Venezuela brutal, la radiografía inmisericorde de Amnistía Internacional

«Esto no es vida». Así tituló Amnistía Internacional (AI) su radiografía sobre la Venezuela brutal a las pocas horas de que dos bomberos fueran encarcelados por parodiar a Nicolás Maduro comparándole con un burro. La misma semana en que el pantagruélico banquete de la pareja presidencial en Estambul dio la vuelta al mundo en medio de la crisis humanitaria más aterradora que recuerda el continente, que organismos de la ONU ya comparan con la de Siria.

Dos gotas de agua en un océano tormentoso rebosante de excesos, donde en un solo día las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana (FAES) mataron a 18 hombres en distintas operaciones contra la delincuencia. Los familiares calificaron estos sucesos como ejecuciones extrasumariales, que también han sido investigadas por AI en los últimos años: en 2017 se habrían producido 2.379 en todo el país.

Crónica ha desmenuzado el informe de «seguridad ciudadana y derecho a la vida en Venezuela», sumándole los hechos que aterrorizan a los venezolanos todos los días. El mapa del horror incluye homicidios, ejecuciones, linchamientos, nuevas formas de secuestro, impunidad y tácticas militares para reprimir a la población, así como torturas y tratos crueles contra detenidos políticos.

En medio de semejante situación están los ciudadanos, que no sólo sobreviven ante la pavorosa crisis económica, social y política que les abruma sino que también intentan esquivar como pueden la violencia extrema.Rolando Vela, estudiante de Enfermería de 24 años, no lo consiguió: los delincuentes le tirotearon hace una semana para robarle la bolsa de comida que acababa de comprar.

Buena parte de esta descomunal violencia desemboca en la morgue de Caracas, convertida todos los días en un muro de las lamentaciones. Lágrimas que responsabilizan a la revolución, ya que «el Estado venezolano ha contribuido al agravamiento de esta crisis con el uso desproporcionado de la fuerza, incluida letal, como respuesta y supuesta justificación de combatir la delincuencia», concluye AI.

Datos confirmados por la propia Fiscalía de la República, que en 2016 documentó que 4.667 personas murieron a manos de funcionarios de seguridad, el 22% del total de homicidios. En los seis primeros meses del año pasado, la fiscal destituida Luisa Ortega, exiliada hoy en Bogotá, certificó la muerte de 1.848 personas en las mismas circunstancias, para un total de 8.000 en tres años.

Por muy contradictorio que parezca, las ejecuciones extrajudiciales no son censuradas directamente por buena parte de la sociedad venezolana que, hastiada de la violencia urbana, mira para otro lado cuando se da a conocer la muerte de «malandros» (delincuentes). Una buena parte calla y la otra aplaude, con la excepción de los luchadores por los derechos humanos, que dan la cara todos los días.

La guerra no declarada

Las estadísticas no engañan, pese a que el chavismo ha procurado ocultarlas o manipularlas desde hace 15 años, además de acusar a un elenco muy particular (Superman, Spiderman, el capitalismo, los videojuegos, las telenovelas de narcos) de la violencia que rompía récords todos los años.

Sólo Siria, en plena guerra, superaba las cifras venezolanas. También El Salvador en sus peores momentos de la batalla contra las maras. «La cifra reciente, no oficial, pone a Venezuela en una tasa de 89 homicidios por cada 100.000 habitantes», resalta el informe de la organización de derechos humanos más influyente del planeta.

«No entiendo de dónde salen tantas balas», se queja María Elena Salgado, emblemática luchadora contra la inseguridad del caraqueño Petare, una de las mayores favelas de América Latina. La violencia ha disparado demasiadas veces contra ella: ya le han matado a tres hijos, un sobrino y un nieto. Allá arriba, en su cerro, no ha podido proteger a sus seres queridos de las balas perdidas que los aterrorizan. Según AI, el 90% de los homicidios es cometido con armas de fuego.

