Gobernar entre escombros: legitimidad ausente y negociación bajo tutela en Venezuela
Los terremotos del 24 de junio dejaron en Venezuela, según el balance oficial más reciente, 5 119 muertos, 16 740 heridos y 17 907 personas sin vivienda, con 21 470 alojadas en campamentos transitorios.
La catástrofe ha puesto en evidencia la incompetencia de las instituciones del Estado para garantizar la gobernabilidad y la necesidad –ya no teórica sino urgente– de un gobierno legítimo, capaz de reconstruir las instituciones democráticas y cambiar las reglas de juego hacia garantías estables y creíbles.
Esa es la verdadera reconstrucción pendiente: la de los edificios es apenas uno de sus síntomas más dramáticos y visibles.
Estado tutelado
Venezuela enfrenta la peor emergencia humanitaria de su historia reciente gobernada por un Ejecutivo cuyo reloj constitucional ya venció, y que está siendo sostenido por la tutela de Washington y no por un pacto interno verificable.
Delcy Rodríguez ejerce la presidencia encargada desde la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero pasado, tras una intervención estadounidense en territorio venezolano. El mandato interino, concebido por la Constitución venezolana como un puente de 180 días hacia elecciones, expiró sin convocatoria electoral y sin pronunciamiento de las autoridades venezolanas ni estadounidenses.
La literatura sobre desastres y política ofrece precedentes elocuentes: el terremoto de Managua (Nicaragua) de 1972 erosionó irreversiblemente al somocismo, y el de Ciudad de México de 1985 abrió grietas duraderas en la hegemonía del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Los desastres no solo destruyen infraestructura: auditan Estados. Y la auditoría venezolana arroja un déficit doble, de capacidad y de falta de título legítimo para gobernar.
El giro del 14 de julio
En ese contexto se ha producido, en cuestión de horas, el movimiento político más significativo desde enero. La Asamblea Nacional de 2015 –que Washington reconoce como última instancia legislativa surgida de elecciones competitivas– y la Asamblea controlada por el chavismo acaban de anunciar el inicio de una hoja de trabajo conjunta a partir del 1 de agosto para avanzar en la reinstitucionalización democrática del país.
Según Dinorah Figuera, dirigente opositora y presidenta de la IV Legislatura (2016) de la Asamblea Nacional de Venezuela que acaba de volver del exilio, la mesa estará integrada por 20 representantes (diez por cada parte) y abordará la reforma del Consejo Nacional Electoral (CNE), la revisión de las leyes electorales y la independencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Lo revelador no es solo el anuncio, sino la secuencia:
- Sábado 11 de julio de 2026. Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional desde 2021, descarta tajantemente cualquier discusión sobre el CNE, TSJ o cronograma electoral:
“No tenemos cabeza para estarnos preocupando sobre el TSJ ahorita, nos estamos preocupando es de personas que han sufrido lo indecible (…) Es un irrespeto, es una grosería ponerse a reunir entre políticos para estar decidiendo quién va para el CNE o quién va para el TSJ”.
- Tres días después, el 14 de julio, anunciaba exactamente lo que había negado antes. Apenas la Asamblea de 2015 publicó su comunicado, el secretario de Estado Marco Rubio lo retuiteó desde la cuenta oficial del Departamento de Estado, a lo que siguió el anuncio del órgano parlamentario presidido por el propio Rodríguez.
Ese mismo día, Michael Kozak, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, presentaba el anuncio ante el Congreso estadounidense como un avance del proceso. La coreografía es inequívoca: las líneas estratégicas del proceso venezolano no se deciden en Caracas sino en Washington.
¿Transición o contención?
La pregunta clave es, ¿esta mesa constituye el primer paso operativo de la fase política (la transición) del plan Trump-Rubio o es solo un dispositivo de contención que permite a Washington bajar la presión electoral y administrar los tiempos? La evidencia puede sostener ambas lecturas.
Un punto a favor de que se está dando el primer paso hacia la transición es que los terremotos no iniciaron la negociación. Figuera regresó del exilio el 18 de junio, invitada expresamente por el Departamento de Estado estadounidense, y ese mismo día quedó designada la mesa paritaria. Los sismos suspendieron el proceso, pero el anuncio del 14 de julio lo relanza.
