El Parlamento de Nicaragua aprueba una controvertida ley de ciberdelitos

La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó este martes la controvertida Ley Especial de Ciberdelitos, que plantea castigar con cárcel la propagación de noticias falsas y/o tergiversadas que produzcan alarma, temor, zozobra en la población, o a un grupo o sector de ella o a una familia.

El proyecto, criticado por la prensa independiente bajo el argumento que atenta contra la libertad de expresión, fue aprobado por 70 votos de los sandinistas y sus aliados, frente a 16 en contra y 4 abstenciones, dijo el titular del Parlamento, el oficialista Gustavo Porras, en el pleno.

Los diputados sandinistas votaron a favor de esa iniciativa, que ha sido bautizada por la prensa no oficial como «Ley Mordaza» o «Ley Bozal» porque consideran fue preparada para afectar únicamente a los medios tradicionales y alternativos, así como a los usuarios de redes sociales críticos con el Gobierno que preside Daniel Ortega.

«Los únicos que pueden estar en contra de una ley de este tipo son aquellos que quieren seguir fomentando el odio, la desinformación, la destrucción, el terror y la muerte»

«El objetivo que tenemos cuando legislamos sobre este tipo de delitos no es crear una figura de persecución o cacería de brujas, como se ha querido transmitir en el plenario y lo que estamos debatiendo es que se nos informe de manera veraz. Aquí no hay censura», afirmó el diputado sandinista Wálmaro Gutiérrez durante el debate.

«Los únicos que pueden estar en contra de una ley de este tipo son aquellos que quieren seguir fomentando el odio, la desinformación, la destrucción, el terror y la muerte y a eso les estamos diciendo nunca más lo volverán a hacer en este país», agregó.

Por su lado, el diputado liberal opositor Maximino Rodríguez dijo que con esa ley «lo que hace el régimen es promover el miedo para que los nicaragüenses se desconecten y dejen de usar esa revolución tecnológica».

«Esta iniciativa tiene nombres y apellidos: es para reprimir» a los que critiquen al Gobierno, apuntó.

La ley establece penas de uno a 10 años de cárcel a los ciudadanos que se les imputen los ciberdelitos que vayan contra la seguridad del Estado.

Según los sandinistas, esa ley impedirá que las personas puedan realizar delitos utilizando las tecnologías, y los inhibirá de «provocar, incentivar, motivar o calumniar a través de las redes sociales porque cometen delito, que están tipificados en el Código Penal».

La ley también otorga poder al Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR) para ordenar a cualquier empresa, asociación, medio de comunicación o entidad mantener «congelada» hasta por tres meses la base de datos de sus sistemas informáticos, los cuales estarán accesibles para el personal del ente regulador, la Policía y la Fiscalía que podrán intervenir e incautar los equipos en caso de ciberdelitos.

La norma, según el texto, tiene el objetivo de «prevención, investigación, persecución y sanción de los delitos cometidos por medio de las tecnologías y la comunicación, en perjuicio de personas naturales o jurídicas, así como la protección integral de los sistemas que utilizan dichas tecnologías, su contenido y cualquiera de sus componentes».

La ley establece penas de uno a 10 años de cárcel a los ciudadanos que se les imputen los ciberdelitos que vayan contra la seguridad del Estado

La ley perseguirá a quienes utilicen los sistemas informáticos para obtener datos, documentos o información de las instituciones públicas, privadas con servicios al público, así como a bancos, aseguradoras y el resto del sistema financiero.

El movimiento Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN) ha dicho que recurrirán por inconstitucionalidad contra esa ley y que luego entablarán «un juicio internacional en contra del régimen de Daniel Ortega».

El denominado Foro de la Prensa Independiente de Nicaragua ha rechazado esa ley bajo el argumento que persigue censurar y amenazar a periodistas, medios de comunicación y ciudadanía en general.

A su vez, que apunta a controlar y censurar la información en internet, criminalizar a los informantes e impedir las investigaciones periodísticas, entre otros.