva ruptura.
Pero existen sociedades que han aprendido a evitarlo.
Dinamarca, Finlandia, Suecia, Noruega, Bélgica, los Países Bajos y Alemania ofrecen experiencias reveladoras. Sus modelos no son idénticos ni están exentos de dificultades, pero gobiernos socialdemócratas, liberales y conservadores han contribuido, durante generaciones, a construir y preservar sistemas de protección social que trascienden las disputas partidistas.
Estas experiencias demuestran que las diferencias ideológicas no tienen por qué impedir el bienestar colectivo. Por el contrario, cuando existen instituciones sólidas y consensos fundamentales, pueden contribuir a perfeccionar las políticas públicas. La alternancia no tiene necesariamente que significar la destrucción de las conquistas anteriores.
La madurez de una sociedad no se mide solamente por su capacidad para cambiar de gobernantes, sino por su capacidad para preservar y perfeccionar sus conquistas cuando los gobernantes cambian.
La educación, la salud, la infraestructura y el desarrollo productivo requieren horizontes que exceden los calendarios electorales. Cambiar un gobierno puede ser necesario; transformar las estructuras que condicionan su funcionamiento exige algo más duradero.
Venezuela ofrece una reflexión dolorosa sobre las consecuencias de perder progresivamente la capacidad institucional para decidir el propio destino. Después de décadas de proclamas sobre soberanía, de un profundo deterioro económico e institucional y de enormes sacrificios ciudadanos, el país enfrenta una etapa en la que decisiones esenciales sobre su futuro están condicionadas por actores externos, mientras permanecen estructuras de poder asociadas al proceso que condujo a la crisis.
La contradicción resulta difícil de ignorar: un proyecto que hizo de la independencia nacional uno de sus principales argumentos terminó debilitando las instituciones necesarias para ejercerla.
Tampoco podemos responsabilizar indiscriminadamente a la sociedad venezolana. Hubo protestas, sacrificios y esfuerzos extraordinarios por defender derechos. La represión y el deterioro de las condiciones de vida limitaron severamente las posibilidades de participación. La enseñanza no consiste en culpar a quienes padecieron las consecuencias del poder, sino en comprender que recuperar la libertad exige reconstruir las instituciones que permiten ejercerla.
Esta responsabilidad trasciende a los ciudadanos. Los sectores económicos deben actuar bajo reglas transparentes; los partidos deben presentar alternativas verificables; los medios de comunicación y las plataformas digitales deben responder por sus prácticas. La democracia necesita una sociedad capaz de intervenir en las decisiones colectivas, defender sus conquistas y exigir explicaciones más allá del momento electoral.
Las grandes transformaciones de la historia no surgieron espontáneamente. Los derechos laborales, la ampliación de las libertades y los límites al poder requirieron organización, acuerdos y perseverancia. Por eso, reconocer la existencia de intereses económicos, redes internacionales de influencia y estrategias tecnológicas de persuasión no significa aceptar una conspiración única capaz de determinar el destino de las sociedades. Significa comprender que esos mecanismos deben investigarse, transparentarse y someterse a controles democráticos. Desconocerlos sería ingenuo; considerarlos invencibles equivaldría a renunciar a nuestra capacidad de actuar.
El problema no es que siempre elijamos equivocadamente, sino que demasiadas veces aceptamos que nuestra responsabilidad concluya precisamente cuando comienza la de quienes elegimos. Depositamos esperanzas en un nombre, celebramos una victoria, delegamos las decisiones y aguardamos resultados. Cuando estos no llegan, buscamos otro nombre, otra promesa, otra ideología, sin preguntarnos qué ocurrió durante el tiempo en que dejamos de participar.
Quizás haya llegado el momento de abandonar la ilusión de que el futuro depende exclusivamente de encontrar gobernantes diferentes. Necesitamos sociedades capaces de relacionarse de otra manera con el poder y comprender que ningún proyecto político puede apropiarse del destino colectivo.
Algún día, quienes vengan después de nosotros se preguntarán cómo sociedades que disponían de extraordinarios conocimientos, recursos económicos y medios tecnológicos toleraron contradicciones que parecían estar a su alcance corregir. Encontrarán avances, errores, oportunidades perdidas y personas que se negaron a aceptar la indiferencia como respuesta.
El mundo no llegó hasta aquí por casualidad. Pero tampoco llegará al mañana por casualidad.
Nuestra responsabilidad frente a las generaciones futuras consiste en comprender que no basta con elegir a quienes decidirán por nosotros. Debemos conservar la voluntad, la libertad y los medios para participar en las decisiones que determinarán nuestra existencia.
Porque si seguimos entregando nuestro futuro cada vez que votamos, llegará un día en que tendremos que explicarles a nuestros hijos y nietos no solamente por qué el mundo terminó siendo como es, sino por qué, teniendo todavía la posibilidad de intervenir en su construcción, dejamos que otros decidieran en nuestro nombre.
