Gehard Cartay Ramírez: Bitácora Venezuela (IV): La farsa del régimen, el laberinto opositor y las secuelas del terremoto

En Venezuela todo empeora, incluso en la búsqueda de la restauración constitucional

Termina el mes de julio y en Venezuela casi todo empeora desde el tres de enero, incluyendo las devastadoras consecuencias de los dos terremotos del 24 de julio que afectaron al centro del país y al litoral guaireño, con decenas de miles de muertos, desaparecidos y heridos, así como también con centenares de miles de sobrevivientes que ahora carecen de techo, empleo y posibilidades de subsistir, aparte de sufrir las experiencias trágicas de ambos cataclismos.

Extraído Maduro el tres de enero, la verdad es que en estos casi siete meses el gobierno de Estados Unidos sigue repitiendo la monserga de las tres fases: estabilización política, recuperación económica y salida electoral, en ese mismo orden, aunque ninguna de las tres se esté cumpliendo en forma alguna. Esa es la amarga verdad: Trump se jacta de que maneja nuestro petróleo -con la conchupancia de sus vasallos miraflorianos-, pero los miles de millones de dólares provenientes de su venta, aunque se anuncian a cada rato, no aparecen por ninguna parte ni tampoco han significado una mejora en medio de nuestra tragedia nacional. Lo peor es que tampoco se sabe en qué se están invirtiendo, si fuera el caso, y todo ese misterio hace presagiar que seguimos siendo saqueados, antes por los aliados chinos, rusos, turcos y cubanos del régimen y ahora por “su nuevo mejor amigo”.

Mientras en la metrópolis gringa se habla de miles de millones de dólares por nuestro petróleo, los venezolanos seguimos viviendo en las peores condiciones imaginables, por lo que las mentiras del presidente de Estados Unidos son una burla cruel cuando afirma, como lo ha repetido varias veces, que mientras ellos hacen negocios con nuestros petrodólares, “en Venezuela la gente baila en las calles y está muy contenta”.

Volviendo al tema de la reinstitucionalización democrática del país, en julio hubo un atisbo de que la cuestión política podía aproximarse a la última fase, al anunciar el Departamento de Estado la integración de una comisión con miembros de la Asamblea Nacional electa en 2015 y la actual de 2024. El objetivo primario, según se dijo, es discutir el nombramiento de un nuevo Consejo Nacional Electoral, cuya integración se ajuste a criterios de honestidad, transparencia y efectividad, muy distintos a los que caracterizan al actual organismo electoral, no sólo como consecuencia del megafraude del 28 de julio de 2024, sino desde mucho tiempo antes.

“No están todos los que son, ni son todos los que están”

Aparte de su inicio fallido al no haberse reunido el pasado primero de agosto como había sido anunciado urbi o urbis, el problema fundamental es que quienes integran esa supuesta comisión carecen de real representatividad, y ello sin entrar a analizar la vigencia ya agotada de la Asamblea Nacional de 2015 o la falta de legitimidad de la actual, un problema que para el actual gobierno de Estados Unidos carece de toda importancia, por lo visto.

Tampoco les importa mucho que en Venezuela opere un régimen de facto que nadie ha elegido y que se mantiene en abierta violación de la soberanía popular y de la Constitución de 1999. Tanto el Departamento de Estado como su embajada en Caracas no le dan ninguna importancia a su Artículo 5, según el cual “la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público”. Y agrega, para que no haya duda alguna: “Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos”.   

Por eso mismo, los grandes ausentes en tales negociaciones son, precisamente, los que hoy representan a la mayoría de los venezolanos, es decir, la oposición liderizada por María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, respaldados por los resultados electorales del 28 de julio de 2024, que -como lo sabe todo el mundo- fueron desconocidos por el actual régimen y, al parecer, también por el gobierno de Estados Unidos.

