América Latina ante un mundo sin centro (II)
En la primera parte de esta reflexión intenté plantear una idea que considero fundamental: no existe una sola América Latina frente al actual desorden internacional. México, Brasil, Centroamérica, el Caribe o los países sudamericanos parten de realidades económicas, geográficas y políticas profundamente diferentes.
Por eso no tendría sentido proponer una respuesta uniforme. Pero reconocer esas diferencias no elimina una pregunta común: ¿cómo puede cada país ampliar sus opciones internacionales, defender mejor sus intereses y reducir vulnerabilidades sin sustituir una dependencia por otra?
Es allí donde, a mi juicio, adquiere importancia la idea de autonomía estratégica.
En el mundo contemporáneo resulta difícil imaginar países completamente autosuficientes. Incluso las grandes potencias necesitan mercados, energía, minerales, tecnología, capital, conocimiento y cadenas internacionales de producción. Quizás la verdadera autonomía no consista entonces en prescindir de los demás, sino en evitar depender excesivamente de uno solo.
México ofrece un buen ejemplo.
Su integración con Estados Unidos es extraordinariamente profunda. Más del 80 por ciento de sus exportaciones se dirige hacia ese mercado y ambos países poseen cadenas productivas construidas durante décadas. Pretender que México ignore esa realidad sería sencillamente absurdo.
Pero el verdadero desafío podría ser otro: cómo conservar plenamente las ventajas de esa integración y, simultáneamente, ampliar el número de relaciones económicas, comerciales y tecnológicas de las que México puede beneficiarse.
Europa ofrece una posibilidad interesante. El 22 de mayo de 2026 México y la Unión Europea firmaron el Acuerdo Global Modernizado y un acuerdo comercial interino. La Unión Europea había sido en 2025 el tercer socio comercial de México, después de Estados Unidos y China.
No sería correcto presentar ese acuerdo como una reacción improvisada frente a las tensiones actuales. Su negociación venía desarrollándose desde antes. Pero precisamente por eso resulta significativo: México dispone de instrumentos que pueden permitirle ampliar mercados, inversiones y asociaciones sin renunciar a su extraordinaria relación económica con Estados Unidos.
No tendría necesariamente que escoger entre Washington y Bruselas. Puede mantener Washington y ampliar Bruselas; continuar profundizando su integración norteamericana y, simultáneamente, buscar oportunidades en Europa, Asia y otros mercados.
Diversificar no significa disminuir una relación. Puede significar agregar otras.
Esa distinción me parece importante porque cambia el sentido político de la estrategia. No se trata de buscar nuevos socios porque los anteriores se hayan convertido en adversarios. Se trata de aumentar las posibilidades del país.
Y cada país deberá hacerlo desde su propia realidad.
México tendrá que pensar desde su integración con América del Norte. Brasil dispone, por sus dimensiones y capacidades, de opciones diferentes. Argentina, Chile, Perú y Bolivia deberán mirar sus recursos y estructuras productivas. Colombia y Ecuador tendrán que encontrar sus propias combinaciones. Paraguay y Uruguay pueden desarrollar estrategias ajustadas a su escala y ventajas particulares.
Centroamérica deberá reconocer el enorme peso que tienen Estados Unidos, el comercio, la inversión, la migración y los vínculos humanos, pero también preguntarse qué otras capacidades y mercados puede desarrollar. El Caribe tendrá que responder desde economías y vulnerabilidades distintas entre sí. Y Venezuela necesitará reconstruir muchas de las capacidades institucionales que permitan convertir sus extraordinarios recursos en desarrollo y verdadera capacidad de negociación.
No existe una sola ruta y quizás tampoco debe existir.
La diversificación probablemente no comenzará mediante una gran estrategia latinoamericana. Comenzará país por país.
Eso no significa que cada Estado pueda relacionarse libremente con todos en cualquier circunstancia. Sería una interpretación demasiado sencilla del mundo que estamos viviendo. Las grandes potencias defienden sus intereses y, cuando lo consideran necesario, utilizan su peso económico, financiero, tecnológico o estratégico para influir sobre las decisiones de otros.
Las relaciones internacionales no se desarrollan entre actores de igual capacidad.
Precisamente por eso la autonomía estratégica importa: no porque elimine esas asimetrías, algo que sería ingenuo imaginar, sino porque puede reducir vulnerabilidades y ampliar, hasta donde resulte posible, el margen de decisión de cada Estado.
Durante décadas discutimos en América Latina sobre alineamiento y no alineamiento. Un país estaba cerca de Washington, de Moscú o posteriormente de Beijing. Pero el mundo actual es mucho más complejo.
Un Estado puede comerciar intensamente con Estados Unidos, recibir inversiones europeas, vender productos a China, adquirir tecnología de Japón o Corea, relacionarse con India y los países del Golfo y, simultáneamente, aumentar sus intercambios con sus propios vecinos.
