Cristina Casabón: Zapatero y el disfraz de lobista

  Ilustración de Alejandra Svriz.

ada vez que en España revienta un escándalo político relacionado con intermediaciones, contratos o favores administrativos, aparece la misma coartada: el implicado no era un conseguidor, sino un lobista. Es lo mismo que intentar agarrarse al diccionario como a un flotador. Tiene algo de sainete y bastante de cortina de humo, porque mezcla deliberadamente dos oficios que no se parecen más que una sotana y un uniforme militar.

El lobby consiste, en teoría, en representar intereses legítimos y recomendaciones ante las instituciones públicas. Un lobista profesional intenta influir en el diseño de una ley, en una estrategia sectorial o en una regulación concreta mediante argumentos, información técnica y transparencia. No tiene montado un tingladillo que gestiona rescates empresariales, no obtiene adjudicaciones públicas para familiares ni cobra comisiones por abrir puertas en los despachos.

Lo que queremos decir es que, si una persona presuntamente recibe cantidades millonarias por interceder ante responsables públicos como José Luis Escrivá y María Jesús Montero para favorecer decisiones gubernamentales, no estaríamos hablando de lobby. No se puede comparar.

Paradójicamente, el verdadero problema de los lobistas es la insuficiente regulación en España. España sigue siendo una especie de frontera del lejano Oeste institucional. Mientras buena parte de Europa ha desarrollado registros públicos, agendas transparentes, huellas legislativas y certificados de control, aquí, a nivel estatal, continúa sin existir una ley como Dios manda.

De hecho, la tramitación parlamentaria en el Congreso de los Diputados de la iniciativa que pretende regular estos «grupos de interés» sufre el mal de todas las leyes que el Gobierno promete sin intención alguna de llevar al BOE: fases de ponencia infinitas y prórrogas interminables en la tramitación hasta que el final de la legislatura —como sucedió con esta ley en 2023— las haga automáticamente decaer. Se han presentado enmiendas, se ha cerrado el plazo y ahí está, en un cajón, durmiendo el sueño de los justos.