Con su reforma electoral el presidente mexicano, ¿socava la calidad democrática?

El INE no se toca. Este fue el lema de las protestas de las últimas semanas en México, provocadas por las reformas que propone Andrés Mnauel López Obrador, presidente mexicano, al Instituto Nacional Electoral (INE)

Los manifestantes protestan contra lo que AMLO, como es conocido el presidente, ha llamado «Plan B», que consiste en una reforma del órgano electoral que se aprobó en el Senado la segunda semana de febrero de 2023 y que busca reducir el presupuesto y el personal del INE, la institución que organiza los comicios en México, y fragiliza algunos aspectos del protocolo electoral.

Desde que subió al poder en 2018, AMLO también ha acusado al INE de no ser un órgano imparcial y de permitir fraudes electorales, por lo que prometió modificarlo. Esta percepción del presidente es antigua y se remite a las elecciones de 2006, cuando acusó a las autoridades de hablarle robado la victoria utilizando el INE (entonces denominado IFE) para validar un supuesto fraude electoral. El órgano determinó que el entonces candidato perdió las elecciones por un margen estrecho de 250.000 votos. AMLO tampoco reconoció su derrota en 2012, alegando nuevamente que la autoridad del IFE toleraba un fraude electoral.

Ahora, la aprobación del «Plan B» le dio un cierre legislativo a la propuesta presidencial. En diciembre de 2022 ya se habían aprobado algunos cambios a la ley. Sin embargo, la segunda parte de la reforma había sido pospuesta debido a la cláusula de la «vida eterna», que creó polémica entre los partidos. Este punto controversial permite el traspaso de votos entre partidos de una misma coalición, lo que favorece a los aliados del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) frente a una oposición dividida.

Para poder continuar con el proyecto, el Senado mexicano aprobó las leyes sobre las que había consenso, y dejó el artículo de «vida eterna» para debatir en una discusión legislativa posterior. Lo que se aprobó en febrero, más lo ya aprobado el año pasado, supone una reforma que definitivamente afectará de forma estructural al INE.

Algunos de los efectos de lo aprobado son: la reforma obliga al INE a eliminar cerca de 300 juntas distritales, que se encargan de realizar la preparación y celebración de las elecciones. Para reemplazarlas, se propuso que se creen oficinas con una sola persona. También establece la reducción de la estructura de 32 juntas locales, lo que implica eliminar 262 empleos.

Tales juntas son clave para la calidad de la democracia ya que se encargan de garantizar los derechos a la identidad, la asociación política, la igualdad y no discriminación, el voto secreto, la información y la transparencia en los comicios.

La reforma, además, establece que lo que no se etiquete en los presupuestos como propaganda, no será considerado como tal, así se utilicen fondos públicos para pagarlo. También presupone un recorte de gastos y que a los partidos les llegue más dinero; la forma de lograrlo es quitándole cerca de 3.500 millones de pesos mexicanos al INE (unos 190 millones de dólares), y permitir que los partidos puedan guardar los remanentes de recursos, públicos o privados, que no usen durante el año para el siguiente periodo electoral.

Según AMLO, la reforma busca ahorrar millones de dólares. El presidente mexicano ha calificado de «estratosféricos» los salarios del INE y ha argumentado que el cambio hará más eficientes las elecciones.

Pero la preocupación de numerosos mexicanos radica en que quitarle recursos al órgano que organiza todo lo relativo a comicios electorales significa, sin duda, afectar la transparencia, los procesos y, por ende, la democracia en un país que, según el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC),se sitúa en el puesto 126 entre 180 países evaluados.

La reforma, además, puede limitar la autonomía y fiabilidad de las próximas elecciones presidenciales en 2023. Por esta razón, los miles de manifestantes liderados por la oposición, que han salido a protestar contra esta decisión, piden a la Suprema Corte de Justicia que la detenga y la declare como inconstitucional. La Corte debe decidir pronto, ya que el plazo para cualquier reforma electoral se cierra un año antes de los comicios. Los esfuerzos de los contrarios a la reforma se centran ahora en convencer al tribunal de su inconstitucionalidad.

El gobierno, sin embargo, ha defendido a capa y espada que el objetivo de la reforma es evitar gastos injustificados y duplicidad de funciones. Además, AMLO asegura que solo en su primer año en vigor permitirá ahorrar 5.000 millones de pesos mexicanos (unos 270 millones de dólares).

Lorenzo Córdova, presidente del INE, ha dicho que la liquidación de puestos que supone la reforma le costará al erario solo en indemnizaciones cerca de 3.500 millones de pesos. La reducción de personal afectará sin duda a la velocidad del conteo, abriendo un espacio para la impugnación de los resultados, que es potencialmente una de las amenazas más importantes a la democracia, como se vió en EE.UU con Donald Trump.

Alejandro Moreno, presidente y diputado de uno de los principales partidos opositores, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que gobernó el país por más de 70 años, afirmó en Twitter que «¡Las mexicanas y mexicanos estamos del lado de la democracia, juntos nos hacemos escuchar para que no se destruyan las instituciones democráticas del país!». Un eco de esto fue la voz de Ramón Cossío, ex magistrado de la Suprema Corte, quien afirmó en redes que lo que busca AMLO es «apropiarse del sistema electoral».

Aunque el presidente mexicano ha dicho en múltiples ocasiones que lo anterior no es cierto, hay dudas de que la aprobación de la reforma no sea un paso para minar la democracia del país.

Ahora, con su Plan B aprobado, dejó claro que busca ajustar el INE a sus intereses, y condicionar el único árbitro electoral del país. Para muchos, las acciones de López Obrador suponen atacar un pilar clave para la democracia mexicana con la intención de asegurar la hegemonía de su partido, Morena. Lo cierto es que su reforma ha conseguido aglutinar a toda la oposición, que se ha mostrado dividida frente a muchos aspectos de las acciones del actual gobierno.

Otras voces rebajan el impacto que la reforma pueda tener en los resultados electorales y argumentan que se trata de una discusión entre las élites, alejada de las preocupaciones de la gente. En cualquier caso, vista la propensión de AMLO de controlar toda la agenda política a su favor y achicar continuamente el margen de maniobra a los partidos de la oposición, el peligro de que la reforma impacte negativamente la calidad democrática de las próximas elecciones presidenciales es real.

La batalla se libra ahora en la Corte Suprema donde, para la oposición, el Plan B tendría que ser suspendido. El fallo debe emitirse antes del 2 de junio de 2023, fecha límite, puesto que cualquier reforma electoral debe estar lista antes de que se cumplan 90 días de que inicie el proceso electoral.

En cualquier caso, para muchos es evidente que la calidad de la democracia mexicana, que enfrenta gravísimos problemas como la militarización de la seguridad y el creciente poder del ejército ante una violencia desatada, está en juego.