Naturalmente habrá decisiones en las que existan incompatibilidades, cuestiones de seguridad que obliguen a definir posiciones y situaciones donde las opciones sean limitadas. Pero convertir toda la política internacional en una elección permanente entre potencias me parece una simplificación.
Quizás la pregunta ya no debería ser solamente: ¿con quién estamos?
Debería ser otra: ¿qué queremos construir y qué relaciones pueden ayudarnos a hacerlo?
Esa diferencia modifica también la manera de entender la política exterior.
Una estrategia internacional seria, difícilmente puede construirse si cambia completamente cada cuatro o cinco años según quien gane una elección. Los gobiernos tienen orientaciones diferentes y eso forma parte natural de la democracia. Pero determinados intereses fundamentales del Estado deberían sobrevivir a los gobiernos.
La seguridad energética no debería ser de izquierda ni de derecha. La educación tampoco. Lo mismo podría decirse de la infraestructura estratégica, el acceso a determinadas tecnologías, la formación de capital humano, la capacidad científica, la productividad o la administración de recursos esenciales.
Por eso creo que uno de los grandes desafíos de muchos países latinoamericanos consiste en diferenciar mejor una política exterior de gobierno de una estrategia internacional de Estado.
Mientras esa diferencia no esté suficientemente clara, cada elección puede volver a modificar las prioridades: un gobierno se acerca más a Washington, otro privilegia Beijing y otro organiza sus relaciones principalmente alrededor de afinidades ideológicas. Mientras tanto, otros Estados planifican infraestructura, tecnología, energía y capacidades productivas con horizontes de veinte o treinta años.
No creo que un país pueda desarrollar verdadera autonomía si primero no sabe qué pretende preservar más allá de quien ocupe temporalmente el gobierno.
El ejemplo canadiense resulta interesante desde esa perspectiva.
En su intervención ante el Parlamento Europeo, Mark Carney vinculó una relación más profunda entre Canadá y Europa con cuestiones muy concretas: minerales críticos, inteligencia artificial, energía, defensa, espacio, sistemas de pagos e investigación. No planteó la autosuficiencia como objetivo; habló de diversificación y resiliencia.
El punto merece atención porque Canadá mantiene una relación económica, geográfica y humana extraordinariamente profunda con Estados Unidos. Sin embargo, no parece considerar que fortalecer otras asociaciones equivalga necesariamente a debilitar esa relación.
Allí existe quizás una enseñanza útil, no para copiarla —porque nuestras realidades son diferentes— sino para reflexionar sobre ella.
Con demasiada frecuencia en América Latina discutimos las relaciones internacionales en términos personales o ideológicos: quién es amigo de quién, qué presidente simpatiza con otro, qué gobierno pertenece a la izquierda o a la derecha, qué potencia parece políticamente más cercana.
Pero una estrategia internacional de Estado debería comenzar quizás con preguntas más elementales.
¿Qué necesita el país durante los próximos veinte años? ¿Tecnología? ¿Mercados? ¿Energía? ¿Infraestructura? ¿Inversión? ¿Educación? ¿Capacidad científica? ¿Seguridad? ¿Mayor productividad?
Después vendría una segunda pregunta: ¿quién puede contribuir a alcanzar esos objetivos y bajo qué condiciones?
Estados Unidos puede ser un socio fundamental en determinados sectores; Europa puede serlo en otros; China puede ofrecer oportunidades diferentes; India, Japón, Corea, Canadá o los países del Golfo pueden aportar otras.
Y también nuestros propios países pueden descubrir posibilidades de cooperación que todavía utilizan insuficientemente.
La autonomía, entendida de esa manera, deja de ser una actitud defensiva. Se convierte en capacidad para escoger.
Pero escoger implica negociar, evaluar costos y saber también decir que no cuando las condiciones ofrecidas contradicen intereses considerados fundamentales. No se trata de crear enemigos ni de imaginar que todos los intereses pueden conciliarse. Se trata de disponer de opciones suficientes para no quedar innecesariamente atrapados en una sola relación.
Eso es muy distinto de una política de confrontación.
Y la misma lógica debería aplicarse a la cooperación entre países latinoamericanos.
No necesitamos necesariamente una nueva organización gigantesca ni otra declaración destinada a permanecer en el papel. Quizás sea más útil comenzar por intereses concretos. Dos países pueden encontrar coincidencias alrededor de energía; tres alrededor de determinados minerales; otros en infraestructura, comercio, logística, investigación, tecnología o educación.
Brasil y Argentina pueden encontrar espacios comunes en determinados sectores. Chile, Perú, Bolivia y Argentina pueden descubrir coincidencias alrededor de minerales críticos. Paraguay y Uruguay tienen intereses específicos que pueden conectarse con sus vecinos dentro del espacio sudamericano. México y varios países centroamericanos participan de una relación productiva y comercial especialmente intensa con América del Norte. Panamá posee intereses logísticos particulares.