«Venezuela es el país más violento del mundo», alerta una y otra vez Roberto León Briceño, director del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) y principal experto del país. Se sabe las cifras casi de carrerilla: cinco veces más homicidios que en México, tres veces más que en Brasil, dos veces y media más que en Colombia… «Pobres matando pobres», avisa cada vez que le dejan.

Ejecuciones extrasumariales

«¿Cuál es el resultado de un delincuente? La cárcel o bajo tierra. Porque ese es el destino final de un delincuente». No se trata del guión de una serie televisiva, ni siquiera del credo de un escuadrón de la muerte. Son las palabras de un jefe de Comando Regional de la Revolución. AI ha profundizado en el uso abusivo y excesivo de la fuerza, que se multiplica según pasan los años y los planes de seguridad: desde las 384 presuntas ejecuciones de 2012 hasta las 2.379 de 2016. Y sigue creciendo…

«Esa gente andaba como loca ese día, decían que era por orden presidencial». El testimonio de Alex Vegas, padre de Alex Johan, asesinado con 16 años, desnuda las famosas Operaciones de Liberación y Protección del Pueblo, como fueron bautizadas por el gobierno. Un comando ingresó por la fuerza en el hogar familiar en busca del adolescente, que dormía en el piso de arriba, en el barrio caraqueño del Valle. Uno de los agentes portaba una máscara de calavera, convertida hoy en un símbolo del terror.

La familia fue trasladada hasta la comisaría, donde supieron que el chaval formaba parte de la lista de 10 muertos en aquella operación. Presentaba balazos en el corazón y el pecho, como si de una diana se tratase. Al regresar a la casa, se percataron de que no sólo les habían robado la vida de su hijo: faltaban los aparatos eléctricos, relojes, zapatos, harina y azúcar.

AI ha documentado de forma exhaustiva 11 ejecuciones extrajudiciales en un país donde oficialmente no existe la pena de muerte. En 2012, Zulay González observó desde su casa cómo funcionarios policiales disparaban contra su hijo Mario durante la búsqueda de una banda delictiva en Cúa, cerca de la capital.

La mujer se acercó desesperada a los agentes, que se llevaban caminando a su hijo. «Me dijeron cualquier cantidad de groserías obscenas: «Vete vieja chismosa», «Te voy a dar un tiro en la cabeza»», recuerda. Era la última vez que le veía vivo. Su cadáver apareció en una morgue de Caracas. «Le limpié la cara. Tenía un disparo en la cabeza», se lamenta.

A Zulay, como a María Elena, la violencia le ha perseguido en su vida. A su otro hijo, Luis Fernando, de 27 años, un grupo de delincuentes le disparó en las piernas, la espalda y la cabeza cuando viajaba en su motocicleta. Cada vez que acudía a la Policía y la Fiscalía encontraba la misma respuesta: «A esos malandros los hemos matado ya».

Las ejecuciones han aumentado con el tiempo, como demuestran las investigaciones de la fiscal rebelde, Luisa Ortega, una de las colaboradoras más estrechas de Hugo Chávez convertida hoy en una de las principales denunciantes del Gobierno de Nicolás Maduro. Ocho presuntos delincuentes fueron abatidos la semana pasada durante un operativo de las FAES en las viviendas públicas Los Rusos, construidas dentro de Fuerte Tiuna, uno de los principales cuarteles militares del país. «Iban departamento a departamento, buscando a nuestros hijos», denunció un familiar desde la morgue, manteniendo su anonimato.

A la esposa embarazada de uno de los muertos y a su hija pequeña las pasearon a la fuerza durante horas en un vehículo. Cuando volvieron a su casa, Jhonny Heriberto Blanco, de 37 años, estaba muerto. La masacre continuó en otros apartamentos, donde además se reprodujeron los robos de objetos, incluso la sustracción de un vehículo.

La versión oficial aseguró que todos ellos «fueron abatidos en enfrentamientos», lo que niegan los familiares, quienes además preguntan en alto: «Y si hubo enfrentamiento, ¿por qué ningún agente resultó herido?».