No obstante, tanto Machado como González Urrutia anunciaron que no se opondrán a esas negociaciones, pero, al mismo tiempo, aclararon que por no formar parte de ellas estarán alertas en cuanto a sus resultados, que esperan sean conformes con la inmensa voluntad de cambio de los venezolanos, y que deben concluir con la libertad de todos los presos políticos, el nombramiento de un nuevo CNE que represente ese sentir nacional y no sea cuota de grupos, el fin del secuestro de los partidos políticos y el cumplimiento de un cronograma de elecciones que debe comenzar cuanto antes con los comicios presidenciales y de un nuevo poder legislativo nacional, a los fines de iniciar la reinstitucionalización de la República.

La necesaria unidad nacional

En realidad, la salida a la crisis venezolana sólo podrá ser enfrentada airosamente siempre que un gran movimiento de unidad nacional congregue a todos los que disienten del régimen, olvidando agravios pasados y visiones distintas sobre la manera de salir del atolladero en que nos hundió el chavomadurismo y sus causahabientes actuales. Lo lógico sería que todas las posiciones anteriores confluyeran en aquella que ahora reúne el mayor consenso y apoyo popular.

Por supuesto que esa unidad nacional debe excluir cartas marcadas, agendas ocultas, reconcomios por liderazgos fracasados o entendimientos por debajo de la mesa. Debe adelantarse honestamente una estrategia exitosa frente al régimen y configurar una real transición política que reúna los mayores apoyos posibles para superar eficazmente lo que ahora pareciera una situación que no evoluciona positivamente, conforme los anhelos de la opinión pública.

Cuando se negocia con la tragedia

Entre las muchas experiencias que dejan los dos terremotos que asolaron al centro y al litoral guaireño el 24 de junio pasado, destacan dos: una por las virtudes que encierra, y la otra por la carga de perversión y maldad que contiene.

La primera demostró que los venezolanos somos, en general, un pueblo noble y solidario. A falta de la necesaria pero inexistente asistencia oficial, centenares de miles de compatriotas organizaron un formidable ejército de voluntarios en todo el país para socorrer a las víctimas en las zonas de desastre, escarbando con las uñas -ante la carencia de maquinarias pesadas- toneladas de escombros para salvar sobrevivientes, iluminando apenas con sus celulares los intersticios por donde se oían gritos desesperados de auxilio.

Otros centenares de miles de compatriotas se movilizaron también para recaudar grandes cantidades de insumos indispensables (comida, ropa, agua, etc.) para los miles sobrevivientes del desastre. Sin duda, ese gesto humanitario de millones de voluntarios nos hace sentir orgullosos y constituye una lección para los inútiles que fungen (¡fingen!) de gobernantes.

Por desgracia, aquí tenemos que referirnos a la segunda experiencia, muy negativa, que nos deja el reciente desastre: el régimen, al no actuar oportunamente, abandonó a las decenas de miles de víctimas y sobrevivientes en los siguientes días del cataclismo, y, por si fuera poco, numerosas denuncias de ciudadanos de a pie alertaron que funcionarios de distintos niveles retardaron y obstruyeron aviesamente y sin razones valederas la ayuda de los voluntarios de todo el país ante la magnitud del desastre.

Tales denuncias, publicadas en las redes sociales y en los medios informativos internacionales que cubrieron las informaciones sobre el trágico desastre, aseguraron también que fueron decomisados por fuerzas militares y policiales importantes cantidades de insumos y suministros vitales recogidos en todo el país por millones de compatriotas y en momentos en que eran requeridos urgentemente por rescatistas y voluntarios para entregarlos a las víctimas.

Con la excusa de que debía centralizarse la recepción y control de la ayuda recolectada por esos miles de compatriotas en todo el país -y siempre de acuerdo con las distintas denuncias públicas a que hemos hecho referencia-, se procedió a incautarla por la fuerza para entregarla como una iniciativa del régimen, con la secuela de los mecanismos propagandísticos al efecto, “para ganar indulgencia con escapulario ajeno,” como reza el refrán popular.