No estoy sugiriendo que esas coincidencias existan automáticamente ni que la geografía determine por sí sola la cooperación. Lo que intento señalar es que las asociaciones pueden construirse alrededor de intereses concretos sin necesidad de imaginar previamente una unidad política regional que todavía no existe.
Porque la cooperación entre Estados se construye, fundamentalmente, sobre intereses.
La política importa, naturalmente. Las afinidades o diferencias entre gobiernos pueden facilitar relaciones o dificultarlas considerablemente. Sería ingenuo ignorarlo. Pero compartir una orientación ideológica no garantiza que dos Estados tengan siempre los mismos intereses, del mismo modo que gobiernos políticamente diferentes pueden encontrar razones poderosas para cooperar cuando sus intereses nacionales coinciden.
Esa es una de las enseñanzas más elementales del realismo en las relaciones internacionales.
Las decisiones continuarán siendo fundamentalmente nacionales.
Y quizás eso no sea necesariamente una debilidad si cada Estado comienza por definir con claridad lo que quiere.
Más adelante podrán aparecer coincidencias.
Algunas entre vecinos. Otras entre países que ni siquiera comparten fronteras. Algunas podrán ser económicas. Otras tecnológicas, energéticas, logísticas o educativas.
Pero ninguna debería darse por supuesta. Tendrán que construirse mediante negociación, capacidad institucional y voluntad política en un mundo donde también existen presiones, intereses contrapuestos y diferencias difíciles de conciliar.
No creo, por tanto, que exista un único dilema latinoamericano.
Existen muchos dilemas nacionales que comparten algunos elementos.
Cada país tendrá que preguntarse qué quiere construir, qué sectores considera estratégicos, qué recursos necesita administrar con especial cuidado y qué espera obtener de los diferentes actores internacionales. Después de responder esas preguntas, algunos podrán descubrir áreas en las cuales sus intereses coincidan con los de otros Estados.
No porque América Latina constituya hoy un bloque político.
No porque todos compartamos una misma visión.
Sino porque determinadas coincidencias pueden ampliar la capacidad de negociación de países que individualmente poseen menor peso frente a los grandes centros económicos, financieros y tecnológicos.
El actual desorden internacional representa riesgos, pero también abre posibilidades. El mundo necesita alimentos, energía, minerales, mercados, rutas estratégicas y cadenas de suministro confiables. Nuestros países poseen muchos de esos elementos.
Eso crea oportunidades.
Pero poseer recursos no equivale automáticamente a poseer poder. Venezuela constituye quizás uno de los ejemplos más claros de esa diferencia.
El verdadero valor aparece cuando un país sabe administrar sus recursos, transformarlos, agregarles valor, desarrollar alrededor de ellos conocimiento y capacidad productiva y negociarlos en función de objetivos nacionales.
Por eso, después de darle muchas vueltas a esta reflexión, sigo pensando que la respuesta no puede resumirse diciendo que “América Latina debe” hacer una sola cosa.
América Latina políticamente no funciona así.
La coordinación debería nacer del interés concreto y no de la obligación de aparentar una unidad que todavía no existe.
La experiencia canadiense permite volver al punto de partida. Canadá no está proponiendo aislarse de su principal vecino. Está procurando ampliar sus capacidades y sus asociaciones. México, desde una realidad distinta, puede enfrentarse progresivamente a una pregunta parecida: cómo mantener y aprovechar una integración extraordinariamente importante con Estados Unidos y, simultáneamente, ampliar otras relaciones que aumenten sus oportunidades.
Centroamérica tendrá sus propias respuestas. El Caribe tendrá otras. Los países sudamericanos encontrarán caminos diferentes según sus recursos, dimensiones y estructuras productivas.
Pero detrás de todas esas diferencias puede existir una misma idea.
La autonomía no consiste en alejarse de nadie.
Consiste en poder relacionarse con muchos conservando la capacidad de decidir.
Y quizás allí se encuentre el sentido más profundo de esta reflexión.
El problema no consiste en que Estados Unidos, China, Europa, India u otras potencias defiendan sus intereses. Es natural que lo hagan. Tampoco se trata de enfrentarse a ellas ni de construir nuevas rivalidades.
La verdadera cuestión es que nuestros países sean capaces de definir con la misma claridad sus propios intereses, fortalecer las relaciones que les resulten beneficiosas y ampliar aquellas que puedan ofrecerles nuevas oportunidades.
En un mundo cada vez más competitivo, la autonomía no debería significar distancia ni confrontación.
Debería significar capacidad de decisión.
Y quizás esa sea, finalmente, la pregunta que cada país latinoamericano tendrá que responder por sí mismo: no de quién quiere alejarse, sino qué quiere construir y con quiénes puede hacerlo.