La catástrofe ha proporcionado el marco discursivo (“la unidad nacional”) que permite a Rodríguez retroceder sin admitir que retrocede. A la vez que muestra la incapacidad del Estado de gestionar el estado de emergencia y eleva el costo de sostener el statu quo para el gobierno estadounidense.
A favor de que solo se está ganando tiempo hay varios factores: que el propio Kozak haya declarado que Washington no quiere elecciones “ni demasiado pronto, ni demasiado lejos”, que cerca del 40 % de los votantes elegibles no está registrado y que no es pertinente votar en medio de un terremoto. Otro, concerniente a María Corina Machado, es que, aunque Estados Unidos “no se opone” a su regreso, tampoco lo va a facilitar mientras dure la emergencia.
Aquí conviene hacer una advertencia: las condiciones técnicas que alega son reales, pero la búsqueda de las elecciones perfectas –todo el registro depurado, toda la diáspora votando– puede convertirse en una excusa para no tener elecciones oportunas. Lo perfecto es enemigo de lo bueno: las democracias no celebran comicios impecables antes de la transición, construyen garantías a través de ellos.
Por qué la balanza se inclina hacia avanzar
Sin embargo, hay una frase del propio Kozak que inclina la balanza hacia el cambio:
“La gente no va a invertir a largo plazo si no hay un gobierno democrático”.
Nadie compromete capital a treinta años sobre la palabra de un gobierno tutelado, ni sobre la garantía de una administración estadounidense que, por definición, es transitoria. El gobierno de Trump puede sostener a Delcy Rodríguez, pero no puede ser el garante de última instancia de las inversiones que la reconstrucción o la recuperación de la producción petrolera exigen: solo instituciones democráticas estables pueden ofrecer los compromisos creíbles que el capital de largo plazo requiere. La contención prolongada se vuelve económicamente insostenible para el propio proyecto de normalización que Washington patrocina.
Los esfuerzos inútiles
Venezuela cuenta con su propio cementerio de diálogos fallidos –2014, Santo Domingo, Oslo, Barbados, México– que compartieron un defecto estructural: ninguna parte externa podía imponer costos verificables al incumplimiento. Esta vez, Estados Unidos controla la arquitectura energética y financiera de la que depende el Gobierno encargado. Ya lo ha demostrado al obligar a dicho Gobierno a rectificar públicamente 72 horas después de haber anunciado que no habría diálogo.
Pero el cumplimiento externo no sustituye la legitimidad interna, y allí reside la debilidad de diseño de la mesa: la comisión que preside Figuera es parte de la negociación, no su órgano mediador, y solo tendrá legitimidad en la medida en que represente los intereses de la oposición mayoritaria, la que encarnan Machado y el mandato popular de 2024.
Una negociación que prescinda de esos intereses no conduce a ninguna parte, como ya demostró cada intento anterior de negociar con oposiciones a la medida.
No perder la esperanza
El propio calendario electoral estadounidense añade el último incentivo para alentar el cambio. Para la Casa Blanca, presionada por el senador Rick Scott ante una comunidad venezolana en Florida que “está perdiendo la esperanza”, anunciar antes de los comicios de medio término de noviembre un acuerdo sobre el Tribunal Supremo, el Consejo Nacional Electoral y el cronograma electoral venezolano podría ser un activo político de bajo costo. La aritmética lo permite: una mesa instalada el 1 de agosto puede producir un acuerdo anunciable en octubre.
La diferencia entre una transición y una normalización pactada no se medirá en comunicados sino en hitos verificables: la incorporación de la oposición mayoritaria a la mesa, la liberación de los más de 400 presos políticos que el propio Kozak reconoció, el retorno efectivo de los exiliados y un cronograma con fechas.
Los terremotos del 24 de junio han demostrado lo que ninguna teoría podía demostrar mejor: sin instituciones legítimas no hay gobernabilidad. Y sin gobernabilidad no hay estabilidad, recuperación ni reconstrucción posible. La mesa del 1 de agosto dirá si Venezuela camina hacia recuperar ambas, o si aprendió a administrar su ausencia.