Esta práctica permitió, a su vez, que parte de tales ayudas fuera desviada y utilizada perversamente para beneficiar de manera criminal a mafias vinculadas al oficialismo que luego comercializaron con la misma, obteniendo beneficios indebidos.

Lo grave es que ese comportamiento -criminal, sin duda- también se produjo en relación a la ayuda prestada por gobiernos extranjeros, al apropiarse el régimen de equipos y maquinarias pesadas para remover y transportar escombros, así como suministros diversos (agua potable, alimentos no perecederos, ropa, etc.), que debieron tener como beneficiarios únicos y exclusivos a los millones de damnificados del terremoto y no a los aprovechadores desalmados que se apropiaron de los mismos.

En este caso, al igual que como ocurrió con los donativos recolectados por los voluntarios venezolanos, muchos de los recursos donados desde el exterior no llegaron ni siquiera a los sobrevivientes, sino que fueron utilizados criminalmente para comerciar con ellos y obtener ganancias a costa de los damnificados y de su tragedia.

Un alcalde de Panamá denunció, en efecto, que la ayuda oficial que envió a Venezuela la institución que dirige fue destinada a otros fines que nada tenían que ver con las víctimas del terremoto. Lo comprobó, porque le colocó mecanismos para ubicarlos, seguramente pensando que los iban a desviar para beneficiarse de los mismos a través de prácticas corruptas, indolentes e inhumanas. Según afirmó luego, esa ayuda fue localizada luego en el estado Monagas, donde no se han comprobado daños severos como consecuencia de los terremotos del 24 de junio.

¿Qué pasará con la ayuda internacional y con las familias sobrevivientes?

Lo más grave de todo es que esta situación suscita, por supuesto, serias sospechas de lo que pudiera suceder con la ayuda millonaria en dólares que han anunciado Estados Unidos, la Unión Europea y algunos países latinoamericanos. Ya se sabe que los países aliados del régimen, esos que hicieron fabulosos negocios con la cúpula chavomadurista, no han aparecido por ningún lado, ni con equipos de asistencia ni con recursos, salvo alguna excepción no comprobada hasta ahora. Por supuesto que algunos gobiernos como el de Cuba, no tienen cómo colaborar, pues bien se sabe que si aquel gobierno no ayuda ni a su propio pueblo hambriento y empobrecido, menos podría socorrer a otros países.

Por esa razón, expertos en desastres y en protección civil han recomendado que esa ayuda millonaria no sea entregada de ningún modo a personeros del régimen venezolano, vistas las experiencias y casos de apropiación indebida ya denunciados. Sería, por supuesto, muy grave que esos millones de dólares fueran desviados del propósito humanitario que animó a sus gobiernos a donarlos, es decir, para beneficio de las miles de familias venezolanas sobrevivientes que perdieron, no sólo a seres queridos, sino también sus casas, enseres y empleos.

No sería la primera vez que tal cosa ocurriese. Sobran los ejemplos al respecto, cada vez que han ocurrido estos cataclismos aquí y en otras partes del mundo. Sobran los pícaros y aprovechadores sin un ápice de humanidad y de caridad, siempre a la caza de una oportunidad, cualquiera que sea, para engordar sus cuentas bancarias con dinero mal habido y lucrarse de cualquier situación, por triste y lastimosa que sea.

Por lo demás, no será fácil ni rápido superar la tragedia ocasionada por los dos terremotos. Las penosas labores de rescate de víctimas y posibles sobrevivientes desgraciadamente no se hicieron con la premura que reclamaba la urgencia del caso. La ingente tarea de remover escombros será gigantesca y llevará algún tiempo. La situación social y económica de las miles de familias afectadas no podrá ser resuelta rápidamente por la complejidad que involucra: facilitarles viviendas en otras partes del país, asegurar nuevas oportunidades de trabajo y de estudios a los hijos y hacerles asequibles su incorporación en comunidades y sitios distintos, también supone una tarea complicada, desde luego.