Uno de los casos más rocambolescos, denunciado por el diario El Nacional, lo protagonizó Euclides Quijada, de 24 años, que aparece en la lista de los ocho fallecidos en Fuerte Tiuna. Según su familia, fue detenido días antes del operativo en otro lugar de la ciudad. Cuando recuperaron su cadáver, presentaba un tiro en el corazón y tenía fracturas en la tráquea y en vértebras cervicales.

Impunidad y linchamientos

El oscurantismo oficial ha imposibilitado que AI conozca cuántos homicidios quedan sin castigo anualmente en Venezuela, pero «en un contexto donde las estimaciones de impunidad superan el 90% (menos de 10 de cada 100 homicidios van a juicio) es ineludible la responsabilidad del Estado ante el aumento constante de la criminalidad», advierte la organización, que airea la «innegable vinculación que existe entre la impunidad y la repetición de los delitos».

Ni los tribunales ni las cárceles mejoran, lo que sumado al hastío del venezolano ante la violencia endémica multiplica efectos colaterales tan aberrantes como los linchamientos. «Cuando el Estado no cumple, no protege y no castiga, no persigue a los culpables, la gente busca hacerlo por su propia cuenta», explica Briceño.

Algo parecido empujó a una turba en Santa Lucía, en el estado central de Miranda, a linchar a cuatro hombres sorprendidos cuando robaban cables de telefonía. En medio de la madrugada, el castigo popular alcanzó extremos inhumanos: los vecinos golpearon, acuchillaron y tirotearon a los individuos, a quienes finalmente rociaron de gasolina y prendieron fuego.

Los datos del OVV son igual de alarmantes: en 2016 aumentaron un 650% al contabilizarse 65 y el año pasado en 10 meses se habían producido 200, contando también los intentos.

Los nuevos secuestros y las viejas torturas

«Todas las cifras del informe de Amnistía Internacional coinciden con las nuestras, incluso les hemos ayudado», sostiene para Crónica la diputada Delsa Solórzano, presidenta de la Comisión de Política Interior y el principal ariete en la lucha por los derechos humanos del Parlamento democrático asediado por la revolución. Asediado entre otras cosas para boicotear sus investigaciones contra los constantes abusos del poder bolivariano.

Las torturas a presos políticos y a militares detenidos, documentadas en distintos informes de AI, se han convertido en parte del día a día de la parlamentaria, que vivió con indignación los malos tratos recibidos por su compañero en la Asamblea Nacional Juan Requesens.

El diputado de Primero Justicia permanece en las mazmorras de la policía políticapese a contar con inmunidad parlamentaria, acusado de ayudar a pasar la frontera a uno de los presuntos implicados en el «atentado» contra Nicolás Maduro. La misma frontera que han atravesado sin ningún problema más de dos millones de venezolanos. Tras 44 días incomunicado, los familiares de Requesens pudieron visitarlo el jueves pasado.

En una entrevista concedida esta semana a CNN, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, aseguró que las torturas en Venezuela se realizan con «gerenciamiento» cubano.

Solórzano investiga hoy los secuestros que han puesto de moda las fuerzas especiales de Ejército y Policía: «Retienen a bebés, abuelas, familiares, lo que haga falta para apresar a la persona que buscan».

Gracias a la intervención de la diputada, la campaña en redes sociales de varios activistas y a la valentía de Yudeyxy Vásquez, esta madre pudo recuperar a su niño de tres años, Ángelo. Efectivos del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro de la Guardia Nacional Bolivariana mantuvieron secuestrado al menor durante 39 días, con el objetivo de presionar a su padre para que se entregara.

«La gente acude cada vez más a nosotros para denunciar este tipo de secuestros, después de hacerlo en otras instancias del Estado, donde no son escuchados», concluye Solórzano. Los mismos oídos sordos que se niegan a escuchar la tragedia venezolana.